¿Víctima de ciberestafas o fraude por internet en Perú? Descubre cómo operan los delincuentes, cómo proteger tu dinero y dónde hacer la denuncia.

11 Ago 2026 | 15:22 h
Karla Morales
Las estafas por internet en Perú forman parte de un problema creciente de ciberdelincuencia. Las fiscalías especializadas en delitos informáticos han conseguido 785 sentencias condenatorias por diferentes delitos digitales, principalmente por fraude informático, que además es la modalidad más denunciada en el país.
El fraude informático concentra la mayoría de las condenas obtenidas por las fiscalías especializadas en ciberdelincuencia, según explicó Aurora Castillo, coordinadora nacional de estas fiscalías, en diálogo con la agencia Andina. Sin embargo, no es la única modalidad que llega a los despachos fiscales.
Las investigaciones también han permitido obtener sentencias por casos de suplantación de identidad, así como por propuestas de carácter sexual dirigidas a niñas, niños y adolescentes, entre otros delitos cometidos mediante herramientas digitales.
En este escenario, las estafas por internet pueden involucrar cuentas, operaciones financieras y diferentes formas de comunicación digital. Uno de los principales retos para las autoridades es determinar quién está realmente detrás de estas actividades.

Una cuenta, una transferencia o un mensaje pueden convertirse en una pista. Así investigan las autoridades las estafas por internet en Perú y qué tan difícil es llegar hasta los responsables.
Una dificultad frecuente es que las investigaciones comienzan contra personas cuya identidad todavía se desconoce. Identificar al responsable detrás de una cuenta, una operación financiera o una comunicación digital puede tomar varios meses y requiere trabajo especializado.
La investigación también puede depender de información almacenada por empresas tecnológicas. Meta, TikTok y Roblox son tres de los servicios cuyos datos pueden resultar relevantes para esclarecer determinados casos.
En estos procesos, las autoridades pueden solicitar inicialmente la preservación de la información que podría ser útil para la investigación. Después deben cumplir los procedimientos correspondientes para obtener esos datos y utilizarlos como evidencia dentro de un proceso penal.
La investigación se vuelve todavía más compleja cuando las organizaciones criminales recurren a criptomonedas para ocultar el origen y el destino del dinero obtenido ilegalmente. A esto se suma que muchos proveedores de servicios digitales se encuentran fuera del Perú, por lo que la cooperación internacional resulta fundamental.
Las fiscalías también necesitan mantenerse actualizadas frente a modalidades delictivas que cambian constantemente. Por ello, el Ministerio Público ha impulsado capacitaciones para fiscales y personal especializado con apoyo de entidades extranjeras.

Lima Centro, Trujillo y Arequipa cuentan actualmente con fiscalías especializadas en ciberdelincuencia.
Actualmente, las fiscalías especializadas en ciberdelincuencia funcionan en Lima Centro, Trujillo y Arequipa. Sin embargo, los delitos informáticos pueden afectar a ciudadanos de cualquier región del país.
La cobertura limitada significa que numerosos casos deben ser atendidos por despachos que también investigan otros tipos de delitos. Esto puede generar demoras en diligencias que requieren rapidez, especialmente cuando existe riesgo de perder información almacenada en plataformas digitales.
Otro de los desafíos está relacionado con las herramientas legales disponibles. Las normas tradicionales del Código Procesal Penal no siempre se adaptan a la velocidad con la que pueden desaparecer los datos digitales o trasladarse los fondos obtenidos ilegalmente.
Por esta razón, se plantea la necesidad de incorporar a la legislación peruana mecanismos procesales contemplados en el Convenio de Budapest, con el objetivo de fortalecer las investigaciones sobre delitos cometidos mediante tecnologías digitales.
Las 785 condenas muestran que las autoridades ya llevan estos casos ante la justicia, pero la identificación de los responsables, la cooperación con plataformas extranjeras, el rastreo de dinero y la falta de fiscalías especializadas en todo el país continúan siendo retos para enfrentar la ciberdelincuencia.
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