La discusión sobre la banda de 6 GHz en Perú enfrenta a la expansión del Wi-Fi y las redes móviles en una decisión regulatoria que marcará la capacidad de nuestra infraestructura digital.

28 Ago 2026 | 14:28 h
Karla Morales
Las decisiones que toma un país sobre su espectro radioeléctrico no solo responden a las exigencias inmediatas de conectividad, sino que determinan el nivel de preparación de su infraestructura tecnológica para las próximas décadas. En el panorama nacional, el debate por los 6 GHz en Perú trasciende la simple disputa técnica entre defensores del acceso inalámbrico libre y los operadores de telefonía. El reto de fondo consiste en analizar qué modelo de asignación generará el mayor valor socioeconómico para la población y las empresas, garantizando un recurso sumamente cotizado e inherentemente escaso.
Para comprender el escenario actual es necesario revisar los antecedentes normativos. En el año 2021, mientras el estándar Wi-Fi 6E cobraba impulso internacional, las autoridades peruanas dispusieron la liberación total de los 1200 MHz que componen la banda de 6 GHz para su uso no licenciado. Dicha medida se adoptó bajo el argumento de descongestionar las conexiones inalámbricas y fomentar la rápida digitalización en viviendas, negocios y espacios públicos mediante el despliegue de redes locales más veloces.
No obstante, el vertiginoso ritmo de la industria ha modificado este panorama. La evolución de las telecomunicaciones apunta hacia el despliegue del 5.5G y las bases del futuro 6G, tecnologías que exigen frecuencias con alto ancho de banda para sostener el tráfico de datos en zonas urbanas densas. Dado que las ondas milimétricas ofrecen gran velocidad pero enfrentan limitaciones físicas para atravesar muros, la porción superior de los 6 GHz se ha consolidado como un activo de valor estratégico para garantizar una cobertura móvil robusta en interiores y exteriores.
Ante esta dualidad tecnológica, el planteamiento central no radica en elegir de manera excluyente entre el internet fijo inalámbrico o la conectividad celular. La alternativa técnica más equilibrada que cobra fuerza es la implementación de un esquema de uso compartido. Bajo esta fórmula, el espectro se segmenta de forma eficiente para atender ambas demandas sin saturar la banda ni relegar el desarrollo de ninguna infraestructura.
Dentro de este modelo, los 500 MHz inferiores de la banda de 6 GHz continuarían destinados al uso libre, asegurando el crecimiento de estándares como Wi-Fi 6E y Wi-Fi 7 en hogares y corporaciones. Por su parte, los 700 MHz superiores se reservarían para los operadores móviles. Esta división no solo protegería el avance del Wi-Fi de corto alcance, sino que mantendría abierta la puerta para el despliegue de soluciones industriales avanzadas, automatización, internet de las cosas y servicios de Acceso Fijo Inalámbrico (FWA) que requieren alta capacidad y bajísima latencia.
La experiencia de otros mercados de la región ofrece referencias valiosas para la toma de decisiones en el contexto local. Países como Brasil y México han reconsiderado sus posturas iniciales sobre la banda de 6 GHz, reajustando sus marcos regulatorios para alinearse con los estándares de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y las especificaciones del 3GPP.
Observar estas decisiones regionales no implica replicar medidas de forma ciega, sino evitar rigideces normativas que puedan aislar al país de los ecosistemas globales de equipamiento. Un marco regulatorio desalineado con la tendencia internacional corre el riesgo de encarecer los dispositivos o restringir el acceso a tecnologías de vanguardia que serán estándar en los próximos años.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y OSIPTEL enfrentan una oportunidad clave para conducir este análisis bajo criterios estrictamente técnicos. Antes de fijar un destino definitivo para la totalidad del espectro, los especialistas sugieren ejecutar pruebas de coexistencia, realizar análisis de la demanda efectiva a mediano plazo y evaluar el impacto económico de cada escenario regulatorio.
Corregir una asignación de espectro en el futuro resulta considerablemente más complejo y costoso que planificarla adecuadamente en el presente. La infraestructura digital del país requiere flexibilidad, visión prospectiva y una gestión prudente de los recursos radioeléctricos para respaldar las innovaciones de la siguiente generación.
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