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La obesidad es uno de los desafíos de salud pública más graves a nivel global. La prevalencia mundial se ha triplicado desde 1975; datos de 2022 indican que 2.5 mil millones de adultos padecían sobrepeso, con 890 millones obesos (WHO, 2024). Ante esta crisis, los gobiernos impulsan enfoques más duros de control alimentario. Aunque la información nutricional ha crecido, su uso es limitado por barreras como la falta de tiempo o la dificultad de comprensión. Para mitigar esto, han surgido las Etiquetas Frontales, que simplifican la información y aumentan su prominencia para influir en las decisiones de compra.
En Perú, la tendencia de exceso de peso es alarmante. Según la última Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES 2024), el 62% de la población mayor de 15 años padece sobrepeso u obesidad. El Ministerio de Salud advierte que el 36.5% tiene sobrepeso y el 25.7% padece obesidad (INEI, ENDES 2024). Ante este desafío, la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable implementó una política radical: el etiquetado frontal octogonal. Este sistema de sellos negros es la política más disruptiva y efectiva para combatir el consumo de ultraprocesados. El sistema de advertencia se caracteriza por su simplicidad ya que ofrece un mensaje binario ("ALTO EN...") que elimina la necesidad de interpretar porcentajes complejos, mitigando barreras de comprensión y prominencia ya que los sellos ocupan un área frontal visible, asegurando que el valor nutricional domine la decisión de compra.
La evidencia preliminar demuestra que el etiquetado frontal influyó en las decisiones de compra. Reportes iniciales indicaron que 7 de cada 10 hogares peruanos cambiaron sus hábitos tras la implementación de los octógonos (Kantar Worldpanel, 2019). Esto se debe a que la prominencia del sello mitiga barreras cognitivas, permitiendo distinguir opciones saludables en segundos. El impacto más profundo fue el "efecto reformulación": la amenaza del sello negro incentivó a la industria a modificar sus productos. Estudios sugieren que el porcentaje de productos con octógonos disminuyó, indicando que las empresas reformularon para evitar la advertencia. Este cambio, al reducir sodio o azúcar, es un beneficio directo a la salud pública sin requerir un cambio activo del consumidor.
La implementación del etiquetado generó una fuerte resistencia de la industria, que lo tachó de "punitivo" y abogó por esquemas voluntarios. Este rechazo se articuló con intenso lobbying para dilatar la norma y advertir sobre amenazas a la libertad de comercio y el incremento de costos. El cambio regulatorio conllevó altos costos operativos para las empresas, incluyendo reformulación y adaptación de empaques, siendo oneroso para las PyMES, lo que fue criticado como una barrera de entrada.
Si bien el impacto es innegable, persisten desafíos. El principal reto fue corregir vacíos legales que permitían a envases pequeños evadir la advertencia. El Congreso ha tomado medidas para fortalecer la ley, exigiendo que todos los alimentos altos en nutrientes críticos cuenten con octógonos. El octógono se ha demostrado ser un escudo eficaz que protege la salud de los peruanos, consolidando a Perú como referente, pero debe ser complementado con políticas de educación nutricional para afianzar los cambios.