En el bloque inicial del foro, el abogado Jorge Toyama, socio del estudio Vinatea &amp; Toyama, desarrolló una ponencia sobre el estado de la regulación laboral. Allí revisó el contexto del sector <a href="https://especial.larepublica.pe/accion-minera/mineria-y-economia/2025/09/05/nueva-era-minera-en-cajamarca-impulso-al-desarrollo-y-fortalecimiento-regional-349560">minero </a>energético y resaltó el impacto de la norma que busca vetar la tercerización de actividades consideradas nucleares, las resoluciones judiciales que la han cuestionado y los proyectos de ley que podrían volver a abrir el debate. Además, abordó temas como negociaciones colectivas, el fondo de jubilación minera y las iniciativas normativas que continúan en trámite.

Toyama apuntó que el reglamento aprobado durante el Gobierno del expresidente Pedro Castillo golpeó de lleno a industrias como <a href="https://especial.larepublica.pe/accion-minera/mineria-y-economia/2025/08/25/exportaciones-mineras-alcanzan-los-26062-millones-en-el-primer-semestre-del-2025-segun-el-reporte-de-la-snmpe-877800">minería</a>, energía e hidrocarburos, donde la tercerización es parte central del modelo operativo, tanto para optimizar costos como para asegurar especialización técnica.

Como muestra concreta, explicó que la norma “prohibía que una empresa minera tercerice la actividad de explotación minera, o que una empresa petrolera lo haga con la perforación, o una empresa de energía con su planta de generación”. Esta limitación —comentó— fue cuestionada por el sector privado por considerarla incompatible con el orden normativo, lo que llevó la discusión a Indecopi, al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional (TC).

El especialista también recordó que el Indecopi declaró inaplicable la norma a escala nacional, lo que en los hechos la dejó sin vigencia efectiva. No obstante, el Tribunal Constitucional volvió a encender la discusión al sostener que “es válido prohibir la tercerización de actividades nucleares”.

“Esa sentencia no tiene efectos prácticos, pero sí un impacto indirecto, porque el Tribunal Constitucional es quien interpreta la Constitución”, precisó Toyama. “Puede pasar que la Corte Suprema, que está por resolver el caso (que sentó precedencia), le haga caso al TC y diga que el reglamento de Castillo está muy bien. En ese caso, seguiría en ‘muerte vegetal’; pero si dice que está mal, se desconectaría y la norma moriría totalmente”, sostuvo.

<h2>Riesgo legislativo</h2>

Toyama señaló que la alerta hoy pasa por el riesgo concreto de que el Parlamento impulse y apruebe una norma que “es que el Congreso apruebe una ley que prohíba las tercerizaciones nucleares”, lo cual podría abrir un escenario de mayor incertidumbre en industrias que ya cuentan con marcos avanzados de seguridad y cumplimiento. Ante ello, el abogado laboralista recomendó que las compañías sigan reforzando sus políticas internas y sus estándares de trabajo con los contratistas, y que sostengan una línea de gestión laboral responsable, como evidencia del compromiso del sector con la formalidad y con empleo de calidad.

<img src="https://comercial.cronosmedia.glr.pe/original/2025/11/07/690e35a1c04d979c770c7b21.jpg" alt=""/><figcaption>El tribunal abre espacio para argumentos y pruebas que respalden al administrado.</figcaption>

El abogado agregó que no es el único frente en discusión: hoy están en agenda iniciativas legislativas que podrían reconfigurar reglas laborales, como la propuesta que plantea variar el esquema de utilidades con impacto negativo para el sector eléctrico, el incremento de la sobretasa nocturna al 30% o 35%, y el planteamiento para reducir la jornada semanal de 48 a 40 horas, buscando acercarla a los parámetros de la OCDE.

<h2>Sunafil, jornada y fiscalización</h2>

En el segundo bloque, Jaime Cuzquén (socio de EY) presentó una visión general sobre el avance del control inspectivo en materia laboral, los efectos de las modificaciones normativas de los últimos años y las propuestas que actualmente generan inquietud en las empresas del sector <a href="https://especial.larepublica.pe/accion-minera/mineria-y-economia/2025/09/10/anglo-american-y-teck-resources-se-fusionan-para-crear-anglo-teck-una-compania-minera-valorada-en-us-53000-millones-841100">minero </a>energético, especialmente las vinculadas a beneficios, horarios de trabajo y sus efectos concretos en la administración de personal dentro de las organizaciones.

<img src="https://comercial.cronosmedia.glr.pe/original/2025/11/07/690e35ade071385f68077a3a.jpg" alt=""/><figcaption>La inspección laboral ahora se basa más en datos y herramientas tecnológicas.</figcaption>

Durante su participación, Cuzquén inició explicando los ajustes recientes en un contexto político que, indicó, no debería sorprender a nadie. “Lo que ocurrió con el Gobierno del expresidente Castillo lo conocíamos […] la agenda 19 se dijo en campaña y el 80% se cumplió”. Añadió que las decisiones normativas de ese periodo dejaron un marco regulatorio cuya influencia todavía se siente en el debate actual.

Asimismo, precisó que entre el 2022 y el 2024 se produjo un incremento en licencias y feriados, y remarcó que gran parte de esta producción legislativa —generalmente con motivación política o electoral— generó beneficios colectivos y aumentos en los costos operativos para las compañías.

En este recuento incluyó la ampliación de licencias y el incremento de la licencia por paternidad de 10 a 15 días, además de iniciativas que expanden los supuestos de nulidad de despido para grupos específicos y otras que buscan incorporar el teletrabajo como derecho en determinados escenarios.

<h2>Fortalecimiento de la fiscalización</h2>

El especialista también abordó el rol de la fiscalización en el país, señalando que la estrategia actual de Sunafil articula exposición en medios, monitoreo digital y “inteligencia inspectiva”. Según comentó, “(La institución) está hecha para investigar y sancionar, y su presencia digital permite saber qué va a hacer el organismo en cualquier momento”.

En esa misma línea, detalló que hoy se explotan bases de datos y cruces de información (RUC, consumos eléctricos, líneas móviles) para detectar brechas entre la realidad económica de una empresa y las planillas que reporta. “Si hay una compañía que tiene un consumo alto de energía eléctrica y ve en su planilla que tiene 10 trabajadores, eso revela una inconsistencia operativa”, afirmó Cuzquén.

<img src="https://comercial.cronosmedia.glr.pe/original/2025/11/07/690e35a542fc4da69e083bf2.jpg" alt=""/><figcaption>Mayor supervisión sobre cumplimiento de jornadas y beneficios laborales.</figcaption>

Este enfoque, remarcó, apunta a identificar patrones que revelen dependencia económica y esquemas de tercerización. Por ello, el representante de EY remarcó que ahora se incorporan tecnologías como drones y sistemas digitales para expandir la capacidad inspectiva: “La inspección presencial ya dejó de ser la forma habitual de hacer visitas. Hoy se está pensando cómo abarcar más, con menos recursos y de manera más eficiente”.

También precisó que herramientas aparentemente simples, como las cartas inductivas, resultan muy eficientes: “Si digo que he redactado 100 cartas y, en realidad, solamente contestan 10, para ellos es un logro, porque esos 10 que contestan representan un cumplimiento del 10%”.

Finalmente, advirtió que el crecimiento sostenido del cuerpo inspectivo —calculado en un 10% por año— y la mayor digitalización se han traducido en más intervenciones y fiscalizaciones, con énfasis en formalización y tutela de derechos laborales fundamentales.

<h2>Oportunidades de defensa</h2>

El experto comentó el rol del Tribunal de Fiscalización Laboral y sostuvo que, si bien la inspección laboral suele estar orientada a priorizar la protección del trabajador, ese órgano colegiado ha mostrado disposición a corregir fallas en los procesos y a aplicar principios administrativos que terminan favoreciendo a la parte investigada.

“En nuestra revisión de 100 casos que tiene el tribunal, por lo menos en 45 de ellos, parcialmente resulta favorable el sentido de su resolución”, indicó, agregando que este tribunal ya viene adoptando criterios similares a los usados en fiscalización tributaria. “La verdad material es más importante: si tú me presentas información luego del plazo de requerimiento y esa información acredita cumplimiento, no te puedo hacer nada”.

Este tipo de razonamientos, explicó, abre espacios de defensa mucho más sólidos: control estricto de plazos, presentación adecuada de pruebas y respeto del debido proceso. “Si no valoras y ni siquiera te pronuncias sobre ese medio probatorio que te ha presentado la compañía, entonces has gastado su derecho a la defensa y, por tanto, al debido procedimiento”, aseveró.

<img src="https://comercial.cronosmedia.glr.pe/original/2025/11/07/690e35a8e071385f68077a39.jpg" alt=""/><figcaption>El tribunal abre espacio para argumentos y pruebas que respalden al administrado.</figcaption>

Para Cuzquén, la clave está en adelantarse a los escenarios: “La mejor alternativa es en este momento anticiparnos y tomar medidas. Desde el lado político ¿qué hago yo desde mi empresa? Tengo que comenzar a monitorear todos estos temas”.

En esa línea, recomendó mayor diálogo con quienes elaboran propuestas de gobierno, seguimiento continuo de los proyectos en el Congreso y no descuidar la interacción directa con los inspectores: “La presencia con el inspector es relevante para el éxito de la posición legal”.

En síntesis, el abogado planteó un mensaje claro para las empresas del sector: el marco laboral y fiscalizador ya cambió —hay más digitalización, más herramientas inteligentes y un tribunal que fija criterios vinculantes— y eso obliga a las compañías a combinar estrategia jurídica sólida, mejoras internas y lectura política permanente.

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