Las preparaciones de prevención contra el fenómeno El Niño Global ha ocasionado que el Gobierno tome medidas extraordinarias e inmediatas para asegurar la prevalencia de los servicios educativos en los departamentos de Lambayeque, Piura y Tumbes, que han sido los más afectados por los daños de las intensas lluvias de inicios de año.&nbsp;

El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, informó que se aprobó el decreto de urgencia para tomar medidas adecuadas. Según Otárola, esto se traduce a una inversión de más de 67 millones de soles que beneficia a aproximadamente 5,000 colegios en las regiones anteriormente mencionadas.&nbsp;

Además, la ministra de Educación, Magnet Márquez, reveló que dicha medida considera la preparación de las instituciones escolares para evitar que las clases sean interrumpidas. Indicando que pondrán coberturas de techos, mejorando las que ya se tienen y se realizará limpieza de drenajes para evitar inundaciones. Según la titular del Ministerio de Educación esto beneficiará a 790,000 alumnos.

Cabe recordar que el&nbsp; estado de emergencia a nivel nacional, solo da un plazo de 60 días para tomar las medidas necesarias ante el riesgo que ocasionará el Fenómeno de El Niño Global.

clases

Ejecutivo aseguró servicio educativo a alumnos de las regiones Piura, Tumbes y Lambayeque

Clases escolares garantizadas durante fenómeno El Niño Global

Comercial

En un esfuerzo por combatir la inseguridad alimentaria y dinamizar la economía local, el Ministerio del Ambiente (MINAM), a través del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), entregó 90 000 alevinos de peces amazónicos a 61 familias en la región San Martín. Los beneficiarios de esta transferencia pertenecen a comunidades awajún y mestizas ubicadas en las provincias de Rioja y Moyobamba.

El acto oficial de entrega se llevó a cabo en las instalaciones de la Oficina Central del Bosque de Protección Alto Mayo, en el sector Nueva Rioja. Durante la jornada, las autoridades distribuyeron 60 000 crías de gamitana (Colossoma macropomum) y 30 000 crías de paco (Piaractus brachypomus).

<h2>Impacto económico y productivo</h2>

Más allá de la provisión inicial de los peces, el programa estatal asegura que las familias beneficiarias recibirán asistencia técnica continua por parte de los especialistas del IIAP. Este acompañamiento en piscicultura es un factor clave para garantizar un manejo adecuado en los estanques y asegurar la sostenibilidad productiva a largo plazo.

Las proyecciones del instituto apuntan a un impacto significativo en la economía de estas comunidades. Se estima que, una vez finalizado el ciclo de crianza, estos peces generarán un volumen de 22 500 kilogramos de carne. Calculando un precio de venta de S/ 13 por kilogramo en el mercado local, esta producción representará un ingreso económico aproximado de S/ 292 500 para los hogares involucrados.

<h2>Avance de metas y nuevas especies</h2>

La ceremonia fue liderada por la titular del MINAM, la Dra. Nelly Paredes del Castillo, quien destacó el avance sostenido de este programa. La ministra precisó que esta actividad constituye la novena entrega realizada en lo que va del año, sumando ya un total de 335 000 alevinos distribuidos en toda la región San Martín. Con esta cifra, el sector ha logrado cubrir el 93 % de la meta regional proyectada para el año 2026.

Por su parte, la Dra. Carmen García Dávila, jefa institucional del IIAP, resaltó el enfoque integral de la iniciativa estatal. “El objetivo de transferir alevinos es fortalecer la seguridad alimentaria, promover la piscicultura sostenible y conservar la biodiversidad con el uso de especies nativas. Habrá acompañamiento técnico permanente para que estas familias se beneficien con proteína de calidad”, subrayó la funcionaria.

Mirando hacia el futuro y con la intención de seguir apoyando a la región, el IIAP anunció que ya se encuentra trabajando en el desarrollo de nuevas líneas de producción enfocadas en la crianza de la carachama en San Martín. Este nuevo esfuerzo tiene como propósito diversificar la oferta de especies nativas disponibles para la piscicultura familiar y consolidar el avance científico y productivo del instituto en la Amazonía peruana.

San Martín: Entregan 90 mil alevinos a familias awajún y mestizas

Con esta novena transferencia del año, la región alcanza el 93 % de su meta fijada para el 2026 en la distribución de peces amazónicos.

El Fondo Verde para el Clima ha marcado un nuevo hito en la conservación ambiental al aprobar una subvención de 37,5 millones de dólares destinada a proteger la Amazonía peruana. Esta inyección de capital, aprobada el 27 de marzo, se enmarca en la iniciativa "Patrimonio Natural del Perú – Amazonía y Clima" y forma parte de un paquete de financiamiento total que asciende a 74,5 millones de dólares, sumando 37 millones correspondientes a cofinanciamiento.

El ambicioso proyecto tiene como objetivo central fortalecer las medidas de mitigación y adaptación frente al cambio climático en más de 15 millones de hectáreas de bosque amazónico. Asimismo, la iniciativa busca mejorar de manera directa la resiliencia de los pueblos indígenas que habitan dentro de las áreas naturales protegidas y en sus respectivas zonas de influencia.

Durante sus siete años de ejecución proyectada, se estima que este plan evitará la emisión de aproximadamente 1,8 millones de toneladas de dióxido de carbono al ambiente y mejorará la gestión de 15,8 millones de hectáreas. El radio de acción abarcará 25 áreas naturales protegidas y cuatro zonas de amortiguamiento, lo que representa cerca del 18 % de toda la Amazonía del país. Entre los territorios emblemáticos beneficiados por esta medida se encuentran el Parque Nacional del Manu, la Reserva Nacional Tambopata, el Santuario Histórico de Machupicchu y la Reserva Nacional Pacaya Samiria.

Un aspecto clave de este proyecto es su modelo de gobernanza compartida. La estrategia reúne al Gobierno peruano, el Ministerio del Ambiente, el Sernanp, Profonanpe, WWF y ocho organizaciones indígenas, entre las que destacan AIDESEP y CONAP. De manera articulada, Sernanp y Profonanpe liderarán el componente de mitigación mediante la gestión efectiva de las reservas, mientras que WWF Perú y las organizaciones indígenas tomarán las riendas de la adaptación climática aplicando prácticas productivas resilientes y soluciones basadas en los ecosistemas.

En términos de impacto social, las acciones beneficiarán directamente a más de 33 mil personas. Dentro de este grupo, cerca de 12 mil habitantes adoptarán estrategias productivas resilientes al clima, implementando soluciones en 30 comunidades indígenas de forma directa y favoreciendo a otras 162 comunidades de manera adicional. Jorge Pérez, presidente de AIDESEP, saludó la iniciativa destacando que la gestión y protección de la Amazonía es inviable sin los pueblos indígenas, quienes durante generaciones han cuidado esos territorios y hoy exigen que dicho rol sea plenamente valorado y retribuido.

Más allá de la inyección inmediata de capital, el proyecto apunta a garantizar el futuro del bosque bajo el modelo "Project Finance for Permanence" (PFP). Esta estructura permitirá cerrar una brecha financiera estimada en 5,3 millones de dólares anuales para el sistema nacional de áreas protegidas. Adicionalmente, el financiamiento contempla asegurar flujos económicos durante los próximos 25 años a través de ingresos por turismo, pagos por servicios ecosistémicos relacionados con el agua y esquemas de compensación ambiental, con la ambiciosa proyección de movilizar 131 millones de dólares adicionales a largo plazo.

Fondo Verde para el Clima destina US$ 37,5 millones para blindar la Amazonía peruana

Los fondos fortalecerán 25 áreas naturales protegidas y financiarán proyectos de resiliencia climática liderados directamente por comunidades indígenas, asegurando la sostenibilidad del bosque por los próximos 25 años.

Los bancos que otorguen créditos rurales subvencionados en Brasil, deberán comprobar si la propiedad solicitante ha registrado talas desde 2019. La medida servirá para involucrar directamente al sistema bancario en la lucha contra la deforestación de la Amazonia y otros biomas, señaló el gobierno brasileño.

La medida convierte a cada gerente bancario en un inspector indirecto de deforestación, según explicó Andre Lima, representante del Ministerio de Medio Ambiente de dicho país. Si la tala detectada no está dentro del porcentaje legal permitido, el productor agropecuario no podrá acceder al crédito subsidiado.

<h2>Brasil contra la deforestación</h2>

La disposición afecta a unos 53.000 millones de dólares, equivalentes a un tercio del crédito rural brasileño. Un estudio de la Climate Policy Initiative reveló que casi una quinta parte de los créditos subvencionados entre 2020 y 2023 se otorgaron a propiedades deforestadas recientemente.

Los bancos han respaldado la medida, considerándola un mecanismo de seguridad jurídica que reduce riesgos de impagos. En cambio, el lobby agropecuario y la Confederación de Agricultura y Pecuaria (CNA) han criticado la norma, alegando posibles falsos positivos en las imágenes satelitales.

El sistema Prodes, operado por el Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE), utiliza satélites que fotografían parcelas de tres metros cada 16 días, permitiendo un monitoreo constante de la Amazonia y otros biomas.

Gracias a esta vigilancia, el último balance anual mostró que la Amazonia perdió 5.796 km² de vegetación nativa, un 11% menos que el año anterior. Desde el regreso de Luiz Inácio Lula da Silva al poder, la deforestación se ha reducido en un 50%, reforzando la promesa de eliminarla completamente para 2030.

<h2>La Amazonía en peligro</h2>

La lucha contra la deforestación en Brasil transforma a los bancos en inspectores de tala para créditos rurales subvencionados, y se enmarca en un escenario global de creciente presión. Como se sabe, la Unión Europea prepara una ley que vetará productos como cacao, café, soja, carne de vacuno, madera y derivados si provienen de áreas deforestadas. Su entrada en vigor está prevista para finales de 2026.

Asimismo, Brasil y el Mercosur han cerrado un acuerdo comercial que entrará en vigor en mayo, lo que refuerza la necesidad de cumplir estándares ambientales para mantener competitividad internacional.

El presidente Lula ha colocado nuevamente a Marina Silva al frente del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático, quien ya en los años 2000 logró reducir drásticamente la tala ilegal. Su gestión ha sido clave para reposicionar a Brasil como actor central en la lucha contra el cambio climático, tras el retroceso ambiental vivido durante el mandato de Jair Bolsonaro.

La incorporación de los bancos como fiscalizadores marca un cambio estructural en la política ambiental brasileña. La medida busca cerrar el paso a la financiación de actividades ilegales y garantizar que los recursos públicos se destinen a productores responsables.

En un contexto de presión internacional y compromisos climáticos, Brasil apuesta por combinar tecnología satelital, regulación financiera y voluntad política para cumplir con la meta de deforestación cero en 2030.

Brasil: Entregarán créditos rurales condicionados comprobaciones de tala

Sistema bancario se suma a la lucha contra la deforestación en la Amazonía