El Comité de Ministros del Consejo de Europa ha adoptado un nuevo Convenio sobre la protección del medioambiente mediante el derecho penal, que sienta las bases para una respuesta penal más coherente de los Estados frente a los delitos ecológicos, incluso a escala transfronteriza.
El tratado es un instrumento internacional jurídicamente vinculante centrado específicamente en las dimensiones penales de los daños medioambientales. Proporciona un marco jurídico sólido para que los Estados combatan los delitos medioambientales graves que en ocasiones han quedado impunes o han sido poco perseguidos.
El mecanismo es una respuesta colectiva a la “triple crisis planetaria”, consistente en el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad, y un importante paso en pro de la protección global del medioambiente.
El nuevo tratado, aprobado por consenso, es una rotunda llamada a la acción. Ha sido elaborado a lo largo de dos años por expertos y partes interesadas de los 46 Estados miembros, junto con contribuciones de la UE, las Naciones Unidas, INTERPOL y la sociedad civil de toda Europa y el resto del mundo.
Define y penaliza una amplia gama de delitos relacionados con el medio ambiente y permite a los Estados perseguir conductas intencionadas que provoquen desastres medioambientales equivalentes al ecocidio.
Las disposiciones sobre responsabilidad de las empresas, sanciones, jurisdicción y delincuencia organizada reflejan la naturaleza evolutiva de los delitos medioambientales y sus vínculos con las redes delictivas transnacionales.
“Este Convenio cambia las reglas del juego de la protección del medio ambiente. Aborda de frente las urgentes amenazas ecológicas actuales y utiliza la fuerza de la justicia penal para defender el planeta”, señaló el secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset.
El Convenio es uno de los pilares de nuestra nueva Estrategia sobre Medio Ambiente. Ambos constituyen un decidido paso adelante, vinculando la acción medioambiental con los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho, indicó.