Representante Legal de Telefónica del Perú

Los atentados contra las redes de telecomunicaciones, que incluyen robo de cables de cobre y fibra óptica, se han convertido en una amenaza para la conectividad de miles de peruanos, impactando su vida diaria y dejando comunidades enteras sin acceso a servicios críticos. A pesar de los esfuerzos para tipificar este delito como hurto agravado, más de 154,000 clientes de Telefónica han sufrido interrupciones en los últimos dos años, lo que refleja una crisis nacional que también afecta la seguridad y el desarrollo del país.

Cuando la conectividad de una comunidad es interrumpida, las consecuencias son inmediatas: familias incomunicadas, negocios paralizados y servicios de emergencia comprometidos. Este problema perjudica a todos, desde estudiantes que dependen de internet para su educación y el desarrollo de sus talentos, hasta centros médicos que necesitan conectividad para operar eficientemente.

Un ejemplo reciente ilustra la gravedad del problema. En San Juan de Miraflores, un grupo de delincuentes organizados, disfrazados con chalecos de construcción civil, anclaron un camión para robar más de 200 metros de cables subterráneos de telefonía y los extrajeron, dejando sin internet a cientos de familias del distrito. Lo grave es que el problema no termina con la captura de los responsables, sino que muchas veces, los delincuentes son liberados durante el proceso de investigación y vuelven a participar en actividades similares en otros puntos de la ciudad, perpetuando el daño a la conectividad y la seguridad de las comunidades.

Aunque el marco legal clasifica este delito como hurto agravado, su aplicación efectiva sigue siendo limitada. En los últimos tres años, de más de 460 delincuentes capturados en flagrancia cuando atentaban contra las redes de Telefónica, solo dos fueron sentenciados con prisión efectiva. Este panorama evidencia que la legislación debe ir acompañada de una ejecución contundente para disuadir a los delincuentes y reducir la reincidencia.

En Telefónica, creemos que proteger los servicios de telecomunicaciones requiere un sistema de justicia ágil, es decir, que actúe con la misma rapidez con la que estos delitos afectan a la sociedad. Y que imponga sanciones proporcionadas al daño causado. Sin una justicia efectiva, el mensaje a quienes atentan contra la conectividad seguirá siendo débil.

Pero el combate a este delito va más allá de la sanción penal, es crucial también el rol de la ciudadanía. La vigilancia comunitaria y la denuncia de actividades sospechosas son herramientas esenciales para prevenir nuevos incidentes y garantizar la continuidad de los servicios que sostienen nuestra vida moderna. Hoy un delincuente que atenta contra la conectividad opera a plena luz y sin mayores inconvenientes.

Los delitos que se cometen contra las redes de telecomunicaciones no son solo un problema de infraestructura o de una empresa, sino muy por el contrario, es un ataque al bienestar colectivo. Desde Telefónica, reafirmamos el compromiso de trabajar por un Perú más seguro y conectado, confiando en que una acción conjunta y efectiva entre el sector público, privado y la sociedad puede devolvernos la estabilidad que todos merecemos.

Afectando las redes por robo de los cables. Fuente: AI

Por Renzo Habich Morales, Representante Legal de Telefónica del Perú