Pueblos indígenas exigen acción del Estado frente a amenazas ilegales

Se sienten amenazados por la tala y minería ilegal

Las organizaciones indígenas articuladas en la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) y siete federaciones expresaron su profunda preocupación por la creciente exposición de sus territorios ante el avance de la tala y minería ilegal, el tráfico de tierras y otras actividades extractivas no sostenibles en la cuenca del río Putumayo.

Esta preocupación se ha visto intensificada tras una reciente decisión del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), que modifica el enfoque sobre la categoría de “ecosistemas frágiles” y que dificulta los procesos de creación de nuevas áreas de conservación en territorios indígenas, señalaron estos organismos.

Los denunciantes consideran que esta decisión podría dificultar los esfuerzos para preservar zonas de alta biodiversidad y reforzar la vulnerabilidad de los bosques frente a actividades ilegales.

Frente a este panorama, las organizaciones indígenas plantearon la instalación de una Mesa Técnica de Trabajo de Alto Nivel, con participación de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y los sectores competentes del Poder Ejecutivo.

Entre sus objetivos clave se encuentra la activación de la Autoridad Multisectorial de la Cuenca del Río Putumayo, creada mediante la Ley N.º 32092. Las organizaciones indígenas demandan que esta instancia cuente con un reglamento aprobado y garantice la participación directa de los pueblos indígenas en el diseño, implementación y seguimiento de las políticas públicas destinadas al desarrollo integral, la defensa territorial y la conservación ambiental de esta zona estratégica para el país.

Las federaciones alertan que las obstaculizaciones para la creación del Área de Conservación Regional Medio Putumayo y la Reserva Comunal Bajo Putumayo aumentan el riesgo de expansión de actividades ilegales. Asimismo, señalan que incluso zonas oficialmente reconocidas como los Parques Nacionales Yaguas y Güeppí Sekime, y las Reservas Comunales Airo Pai y Huimeki, enfrentan amenazas ante la limitada presencia estatal.