OPINIÓN

Instituciones y el Estado deben educar sobre la importancia de proteger la información personal. Fuente: Shutterstock.

7 May 2026 | 18:03 h

Sin educación digital, no hay protección de datos posible

La inseguridad ciudadana se ha convertido en la principal preocupación de los peruanos. Sin embargo, además del delito que se percibe en las calles, existe otro riesgo menos visible, pero que facilita la comisión de delitos: la exposición permanente de los datos personales de los ciudadanos. Una vulnerabilidad que no solo involucra a las instituciones que los gestionan, sino también a las propias personas en su vida digital.

Cada vez que un ciudadano navega por internet y acepta, sin leer, las políticas de cookies de un sitio web; cuando publica información sensible en redes sociales; cuando marca casillas sin detenerse a evaluar las implicaciones para descargar una aplicación; o, de manera aún más grave, cuando abre enlaces o archivos de origen desconocido, o comparte información en respuesta a una SMS o correo electrónico sin validar previamente al remitente, está exponiendo sus datos personales sin ser plenamente consciente de las consecuencias.

Esa exposición facilita la comisión de delitos contra el patrimonio y la integridad de las personas. Hoy, la información personal puede ser utilizada para suplantar identidades, cometer fraudes o extorsiones. En un contexto donde la delincuencia se adapta rápidamente al entorno digital, no cuidar nuestros datos personales es comparable a dejar la puerta abierta del hogar.

Las instituciones públicas y privadas tienen un rol que va más allá del cumplimiento de obligaciones legales en materia de privacidad. Requieren apostar por la educación de los ciudadanos sobre la importancia de proteger su información, porque los datos personales se han convertido en una primera línea de defensa frente al fraude y el delito digital.

Asimismo, existe una tarea pendiente por parte del Estado para asegurar un entorno digital más seguro: han transcurrido 8 meses y aún no se regula el uso de numeración especial para las comunicaciones de los proveedores exigido por la Ley Antispam. A ello se suma la ausencia de medidas efectivas para evitar la alteración de la numeración de llamadas o mensajes de texto, una práctica prohibida que se realiza sin control. Mientras tanto, los ciudadanos carecen de información suficiente para decidir si contestar una llamada o identificar si detrás de un SMS hay un estafador.

La protección de los datos personales no depende únicamente de normas o tecnología. Requiere, sobre todo, ciudadanos informados, empresas e instituciones responsables y un Estado que actúe con oportunidad. En un país que enfrenta graves desafíos de seguridad, cuidar los datos personales es también una forma de cuidar a las personas.