El Gobierno de los Países Bajos perdió una demanda de la organización Greenpeace y ha sido obligada por mandato judicial a reducir, antes de 2030, las emisiones de nitrógeno del campo y la construcción en la naturaleza.
De incumplir lo exigido, el ejecutivo de dicho país tendrá que pagar una multa de 10 millones de euros, se lee en la sentencia emitida por un tribunal del distrito de La Haya.
La entidad de justicia lamentó que el país no haya desarrollado un plan práctico para cumplir con los objetivos de 2030, después de eliminar puntos clave de la política anterior. Dentro de cinco años, el 50 % de las áreas Natura 2000 -una lista de más de 150 espacios vulnerables- no deben estar sobrecargadas de nitrógeno.
Una de las críticas de la justicia se centró en el hecho de que el gobierno actual, una coalición de la derecha radical con otros tres partidos de derechas, incluido el partido que defiende los intereses del campo (BBB), haya revertido las medidas adoptadas en los últimos años por el gabinete anterior de Mark Rutte, quien destinó más de 24.000 millones de euros para alcanzar los objetivos de nitrógeno, pero el gobierno actual redujo esa cantidad a 5.000 euros.
La organización ambiental denunció que la política de nitrógeno del gobierno es insuficiente y lo llevó a los tribunales para obligarlo a implementar políticas más concretas y medidas drásticas en la agricultura y la industria, lamentando que los objetivos establecidos ya para 2025 no van a ser alcanzados por la falta de acción gubernamental.
El tribunal escuchó a las partes el pasado noviembre. Greenpeace pidió a los jueces que declaren la totalidad de la política de nitrógeno como “insuficiente” debido al exceso de estos gases en áreas de naturaleza protegidas que se están deteriorando, y exigió al gabinete cumplir “al menos” sus propias reglas y objetivos de reducción de nitrógeno. Estos están “muy lejos de lograrse”, según un estudio de varias organizaciones.
Los representantes del Estado alegaron que el Gobierno está ya haciendo “mucho” para reducir las emisiones de nitrógeno y que no se le puede exigir “lo imposible”, puesto que los objetivos más ambiciosos son “inalcanzables y poco prácticos”, aseguró, citando un informe del Instituto Nacional de Salud Pública (RIVM).