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Corte Internacional de Justicia emite histórica sentenciaPaíses son sentenciados a combatir el cambio climático
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió una histórica sentencia en la que obliga a las naciones firmantes a tomar medidas contra el cambio climático, las mismas que de ser incumplidas, se considerarán como “un acto internacionalmente ilícito".
El tribunal ha emitido, por unanimidad, una opinión consultiva solicitada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), en marzo de 2023, en la que indica que los estados firmantes de los acuerdos sobre el clima tienen "la obligación de adoptar medidas para contribuir" a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y a la adopción climática.
En la lectura del dictamen, el juez presidente, Iwasawa Yuji, ha advertido de que los tratados sobre cambio climático establecen “obligaciones vinculantes” de “prevenir daños significativos”.
La Corte ha considerado que los países tienen “el deber de prevenir daños significativos” al medioambiente y “deben utilizar todos los medios a su alcance para evitar que actividades dentro de su jurisdicción o bajo su control causen tales daños”. El sistema climático, ha señalado, "debe ser protegido" para las "generaciones presentes y futuras".
Según ha indicado el juez, los países firmantes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), lo que incluye a la Unión Europea, Estados Unidos y China, tienen “la obligación de adoptar medidas para contribuir a la reducción” de emisiones de gases de efecto invernadero “de origen humano”, así como a la adaptación.
Para la CIJ, el “incumplimiento” por parte de un Estado de “cualquiera” de sus obligaciones climáticas constituye “un acto internacionalmente ilícito que implica su responsabilidad” y las consecuencias legales de ello pueden incluir “el cese de la acción u omisión ilícita, si continúa en el tiempo”.
La CIJ ha defendido el “derecho humano a un medioambiente limpio, saludable y sostenible” y ha advertido de que este es “inherente al ejercicio de otros derechos fundamentales”, como el derecho a la vida, la salud y un nivel de vida adecuado, incluyendo el acceso al agua, la alimentación y la vivienda.
El pasado diciembre, durante una semana de audiencias, un centenar de países y organizaciones internacionales presentó sus argumentos ante la Corte en este sentido.