El Parlamento Europeo respaldó suavizar los requisitos de sostenibilidad para las empresas en la Unión Europea (UE) y aplicar estas obligaciones a un menor número de compañías.
La comisión de Asuntos Jurídicos del la UE avaló la medida, con el fin de simplificar las normas e impulsar la competitividad del bloque.
Los eurodiputados se pronunciaron, en concreto, sobre las propuestas de la Comisión Europea para simplificar la Directiva sobre Información Corporativa en Materia de Sostenibilidad (CSRD, en inglés) y la Directiva sobre Diligencia Debida de las Empresas en Materia de Sostenibilidad (CSDDD).
En cuanto a la primera, que exige a las grandes empresas presentar informes sobre su sostenibilidad medioambiental y social, los eurodiputados apoyan elevar los umbrales para que solo estén obligadas las que superen los 1.000 empleados o los 450 millones de euros de facturación neta anual.
Esto supone recortar en un 80 % el número de empresas obligadas a informar, indicaron en un comunicado. Además, plantean simplificar los estándares de información actuales para centrarlos en datos cuantitativos y reducir así la carga financiera.
Para las empresas que no estén obligadas por la directiva, la presentación de informes será voluntaria y, con el fin de que las grandes firmas no trasladen las exigencias a las más pequeñas, se prohibirá a las primeras solicitar información más allá de la ofrecida voluntariamente.
En cuanto a la Directiva de diligencia debida, que exige a las grandes empresas mitigar sus efectos adversos sobre el medio ambiente o los derechos humanos, los eurodiputados abogan por aplicarla solo a las firmas con más de 5.000 empleados y una facturación neta anual superior a los 1.500 millones de euros, así como a empresas extracomunitarias que superen esos umbrales en la UE.
Asimismo, piden limitar la responsabilidad civil de las empresas cuando causen daños por infringir la directiva, de modo que sean juzgadas conforme al derecho nacional y no al de la UE.
Las organizaciones ecologistas y de la sociedad civil, sindicatos y académicos critican que se trata de una «desregulación» que socavará los avances climáticos y sociales en la UE y no contribuirá a la competitividad, puesto que reducirá la información corporativa disponible.