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Corte IDH llama a los Estados a combatir el cambio climático
Documento enumera las obligaciones de los 34 países de la OEA
Los Gobiernos de América Latina y el Caribe deben combatir las causas del cambio climático y proteger a la población de sus impactos, sobre todo, a los más vulnerables, solicitó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
La entidad regional hizo el pedido a través de una nueva opinión consultiva, en la que recuerda las obligaciones de los Estados ante el avance de la emergencia climática. El documento, de 234 páginas, establece una base jurídica para que los 34 países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aborden el tema en sus tribunales.
El documento establece que los Estados tienen la obligación de garantizar el equilibrio y la estabilidad del sistema climático para las generaciones futuras, la participación de las comunidades afectadas y la protección de los líderes ambientales. América Latina es la región del mundo donde más se asesina a defensores de los derechos humanos.
"La corte también incorpora un enfoque interseccional para la protección de grupos más vulnerables por el cambio climático y enfatiza que las políticas climáticas deben ser congruentes con la superación de la pobreza y el combate de la desigualdad", declaró a DW Sergio Chaparro Hernández, coordinador de Dejusticia, una organización colombiana de derechos humanos que participó en el proceso.
Los Gobiernos de Colombia y Chile motivaron la postura de la Corte IDH. En enero de 2023, solicitaron al organismo que aclarara las obligaciones de los Estados en el marco del derecho internacional de los derechos humanos ante la emergencia climática. Desde entonces, el organismo ha recibido 263 observaciones escritas de 613 entidades, entre ellas nueve Estados, organismos de la OEA, organizaciones internacionales, comunidades, ONG y universidades.
"Este enfoque inclusivo garantizó que la opinión consultiva se construyera sobre una base sólida de diferentes perspectivas y conocimientos, reflejando un consenso creciente sobre la interconexión entre el medio ambiente y los derechos humanos, y garantizando la legitimidad de la decisión", afirmó Anna Luisa de Santana, profesora del Programa de Posgrado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Paraná (PUC-PR) y participante de las audiencias públicas del proceso en Brasilia.
En toda América Latina, diversas instituciones y organizaciones de la sociedad civil celebraron el contenido del texto.