Aunque la agricultura extensiva sigue siendo la principal causa de deforestación, la minería aluvial ocupa el segundo lugar, con un impacto estimado entre el 5 % y el 10 %, según el ingeniero forestal Marc J. Dourojeanni en su investigación ¿Es posible detener la deforestación en la Amazonía peruana? Su daño va más allá de los árboles talados: contamina ríos con mercurio, degrada los suelos y pone en riesgo la salud y el entorno de comunidades indígenas.

En regiones como Madre de Dios, territorios como La Pampa han sido tomados por mafias que operan sin control. Según el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP, por sus siglas en inglés), entre 2019 y 2022, comunidades nativas perdieron más de 1,800 hectáreas de bosque. Según el reportaje publicado en Mongobay Latam, sólo en Barrranco Chico, la deforestación incrementó en un 216%, con evidencia del uso de maquinaria semipesada (Mongabay, 2022). En Loreto, la situación es igual de alarmante: se ha detectado minería ilegal en al menos nueve ríos, incluido el Nanay, donde en 2023 se hallaron más de 100 dragas ilegales (Mongabay, 2023).

Esta actividad, además de ambientalmente destructiva, está conectada con redes de crimen organizado. La organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) advierte que no basta con operativos aislados: se requiere una estrategia de Estado firme, articulada y sostenida.

En definitiva, la minería ilegal se ha consolidado como un factor determinante en la creciente deforestación de la Amazonía. Su expansión, facilitada por la limitada fiscalización y el escaso control del territorio, intensifica una crisis ambiental ya agravada por la presión agropecuaria. Ante este panorama, se impone la necesidad de una respuesta estatal efectiva, articulada y sostenida en el tiempo. De lo contrario, la Amazonía seguirá perdiéndose a manos de un enemigo que avanza con dragas, corrupción e impunidad, comprometiendo así su capacidad de recuperación y resiliencia.