El Perú abre un nuevo capítulo para el desarrollo de 5G en el país, con grandes oportunidades y algunos retos. Desde ASIET, insistimos en un aspecto fundamental de cara a la nueva licitación: el espectro radioeléctrico es un recurso natural gestionado por el Estado y un insumo esencial para las telecomunicaciones, el espectro que no se usa, se pierde. Esto se suma a que, actualmente, el sector se enfrenta a diversos retos para el avance de la conectividad en la región. Entre ellos, los requerimientos de nuevas inversiones para redes de próxima generación, como 5G, con altos costos del espectro, a la par de una caída de los ingresos, de forma tal que se ve afectada la sostenibilidad financiera de la industria en su totalidad y, por ende, la provisión de servicios de telecomunicaciones resilientes, de calidad y con acceso para todos los ciudadanos peruanos.
Si bien saludamos la Resolución Ministerial del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) del Perú en el sentido que acelera los tiempos previstos con un mecanismo favorable que contempla la entrega de concesiones a cambio de Compromisos Obligatorios de Inversión (COI) con tecnologías 4G, se requiere de la flexibilización de los procesos de asignación de obligaciones, supervisión y fiscalización a efectos de evitar la retracción de las inversiones o la falta de participación en las subastas de proyectos. A su vez, para la asignación del valor del espectro elegido, él fue tomado en cuenta sólo el valor del benchmark regional (126 millones de dólares), sin considerar o justificar las razones por las cuales no fueron utilizados otros resultados comparados incluidos en el informe técnico que sustenta dicha Resolución, como es el caso del benchamark internacional, el cual es relativamente menor (entre 78.3 y 99.7 millones de dólares) y podría fomentar mayores mecanismos de participación.
Perú requeriría en el período 2022-2029 una suma de USD 6.432 millones para alcanzar metas de conectividad, según el reporte “Brecha de conectividad y necesidades de inversión en América Latina y el Caribe”, del Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina (cet.la) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Lo que representa un 13% adicional con respecto al escenario tendencial esperado.
Para alcanzar metas de conectividad y desplegar nuevas tecnologías, como 5G, que permitirán productividad económica y bienestar social, resulta imprescindible garantizar un marco de seguridad jurídica y certidumbre en el largo plazo con procesos de flexibilización regulatoria para que las inversiones en infraestructura puedan desarrollarse, a la par de esfuerzos públicos y privados, incentivos a la inversión como política de estado, cambios regulatorios para adaptarse a los nuevos mercados digitales, licitaciones de espectro a costes acordes para asegurar la sostenibilidad financiera de las empresas proveedoras de servicios y la adopción de medidas que contribuyan con el despliegue y mantenimiento de las redes de telecomunicaciones, que son la base para una digitalización efectiva e inclusiva en el Perú.