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“Este libro no es una venganza, es una obligación moral”. Con estas palabras, el Dr. Marc Dourojeanni, figura clave en la creación del sistema de áreas naturales protegidas del Perú, presentó anoche su más reciente obra: En nombre de la vicuña. El evento, realizado en el auditorio del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) en San Isidro, se convirtió en un acto de reivindicación histórica para una generación de científicos —entre ellos el fallecido Antonio Brack Egg— que fueron blanco de una feroz campaña de desprestigio durante dos décadas.

Durante su intervención, Dourojeanni explicó que el conflicto generado por sectores opositores al manejo técnico —liderados en su momento por figuras mediáticas y políticas— terminó convirtiendo a la vicuña en un "animal sagrado" intocable. Esta prohibición implícita de manejar la especie (incluyendo el sacrificio técnico necesario para controlar la sobrepoblación y enfermedades) ha tenido consecuencias económicas nefastas.

“La vicuña es el animal con la lana más fina del planeta, pero en 2024 sólo aportó 5.4 millones de dólares al PBI. En contraste, la taricaya, un animalito que vale dos dólares, aportó 6.9 millones. Es un escándalo”, sentenció Dourojeanni. El experto advirtió que la falta de manejo ha reducido la calidad de la fibra y la rentabilidad para las comunidades altoandinas, quienes debían ser las principales beneficiarias de este recurso.

Uno de los momentos más conmovedores de la noche estuvo a cargo de Cecilia Mendiola, viuda del primer ministro del Ambiente Antonio Brack, quien comentó el libro. Mendiola recordó los años de persecución judicial y mediática que sufrieron Brack, Dourojeanni y otros especialistas, quienes fueron tildados por revistas de la época como "La mafia de La Molina".

“Antonio fue acusado de abrir vientres de vicuñas con cuchillos para sacar fetos. Eran mentiras sin pruebas, pero nos llevaron a tener múltiples juicios penales e incluso a que Antonio fuera declarado reo contumaz”, relató Mendiola. Agradeció a Dourojeanni por tener el coraje de documentar estos hechos que su esposo prefirió dejar atrás para dedicarse a la botánica.

Por su parte, Jorge Caillaux, presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), calificó la obra como una "biblioteca de la memoria" indispensable para entender la gestión ambiental en el Perú. Caillaux fue explícito al señalar la responsabilidad de Felipe Benavides Barreda en la campaña de desinformación de aquella época.

“Ese método de distorsionar la realidad manipulando emociones para imponer mitos es lo que hoy llamamos posverdad”, analizó Caillaux, comparando aquellas campañas con los actuales movimientos negacionistas de la ciencia.

El libro no se queda en la denuncia. Dourojeanni plantea 17 recomendaciones para reactivar el potencial de la vicuña, entre las que destacan: eliminar los cercos que alteran la organización social de los animales, permitir el manejo técnico de las poblaciones (incluyendo la saca) y autorizar la comercialización de la carne y derivados, tal como se hace con la alpaca, para que la vicuña sea realmente un motor de desarrollo para los Andes peruanos.

El evento cerró con una reflexión unánime: la conservación debe basarse en ciencia y evidencia, no en fanatismos ni en campañas mediáticas que, a la larga, terminan perjudicando a la naturaleza y a las personas que dependen de ella.

Marc Dourojeanni revela la historia oculta del escándalo que frenó el desarrollo de la vicuña

Con el firme objetivo de fortalecer la defensa y la correcta gestión del territorio amazónico, un equipo conformado por 24 guardaparques, especialistas, analistas y técnicos de campo del Parque Nacional Cordillera Azul participó en una jornada intensiva de capacitación sobre el manejo de equipos GPS Diferencial GNSS.

El taller, desarrollado en la ciudad de Tarapoto (San Martín), fue impulsado por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) en coordinación con el Centro de Conservación, Investigación y Manejo de Áreas Naturales (CIMA), entidad ejecutora del contrato de administración del parque.

Esta iniciativa representa un paso técnico indispensable para la futura implementación de hitos y la demarcación física colaborativa del perímetro de esta importante área natural.

<h2>Tecnología de punta para la conservación</h2>

La instrucción estuvo a cargo de expertos de la Subdirección de Información Estratégica e Investigación del Sernanp. Durante el primer día de trabajo, los defensores del bosque recibieron formación teórica sobre los principios del Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS) y la configuración específica de equipos de última generación (modelo Trimble R12i), estableciendo las bases para la obtención de datos geoespaciales de alta precisión.

Posteriormente, la capacitación se trasladó al campo. En el terreno, los participantes aplicaron lo aprendido realizando el posicionamiento de receptores, el levantamiento de información y el replanteo de puntos estratégicos, acciones fundamentales para determinar con exactitud los límites de protección ambiental.

<h2>Cierre de brechas territoriales</h2>

La jornada fue inaugurada por Gustavo Montoya Gamarra, jefe del Parque Nacional Cordillera Azul, y Alex Reátegui Reátegui, coordinador regional de CIMA. Ambas autoridades coincidieron en la necesidad de contar con personal altamente calificado para enfrentar los retos del saneamiento físico y legal del territorio.

Cabe destacar que el Parque Nacional Cordillera Azul posee una vasta extensión que abarca jurisdicciones en los departamentos de Huánuco, Loreto, San Martín y Ucayali.

La modernización de las herramientas de monitoreo y demarcación permitirá reducir la brecha histórica de delimitación física en la zona, asegurando así el cumplimiento de las metas trazadas en el Plan de Trabajo Quinquenal 2024-2028. Con estas acciones, el Estado y sus aliados reafirman su compromiso de promover una administración eficiente y sustentada en información técnica confiable para blindar la biodiversidad amazónica.

San Martín: Guardaparques de Cordillera Azul se capacitan en el uso de GPS de alta precisión para asegurar sus fronteras

La laguna de Piuray, principal fuente de abastecimiento de agua potable para más de 170,000 habitantes de la ciudad del Cusco , enfrenta un futuro marcado por los efectos contrastantes del cambio climático y la presión inmobiliaria. Un reciente estudio publicado en la revista científica Climate , liderado por investigadores del Senamhi, UTEC, Inaigem e instituciones francesas , revela cómo estos factores transformarán los servicios ecosistémicos de esta cuenca estratégica hacia el año 2060.

Contrario a los escenarios habituales de escasez, las proyecciones climáticas para el periodo 2031-2060 indican que el cambio climático traerá mayores precipitaciones a esta zona de los Andes. Los modelos estiman que el rendimiento hídrico se incrementará en un promedio de 47% , mientras que la capacidad de retención de agua en el suelo mejorará en un 8%, favoreciendo temporalmente la regulación natural del ecosistema.

Sin embargo, este escenario favorable para la cantidad de agua se ve gravemente amenazado por la alteración en la calidad de la misma, producto del cambio de uso de suelo impulsado por el desarrollo del Aeropuerto Internacional de Chinchero. La investigación proyecta que el área urbana pasará de ocupar apenas 0.05 kilómetros cuadrados en 1992 a 4.3 kilómetros cuadrados para el 2050. Este crecimiento explosivo de infraestructura de cemento y viviendas generará un aumento crítico del 83% en la producción de sedimentos y erosión. Como consecuencia, las aguas llegarán a la laguna con una carga sustancialmente mayor de tierra y sólidos, complicando su tratamiento para el consumo humano.

Ante esta situación, el equipo de científicos advierte que aproximadamente el 20.5% del área de la cuenca se encuentra en un estado persistentemente crítico. Por ello, se recomienda a las autoridades priorizar intervenciones estructurales inmediatas, frenar la urbanización descontrolada alrededor del terminal aéreo e impulsar agresivamente la infraestructura verde y conservación de humedales mediante los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos que operan en la zona.

Cusco: Cambio climático aumentará el agua en la cuenca Piuray, pero la expansión urbana del aeropuerto disparará la erosión

Con el objetivo de frenar la erosión de los suelos y restaurar el equilibrio hídrico en la selva central, se ha puesto en marcha una ambiciosa jornada de reforestación que plantará 1,000 árboles nativos en la provincia de Oxapampa, región Pasco. La iniciativa, impulsada por la empresa agroindustrial Grupo Mebol y el Centro Neotropical de Entrenamiento en Humedales (CNEH-Perú), responde a la urgente necesidad de recuperar áreas afectadas por la pérdida de cobertura boscosa.

Bajo el lema de la campaña “Cuando ayudamos, nos ayudamos”, la intervención comenzó el pasado 22 de enero y se extenderá hasta el mes de marzo en los distritos de Oxapampa, Huancabamba y Chontabamba.

A diferencia de otras campañas que utilizan especies exóticas, este proyecto prioriza la biodiversidad local para asegurar la resiliencia del ecosistema. Entre las variedades seleccionadas destacan el ulcumano y el nogal, maderas preciosas de la zona, así como el palo perejil, palo leche, sangre de grado, alimento de misho, col de monte y anona de monte.

La reforestación no solo embellece el paisaje, sino que combate problemas críticos como la fragmentación de hábitats y la vulnerabilidad ante eventos climáticos extremos, devolviendo al suelo sus funciones ecológicas.

Esta acción ambiental es la segunda fase de una estrategia integral. En diciembre, la alianza ejecutó un componente social que benefició a más de 800 familias, incluyendo productores agrícolas y poblaciones vulnerables en zonas como Chancay y Oxapampa, mediante donaciones y apoyo educativo.

La población espera una correcta implementación técnica, asegurando que estos 1,000 nuevos árboles se conviertan en un bosque robusto para las futuras generaciones de la Reserva de Biosfera Oxapampa-Asháninka-Yánesha.

Pasco: Inician reforestación de 1,000 árboles nativos para salvar los bosques de Oxapampa

Ante el avance de la minería legal e ilegal y la precariedad de los servicios básicos en las zonas rurales, las fuerzas vivas de la región San Martín han decidido unificar su lucha. El Comité Ejecutivo de los Defensores del Agua y los Bosques, junto a dirigentes de las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS), juntas de usuarios de riego y el Frente de Defensa de Tabalosos, trazaron la ruta para blindar la región como "cabecera de cuenca amazónica".

El acuerdo principal de este primer encuentro ha sido contundente: exigir al Gobierno Central la nulidad de las concesiones mineras metálicas otorgadas por el INGEMMET. Los dirigentes advierten que estas autorizaciones ponen en riesgo directo el sistema hidrológico de la región, compuesto por 126 ríos, 747 quebradas, 56 lagunas y 2 lagos, fuentes vitales para la agricultura y el consumo humano.

Más allá de la amenaza minera, la reunión expuso una realidad alarmante sobre la salud pública. Según el diagnóstico compartido, más del 70 % de los caseríos en San Martín no cuenta con un servicio adecuado de agua segura.

A pesar de la existencia de 712 organizaciones comunales (de las cuales 584 son JASS), la falta de infraestructura y apoyo técnico mantiene en riesgo la salud de miles de familias. Por ello, la plataforma de lucha incluye como prioridad el fortalecimiento legal e institucional de estas organizaciones que gestionan el agua en el campo.

La asamblea también levantó su voz de protesta contra la expansión de la minería ilegal en la cuenca del río Huallaga. Los defensores del agua denunciaron que esta actividad delictiva avanza impunemente, contaminando las fuentes de agua y depredando los bosques, delitos que ya están tipificados en el Código Penal pero que requieren una acción firme de las autoridades.

Para consolidar estas demandas, se ha convocado a la II Asamblea de Ancha Base, que se realizará el próximo 28 de marzo de 2026 en la ciudad de Tarapoto.

Se espera una movilización masiva que integre a representantes de las 10 provincias, 78 distritos y 2,981 caseríos. Asimismo, se ha garantizado la participación activa de las comunidades nativas de los pueblos Awajún, Kichwa, Shawi y Yaminahua, bajo un enfoque de interculturalidad respaldado por las Ordenanzas Regionales N.° 011 y 013-2024.

"Proteger el agua y los bosques de la Amazonía no es una opción, es una obligación moral. Defender estos recursos es defender la vida y el futuro de nuestros hijos", concluye el manifiesto de las organizaciones, quienes ya preparan comisiones especiales para vigilar el accionar de las EPS, las municipalidades y frenar las lotizaciones desordenadas que devoran el bosque.

San Martín: Organizaciones sociales exigen la anulación de concesiones mineras y convocan a gran asamblea por el agua

En un fallo calificado como un hito en la defensa del patrimonio natural del Perú, el Ministerio del Ambiente (Minam), a través del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), logró una sentencia condenatoria de ocho años de pena privativa de la libertad efectiva contra un talador ilegal que operaba al interior del Parque Nacional de Cutervo, la primera área protegida establecida en el país.

El Segundo Juzgado Penal Colegiado Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque halló culpable a Arturo Díaz Alarcón como autor del delito contra los recursos naturales en su modalidad agravada. El tribunal determinó que el sentenciado actuó con pleno conocimiento de que intervenía un territorio protegido por el Estado, vulnerando los límites legales y la biodiversidad de la zona.

Las investigaciones, lideradas por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Lambayeque a cargo del fiscal Jaime Gonzalez Morales, acreditaron que Díaz Alarcón causó graves daños a especies forestales y formaciones boscosas en la zona de Sadamayo, sector Callayuc.

Los informes técnicos y georreferenciados presentados durante el juicio evidenciaron la destrucción de una zona silvestre donde está prohibida toda intervención humana y actividad extractiva, según lo estipulado en la Ley de Áreas Naturales Protegidas y su reglamento.

Además de la pena de cárcel, se ordenó el pago de S/ 20,000 por concepto de reparación civil en favor del Estado.

El presidente ejecutivo del Sernanp, José Carlos Nieto, destacó que el fallo "refuerza las acciones que se vienen desplegando en el territorio" y consolida la política de promover un desarrollo sostenible que respete la biodiversidad y asegure el bienestar de las comunidades locales.

La condena se basó en los artículos 310° y 310°-C, inciso 1, del Código Penal, que sancionan los delitos contra los recursos naturales y la afectación de bosques en su forma agravada.

Esta sentencia se convierte en una herramienta legal clave para los guardaparques y gestores ambientales, reafirmando que la autoridad se ejerce con rigor para proteger el patrimonio natural que pertenece a todos los peruanos.

Dictan histórica condena de 8 años de cárcel efectiva por tala ilegal en el Parque Nacional de Cutervo

El Gobierno ha presentado el Decreto Legislativo 1695 como una herramienta clave para combatir la minería ilegal, calificándola explícitamente como crimen organizado. Sin embargo, un panel de expertos convocado por el Observatorio de Minería Ilegal y la ONG DAR advierte que el endurecimiento de sanciones es insuficiente si el Estado no recupera el control territorial ni asigna recursos reales para la investigación.

César Ipenza, experto en derecho ambiental, destacó que el decreto acierta al cerrar "zonas grises", sancionando no solo la extracción, sino también el financiamiento, transporte y procesamiento de minerales, eslabones que antes operaban en la impunidad.

Sin embargo, la falta de inteligencia operativa podría convertir la norma en letra muerta. Julio Guzmán, Procurador Público Especializado en Materia Ambiental, advirtió sobre el riesgo de un "populismo penal": recurrir a la cárcel para resolver lo que el derecho administrativo no ha solucionado —la fiscalización y control— podría disparar la corrupción si no existen mecanismos de trazabilidad para identificar el origen de los recursos.

La precariedad institucional es otro obstáculo. El juez supremo Juan Carlos Checkley alertó que la norma no incluye incremento presupuestal para investigar un delito complejo y "pluriofensivo" como la minería ilegal. "Sin fondos ni capacitación para policías y fiscales, la norma corre el riesgo de quedar en el plano declarativo", sostuvo.

Finalmente, el debate apuntó al problema de fondo: el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). Fiorella Chinchay (UNODC) e Iris Olivera (DAR) coincidieron en que la ambigüedad generada por las constantes prórrogas de este registro bloquea la acción penal. La conclusión es unánime: sin cerrar las brechas de impunidad administrativa y sin control territorial, la nueva ley será solo una respuesta punitiva sin impacto real.

Expertos advierten que nuevo decreto contra la minería ilegal podría caer en "populismo penal"

El Perú vive una paradoja hídrica peligrosa que amenaza su futuro desarrollo. A pesar de poseer casi el 4% de los recursos hídricos renovables del planeta, el país enfrenta una distribución geográfica extremadamente desigual, donde más del 98% del agua se localiza en la vertiente amazónica, mientras que la costa —que concentra la mayor parte de la población y la actividad económica— accede a menos del 2% del recurso.

Frente a un déficit mundial de agua proyectado del 40% para el año 2030, resulta imperativo dejar de ver el agua únicamente como un recurso ambiental y comenzar a gestionarla como un activo estratégico de seguridad nacional. Esta es la premisa central del documento de política pública "Agua: activo estratégico para el desarrollo sostenible del Perú", elaborado por Elsa Galarza Contreras para la serie Agenda 2026 de la Universidad del Pacífico.

El diagnóstico de la exministra del Ambiente es contundente al señalar que el mayor problema no es solo la escasez física, sino la gobernanza. Actualmente, la gestión del agua está fragmentada entre múltiples ministerios y niveles de gobierno, lo que genera inversiones desarticuladas y conflictos sociales. Para romper esta inercia y evitar que la gestión integrada quede en un concepto teórico, Galarza propone la implementación del Mecanismo de Articulación para la Gobernanza e Integración Financiera de la Cuenca (MAGIC), una solución que busca transitar de una administración sectorial centralizada a una verdadera gestión territorial.

Este mecanismo funcionaría bajo una estructura diseñada para garantizar transparencia y ejecución, combinando un Consejo de Gobernanza de la Cuenca liderado por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) con un Comité de Inversiones y una Unidad Técnica Operativa. La innovación del modelo radica en su capacidad para movilizar recursos mixtos a través de un "Fondo de Inversión Hídrica" por cuenca, superando la dependencia exclusiva del tesoro público al integrar fuentes como el canon y tarifas reguladas junto con aportes privados, bonos verdes y pagos por servicios ecosistémicos.

La propuesta cobra urgencia ante la vulnerabilidad climática del país, evidenciada por el retroceso de los glaciares andinos que han perdido el 56% de su superficie desde 1970 . Por ello, Galarza enfatiza que la infraestructura física por sí sola no garantiza la seguridad hídrica; se requiere una gestión eficiente que coordine inversiones sin demoras e incluya soluciones basadas en la naturaleza, como la restauración de humedales y la siembra y cosecha de agua, integrando el conocimiento ancestral para asegurar el abastecimiento futuro de la población.

Gestionar el agua como activo estratégico y no solo ambiental

El 2025 se ha consolidado como un año clave para la transformación productiva del Perú hacia modelos más sostenibles. La Unión Europea (UE), mediante su Programa de Economía Circular “Negocios Sostenibles”, ratificó su posición como socio estratégico del país, logrando avances significativos en normatividad, gobernanza territorial y articulación empresarial.

Con un enfoque multiactor que involucró a la Cooperación Alemana (GIZ), la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y la Cámara de Comercio de Lima, la iniciativa europea ha permitido que la economía circular deje de ser un concepto abstracto para convertirse en políticas públicas y negocios rentables.

<h2>Un nuevo marco normativo</h2>

Uno de los hitos más relevantes del año fue la aprobación de la Hoja de Ruta Nacional de Economía Circular al 2030 (D.S. N.º 003-2025-MINAM). Según cifras oficiales, el programa de la UE contribuye directamente a la ejecución del 46% de las acciones contempladas en este documento rector.

El impacto normativo también alcanzó niveles sectoriales con la aprobación de hojas de ruta en Agricultura y Riego, Industria Manufacturera y Comercio Interno, así como planes en Agua y Saneamiento. Además, se avanzó en la consulta pública para el sector Turismo. En paralelo, se ha iniciado un diálogo de alto nivel con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para diseñar incentivos económicos que aceleren esta transición.

<h2>Impacto del cacao al turismo</h2>

La estrategia no se quedó en Lima; la descentralización fue un eje central. En San Martín, la economía circular se integró al Plan de Desarrollo Regional Concertado. Un caso de éxito palpable es la "Ruta Ecoturística del Cacao Circular" en Chazuta, que involucró a 23 organizaciones locales. Además, gracias a la integración de este enfoque en ProCompite 2025, cuatro cooperativas y empresas accedieron a más de S/ 2 millones en financiamiento.

Por otro lado, se establecieron tres Espacios Regionales de Articulación (ERA) en Piura, Lambayeque y Arequipa. Estos espacios han permitido identificar cadenas de valor con alto potencial circular: Piura: Banano y concha de abanico. Lambayeque: Mango y berries. Arequipa: Pisco, turismo y uva de exportación. Cajamarca: Lácteos y café.

Asimismo, en La Libertad se formalizó la creación de un grupo de trabajo regional especializado (Acuerdo Regional N.º 195-2025-GRLL-CR).

<h2>Resultados económicos y empresariales</h2>

El programa también demostró que la sostenibilidad es rentable. Durante el 2025, se realizaron tres ruedas de negocios que generaron intenciones de compra por más de 1.1 millones de euros (aproximadamente S/ 4.5 millones), conectando a empresas con productos y servicios circulares.

En el ámbito de la asistencia técnica, 20 empresas de los sectores textil y plástico en Arequipa, Lima y Lambayeque recibieron soporte para "ecologizar" sus operaciones. Para el 2026, la meta es ambiciosa: 40 nuevas empresas ya han firmado Acuerdos de Circularidad para recibir este acompañamiento.

Además, se lanzó la plataforma de innovación agroalimentaria “Food for Life Perú”, consolidando una red de transformación productiva.

La Unión Europea consolida su rol como motor de la transición hacia la economía circular en el Perú durante el 2025

En un duro revés para las economías ilícitas que depredan la Amazonía, las fuerzas del orden ejecutaron un megaoperativo de interdicción en el corazón de la selva de Huánuco. La intervención, realizada el pasado 28 de enero, permitió desarticular campamentos de minería ilegal instalados dentro del Área de Conservación Privada (ACP) Panguana, una zona intangible ubicada en la desembocadura del río Yuyapichis, en la provincia de Puerto Inca.

La operación, denominada “Perla Dorado”, resultó en la destrucción de maquinaria pesada y equipos logísticos cuyo valor asciende a más de cuatro millones de soles, según estimaciones oficiales.

<h2>Despliegue estratégico en zona protegida</h2>

La acción fue liderada por la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú (PNP), bajo el comando del general PNP José Manuel Cruz Chamba. Un contingente de 15 efectivos especializados, junto a representantes de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Ucayali, se internó en la zona para frenar el avance de la extracción aurífera no autorizada.

El operativo contó con el soporte estratégico del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), Aduanas Ucayali y la Marina de Guerra del Perú, a través de la Infantería de Marina y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi).

<h2>El hallazgo: Devastación en 25 hectáreas</h2>

Al llegar al lugar, las autoridades constataron la magnitud del daño ambiental en dos frentes de trabajo que operaban al margen del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

En una primera zona de aproximadamente 15 hectáreas, los agentes hallaron una excavadora sobre oruga, además de motores, motobombas, mangueras, alfombras para el tamizado de oro, campamentos rústicos, pozas de extracción, grupos electrógenos y combustible.

Simultáneamente, en un segundo sector de unas 10 hectáreas —también dentro del área intangible— se identificaron otras dos maquinarias pesadas. Estas operaban junto a chutes gravimétricos, paneles solares, baterías y grandes volúmenes de combustible, insumos críticos para sostener la operación minera en medio de la selva.

Amparados en el Decreto Legislativo N.° 1100, que regula la interdicción de la minería ilegal, y dadas las condiciones geográficas complejas y la lejanía del lugar, las autoridades procedieron a la destrucción de toda la maquinaria y los campamentos encontrados.

La Policía Nacional informó que esta medida busca evitar que los mineros ilegales reactiven sus operaciones en el corto plazo. La Dirección de Medio Ambiente reafirmó su compromiso de mantener la vigilancia en la zona para proteger los bosques de Panguana y salvaguardar el patrimonio natural de Huánuco frente a la contaminación por mercurio y la deforestación.

Destruyen maquinaria valorizada en más de S/ 4 millones dentro del área de conservación Panguana

En la inmensidad de la Amazonía, la salud de los ecosistemas tiene un indicador viviente que va más allá de las mediciones químicas del agua: el delfín de río. Con motivo del Día Mundial de los Humedales, la comunidad científica y ambientalista ha puesto el foco en la importancia crítica de la conectividad fluvial, señalando a estos cetáceos como los grandes reveladores del estado de conservación de los ríos y bosques inundables.

Los humedales amazónicos —que en el Perú incluyen ríos, lagunas, cochas y llanuras aluviales— funcionan como un sistema circulatorio único. Sin embargo, este equilibrio es frágil. Las actividades humanas que ocurren río arriba, como la deforestación, la construcción de infraestructura sin la debida planificación o la alteración artificial de los caudales, generan impactos devastadores río abajo. Al tratarse de una sola cuenca hidrográfica, lo que afecta a la cabecera termina degradando la vida en las zonas bajas.

Es en este escenario donde el delfín de río juega un rol fundamental. Su capacidad para desplazarse libremente a lo largo de los cauces es la evidencia física de que los corredores biológicos están intactos. Cuando estos corredores se interrumpen o fragmentan, los delfines desaparecen, lanzando la primera señal de alerta sobre el deterioro de los humedales y, por ende, de los servicios que estos prestan, como la regulación del agua y el soporte a la pesca local.

La relevancia de esta especie ha escalado a la política global. En el año 2025, la Convención Ramsar marcó un hito al adoptar la Resolución XV.21. Este documento reconoce oficialmente a los delfines de río como indicadores de la salud de los humedales, estableciendo que su conservación no es solo un tema de protección de fauna, sino una condición vinculada estrechamente al uso sostenible de los ecosistemas de agua dulce.

En el Perú, esta directriz cobra especial vigencia. El país posee 14 Humedales de Importancia Internacional (Sitios Ramsar), dos de los cuales son gigantes amazónicos: la Reserva Nacional Pacaya Samiria y el Complejo de humedales del Abanico del río Pastaza. Ambos territorios albergan poblaciones clave de delfines, cuya presencia ratifica la importancia estratégica de estas áreas para la biodiversidad nacional.

Para los expertos, la solución radica en cambiar la mirada sobre el territorio. Daniela Freundt, gerente del paisaje Amazonía Norte de WWF Perú, sostiene que la protección de estos ecosistemas no puede ser fragmentada.

"La conservación de los humedales requiere una planificación del territorio y de la infraestructura con un enfoque de cuenca. Cuando se interrumpe el flujo natural de los ríos, se fragmentan los corredores de especies como los delfines, afectando la capacidad de los humedales para regular el agua y sostener la vida", advirtió la especialista.

En un contexto de crisis climática, mantener los ríos conectados y a los delfines nadando en ellos es, en última instancia, asegurar la reserva de agua y alimento para el futuro de la Amazonía.

Los delfines de río como termómetro de la salud de los humedales

La economía global enfrenta una paradoja alarmante que amenaza la estabilidad del planeta. Por cada dólar que la humanidad destina a la protección y restauración de los ecosistemas, se gastan 30 dólares en actividades que provocan su degradación directa. Esta desproporción financiera es la conclusión central del informe Estado de las Finanzas para la Naturaleza 2026, presentado hoy por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el cual expone cómo los flujos de capital actuales están acelerando la crisis climática y la pérdida de biodiversidad en lugar de frenarlas.

El documento, que utiliza datos consolidados de 2023, pone cifras a esta destrucción financiada. Los flujos financieros negativos para la naturaleza ascendieron a la asombrosa cifra de 7,3 billones de dólares en un solo año. De este total, 4,9 billones provienen del sector privado, con una alta concentración en industrias específicas como los servicios públicos, la energía, los materiales básicos y la industria pesada. A esto se suman los subsidios públicos perjudiciales para el medio ambiente, que alcanzaron los 2,4 billones de dólares, destinados principalmente a fomentar los combustibles fósiles, la agricultura intensiva y la construcción desmedida.

En contraste, la inversión en Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) apenas llegó a los 220.000 millones de dólares. Lo más preocupante para los expertos es que cerca del 90% de este dinero proviene de arcas públicas, lo que evidencia una falta de compromiso crítico por parte del sector privado. Las empresas y las finanzas privadas aportaron tan solo 23.400 millones de dólares, una cifra marginal que representa apenas el 10% del total de las inversiones positivas, a pesar de la creciente retórica corporativa sobre sostenibilidad y riesgos ambientales. Inger Andersen, Directora Ejecutiva del PNUMA, fue contundente al respecto al señalar que no existe un término medio: o se invierte en la destrucción o se impulsa la recuperación.

Para revertir esta tendencia suicida, el informe establece que las inversiones en soluciones naturales deben multiplicarse por 2,5 para alcanzar los 571.000 millones de dólares anuales en 2030. Aunque la cifra parece alta, representa apenas el 0,5% del PIB mundial. Para lograrlo, el PNUMA ha presentado la Curva X de Transición de la Naturaleza, un nuevo marco estratégico diseñado para ayudar a gobiernos y empresas a secuenciar las reformas necesarias. Esta herramienta propone un proceso simultáneo de eliminación gradual de los subsidios e inversiones destructivas en sistemas de producción arraigados, mientras se escalan masivamente las inversiones positivas.

La propuesta busca movilizar una economía de transición hacia la naturaleza valorada en un billón de dólares, instando a los líderes mundiales a reformar y reutilizar los flujos de capital. Ejemplos de esta transición incluyen el reverdecimiento de zonas urbanas para combatir las islas de calor, la integración de infraestructura natural en redes viales y la producción de materiales de construcción que capturen dióxido de carbono. Reem Alabali-Radovan, Ministra de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania, respaldó esta visión destacando que el sector privado desempeña un papel clave y que la valoración del capital natural debe integrarse en las decisiones políticas para pavimentar el camino hacia una economía sostenible. El mensaje de la ONU es claro: redirigir aunque sea una fracción de los flujos perjudiciales actuales podría cerrar la brecha financiera y garantizar un futuro resiliente.

El mundo invierte 30 veces más en destruir la naturaleza que en protegerla, advierte la ONU

Este 26 de enero, el mundo conmemora el Día Mundial de la Educación Ambiental, una fecha que invita a la reflexión profunda sobre el papel transformador de la enseñanza en la protección de nuestro entorno. Más que una efeméride en el calendario, se trata de un llamado global a concienciar a la ciudadanía sobre la urgencia de preservar los ecosistemas y asegurar que las futuras generaciones puedan heredar un planeta habitable y disfrutar de una mejor calidad de vida.

El origen de esta iniciativa se remonta a 1975, durante el histórico Seminario Internacional de Educación Ambiental celebrado en Belgrado. En aquel encuentro, expertos de más de 70 países establecieron los principios básicos de una disciplina que hoy trasciende las cuatro paredes de un aula. La educación ambiental se ha convertido en una herramienta transversal que fomenta una relación responsable y consciente entre el ser humano y la naturaleza, dotando a los individuos de conocimientos prácticos para la acción colectiva y la resolución de conflictos ecológicos.

La relevancia de esta fecha radica en la necesidad imperiosa de revertir los daños y amenazas que ponen en jaque la estabilidad del planeta. Frente a desafíos devastadores como el cambio climático, las inundaciones, la tala indiscriminada, los incendios forestales y la extinción de especies de flora y fauna, la educación emerge como el cimiento indispensable para modelar nuevas conductas. Es fundamental que la sociedad comprenda que el medio ambiente es un ecosistema vulnerable y que sus recursos no son una fuente inagotable, una lección vital para construir sociedades verdaderamente sostenibles.

Desde sus inicios en la década de los setenta, este campo ha experimentado una notable transformación. Lo que comenzó como una estrategia enfocada en la concienciación sobre problemas específicos ha evolucionado hacia un enfoque mucho más integral. Hoy en día, se promueven metodologías participativas que fomentan valores como la sostenibilidad, la economía circular y la responsabilidad social. Esta evolución ha permeado diversos sectores, consolidándose incluso en el ámbito empresarial, donde instituciones como Afi Global Education desarrollan programas específicos para formar a profesionales capaces de liderar iniciativas sostenibles.

Los objetivos de esta jornada mundial son claros y ambiciosos. Se busca sensibilizar a las personas sobre los problemas de su entorno inmediato para generar soluciones reales, así como destacar la importancia del equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Asimismo, la fecha sirve para exigir la generación de estadísticas medioambientales que faciliten la toma de decisiones y para incentivar a los gobiernos a adoptar medidas concretas que solucionen las crisis ambientales actuales. La educación ambiental, en definitiva, se presenta no sólo como un proceso de aprendizaje, sino como la base ineludible para garantizar un futuro sustentable.

La educación ambiental como motor para un futuro sostenible

El Perú ha marcado un hito en la ciencia marina al llevar a cabo la primera expedición de marcaje satelital en aguas nacionales, una iniciativa que permite seguir en tiempo real las rutas migratorias de las ballenas jorobadas en el Pacífico Suroriental. Este esfuerzo, impulsado por investigadores de CETALAB, MarEcoTel y WWF Perú, tiene como objetivo principal conocer los patrones de movimiento de estos cetáceos para reforzar las estrategias de conservación de una especie que encuentra en el mar peruano uno de los destinos más importantes de su ciclo vital.

Cada año, entre los meses de julio y octubre, cientos de ballenas jorobadas llegan a las cálidas aguas del norte del país, específicamente frente a las costas de El Ñuro, Los Órganos, Máncora y Canoas de Punta Sal, zonas clave donde se reproducen y cuidan a sus crías. La presencia de estos animales convierte a dicho espacio en un hábitat de gran relevancia ecológica y social, fundamental no solo para la supervivencia de la especie, sino también para el desarrollo de actividades económicas locales sostenibles, como el turismo de avistamiento responsable. Sin embargo, a pesar de su importancia, aún existen vacíos de información sobre su comportamiento y conectividad con otras poblaciones, mientras enfrentan amenazas como el enmallamiento en redes de pesca, colisiones con embarcaciones, ruido submarino y el turismo no regulado.

Para reducir estas brechas de conocimiento, el equipo de investigación desplegó tecnología de punta mediante dispositivos satelitales transdérmicos diseñados para permanecer largos periodos en los animales y garantizar la transmisión continua de datos. Estos transmisores emiten señales cada vez que los cetáceos emergen a la superficie, permitiendo registrar su recorrido diario e identificar las áreas más relevantes para su protección. Gracias a esta primera campaña, es posible monitorear actualmente los movimientos de tres ballenas adultas —Wallina, Tuta y Encanto—, cada una acompañada de su cría, mientras emprenden su ruta de retorno hacia las zonas de alimentación en el Pacífico Suroriental.

La información recabada resulta vital para la gestión ambiental y la articulación regional. Anthony Llapapasca, jefe de la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau, destacó que el marcaje permitirá conocer con precisión las rutas y llevar un registro de los ejemplares en el área natural protegida, consolidando la reserva como un espacio ideal para la reproducción y dinamizando la economía local. En esa misma línea, Jorge Paz Acosta, presidente ejecutivo del IMARPE, señaló que aplicar la investigación científica en la toma de decisiones es clave para mitigar las amenazas que enfrentan estos animales y gestionar sus áreas críticas.

El proyecto busca generar datos sólidos que trasciendan las fronteras nacionales. Gilary Morales, especialista de WWF Perú, explicó que el estudio fortalecerá las estrategias de manejo tanto a nivel nacional como regional, facilitando la identificación de áreas críticas y la planificación de medidas de protección conjuntas con otros países. Piero Uceda, oficial asociado de la misma organización, subrayó que entender cómo se desplazan las ballenas es esencial para protegerlas a lo largo del "Corredor Azul" del Pacífico Oriental, un vasto ecosistema que se extiende desde la península Antártica hasta América Central.

Ballena

Perú inicia el seguimiento satelital de ballenas jorobadas para proteger su ruta migratoria

El Poder Ejecutivo ha oficializado una drástica reforma en el tratamiento punitivo de los delitos ambientales y económicos mediante la publicación del Decreto Legislativo 1695, una norma diseñada para fortalecer la respuesta penal del Estado frente a la minería ilegal. El dispositivo legal, difundido el pasado 20 de enero de 2026, introduce modificaciones sustanciales al Código Penal con el objetivo de ajustar las penas, precisar las conductas sancionables y ampliar el marco legal aplicable a quienes operan al margen de la formalidad. La modificación más notoria recae sobre el artículo 307-A, que regula el delito de minería ilegal, estableciendo que esta actividad será reprimida con pena privativa de libertad de cinco a ocho años y con 100 a 600 días-multa cuando se realice sin autorización, fuera del proceso de formalización o cuando cause daños al medio ambiente.

La nueva legislación entiende el fenómeno no como un hecho aislado, sino como una cadena productiva compleja, por lo que las sanciones se han endurecido también para los eslabones logísticos y comerciales. El decreto estipula penas incluso más severas, que oscilan entre los seis y nueve años de prisión, para quienes trafiquen con insumos químicos o maquinaria destinada a la minería ilegal, así como para aquellos que trafiquen con los minerales de origen ilícito. Estas conductas, tipificadas en los artículos 307-E y 307-F respectivamente, buscan castigar a quienes facilitan la operatividad de los campamentos ilegales mediante el abastecimiento de equipos o la compra del material extraído, atacando así la sostenibilidad financiera y operativa de estas redes.

Más allá de la privación de la libertad, la norma incorpora una figura de "muerte civil" sectorial mediante el nuevo artículo 307-G del Código Penal. Esta disposición ordena la inhabilitación para obtener concesiones mineras y para realizar actividades de comercialización vinculadas al sector por un tiempo igual al de la pena principal impuesta. Con esta medida, el Ejecutivo pretende cerrar las puertas del sistema formal a los sentenciados, impidiendo que utilicen vacíos legales o fachadas para reinsertarse en el mercado minero o en sus actividades conexas mientras purgan condena o inmediatamente después de ella.

Finalmente, el decreto eleva la categoría de estos ilícitos al modificar la Ley 30077, Ley contra el Crimen Organizado. Al incluir la minería ilegal y sus delitos asociados dentro de este ámbito de aplicación, se faculta a fiscales y policías a utilizar herramientas especiales de investigación, propias de la lucha contra grandes organizaciones criminales. Este cambio, sumado a la derogación de un numeral del Nuevo Código Procesal Penal, completa un paquete de ajustes legales que busca desarticular las mafias que controlan una de las principales economías ilícitas del país.

Ejecutivo endurece el Código Penal y fija hasta ocho años de cárcel por minería ilegal

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) oficializó el lanzamiento de la campaña «Guardianes del Mar» el pasado 21 de enero en la Reserva Nacional de Paracas, uno de los ecosistemas más emblemáticos del litoral peruano. Esta iniciativa nace con el objetivo de trascender la promoción turística habitual de la temporada de verano para fomentar un compromiso real y permanente entre la ciudadanía y el océano. Según explicó Percy Hostia, jefe de la Reserva Nacional de Paracas, la propuesta busca fortalecer el vínculo de las personas con el mar a partir del cuidado del territorio, involucrando directamente a visitantes y pobladores en acciones concretas de conservación.

La estrategia desplegada para esta campaña se estructura sobre cinco ejes fundamentales que buscan garantizar la sostenibilidad de la biodiversidad marina. En primer lugar, se prioriza la vigilancia y el control mediante patrullajes permanentes orientados a prevenir actividades ilegales, bajo la premisa de que proteger el mar asegura el bienestar de las poblaciones costeras. Simultáneamente, se fomenta un turismo sostenible que permita el disfrute sin afectar el ecosistema y se pone énfasis en la conectividad entre el mar y la tierra, protegiendo espacios vitales como playas y humedales. Además, la campaña promueve la gobernanza territorial a través de la toma de decisiones compartida entre autoridades y pescadores, y cierra el círculo con la educación ambiental al visitante, buscando sensibilizar a los turistas para convertirlos en aliados activos.

La urgencia de esta labor fue resaltada por los guardaparques desde el mismo territorio, quienes advierten que los espacios naturales a nivel global están siendo degradados y reemplazados por infraestructura de cemento. Efraín Cáceres Cordero, guardaparque de la reserva, enfatizó la necesidad de proteger estos hábitats ante el desplazamiento que sufre la fauna silvestre debido a la invasión de sus espacios naturales. Para enfrentar este desafío, la campaña cuenta con un componente humano clave: el trabajo articulado con los guardaparques comunales, conocidos como los «Guerreros de Paracas».

Este grupo de asociados participa activamente en labores críticas como la limpieza de playas, el control del turismo y la segregación de residuos sólidos, especialmente plásticos, para mantener el área libre de contaminación. John Amador Martínez de Sarmiento, representante de la Asociación Los Guerreros de Paracas, destacó que su labor se realiza con honor y responsabilidad para garantizar la salubridad del entorno. A través de «Guardianes del Mar», estas asociaciones no solo reciben capacitaciones del Sernanp para fortalecer sus capacidades, sino que demuestran, como señaló la jefatura de la Reserva, que la conservación del valor ambiental, social y económico de las áreas protegidas también puede generar oportunidades de desarrollo e ingresos para las comunidades locales.

Guardianes del Mar»: La nueva cruzada ciudadana para proteger la biodiversidad en Paracas

«Guardianes del Mar»: La nueva cruzada ciudadana para proteger la biodiversidad en Paracas

La capital peruana fue escenario este 20 de enero de un reconocimiento vital para el desarrollo sostenible en el sur del país. Seis emprendimientos productivos, impulsados por comunidades nativas de la Amazonía cusqueña, fueron galardonados como ganadores del concurso "Emprendedores por Naturaleza: Innovación y Conservación para el Futuro". Esta iniciativa es el resultado de la articulación entre el Ministerio del Ambiente, a través del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), y el consorcio Camisea, quienes buscan demostrar que la protección del bosque es compatible con el crecimiento económico local.

Las propuestas ganadoras provienen de las zonas de amortiguamiento e influencia de dos de los espacios más biodiversos del Perú: el Parque Nacional del Manu y la Reserva Comunal Machiguenga. Los proyectos seleccionados destacan por el uso responsable de recursos renovables, el fortalecimiento de la seguridad alimentaria y la puesta en valor de productos forestales no maderables.

En el ámbito del Parque Nacional del Manu, tres iniciativas lograron destacar por su enfoque agroforestal. La Comunidad Nativa de Tayakome fue premiada por su trabajo en seguridad alimentaria mediante sistemas de silvicultura comunitaria, mientras que la Comunidad Nativa Shipetiari recibió el reconocimiento por su producción sostenible de aceite de copaiba bajo el concepto de naturaleza que cura. Del mismo modo, la Asociación de Agricultores de Callanga fue distinguida por mejorar el manejo agroforestal de sus cultivos de café, integrando la agricultura con la conservación del paisaje.

Por otro lado, en la Reserva Comunal Machiguenga, los premios recayeron en proyectos que revaloran la identidad y los recursos del bosque. La Asociación de Artesanas Yorini – Gallitos de las Rocas, del sector Tangoshiari, fue reconocida por su producción sostenible de morrales, telas y aretes utilizando insumos naturales. Asimismo, la Comunidad Nativa Puerto Rico destacó por su iniciativa de aprovechamiento de semillas forestales, y la Asociación de Productores de Cacao Tangoshiari fue galardonada por la optimización de sus procesos de producción y postcosecha del cacao, un producto clave para la economía de la zona.

Este impulso a los bionegocios se fundamenta en el Convenio Marco de Cooperación que Camisea y Sernanp suscribieron en mayo de 2025. El acuerdo tiene como propósito fortalecer la gestión de estas áreas protegidas ubicadas en la zona de influencia de la operación gasífera, promoviendo cadenas productivas que generen beneficios ambientales y oportunidades económicas reales para quienes habitan y custodian estos territorios.

Durante la ceremonia de premiación, las entidades organizadoras miraron hacia el futuro inmediato y oficializaron el lanzamiento de la edición 2026 del concurso. Esta nueva convocatoria estará dirigida nuevamente a los emprendedores del Parque Nacional del Manu y la Reserva Comunal Machiguenga, manteniendo el mismo monto de financiamiento que el año anterior. Con ello, se busca reafirmar el mensaje de que la conservación del patrimonio natural puede y debe ser el principal motor de la economía local en la Amazonía.

Premian seis bionegocios en el Manu y la Reserva Machiguenga y lanzan convocatoria 2026

La tensión social en la provincia de Leoncio Prado ha alcanzado un nuevo punto crítico debido a la persistencia de actividades extractivas no deseadas por la comunidad. Por segunda ocasión consecutiva, la población del distrito de Santo Domingo de Anda hizo respetar su decisión de rechazar la minería en su jurisdicción. En una jornada marcada por la firmeza ciudadana, más de un centenar de pobladores, acompañados por dirigentes comunales, frentes de defensa y autoridades locales, lograron desalojar el campamento y la maquinaria pesada de la empresa minera Huallaga SAC, instalada en el caserío El Árabe.

La movilización no fue un acto improvisado, sino la ejecución de un acuerdo colectivo. Previo al desalojo, los vecinos y presidentes de juntas vecinales se concentraron en una asamblea pública donde ratificaron la postura adoptada el pasado 10 de enero. En aquella fecha, durante una reunión en la municipalidad distrital, ya se había exigido a la empresa el cese inmediato de operaciones y su retiro definitivo. Los manifestantes denunciaron que la compañía incumplió dicho compromiso al intentar mantener sus actividades de remoción de tierras y extracción de oro bajo el argumento de operar en propiedad privada, una justificación que fue rechazada categóricamente por la asamblea.

Bajo la atenta mirada de efectivos de la Policía Nacional del Perú, cuya presencia buscó garantizar el orden y evitar enfrentamientos físicos, la multitud se dirigió hasta el punto de operaciones. Allí, los dirigentes enfrentaron a los encargados del campamento, criticando la ausencia de los dueños de la empresa y exigiendo el cumplimiento de las actas suscritas anteriormente. La presión social surtió efecto inmediato, logrando el retiro de un cargador frontal y una retroexcavadora bajo supervisión policial, solicitando además la presencia de un transporte de carga pesada para asegurar la salida definitiva de los equipos.

La principal preocupación de la comunidad radica en el impacto ecológico de estas faenas. Según las denuncias vecinales, la empresa se habría instalado invadiendo cauces de ríos, quebradas y fajas marginales, vulnerando la normativa ambiental y poniendo en riesgo la seguridad de las comunidades de Santo Domingo de Anda y del vecino distrito de Pueblo Nuevo. Esta amenaza ambiental motivó la solidaridad de representantes de distritos aledaños como Daniel Alomía Robles, Castillo Grande, Rupa Rupa y José Crespo y Castillo, quienes se sumaron a la jornada para exigir el respeto a las ordenanzas municipales que prohíben la expansión minera en la zona.

La situación generó reacciones políticas directas por parte de las autoridades locales. El alcalde del distrito de Pueblo Nuevo, Celestrino Ávalos, cuestionó severamente la inacción del Estado frente a este conflicto. La autoridad edil criticó que, mientras la población defiende sus recursos, la empresa minera parece ampararse en medidas cautelares judiciales para continuar operando, lo que calificó como un atropello contra los distritos afectados. Ávalos advirtió que la falta de firmeza por parte de las instancias competentes está gestando un escenario peligroso que podría desencadenar conflictos internos entre pueblos vecinos.

Aunque el retiro del campamento marca un nuevo precedente de rechazo ciudadano, los dirigentes han anunciado que mantendrán una vigilancia comunal permanente ante el temor de un tercer intento de ingreso por parte de la minera. El mensaje final de la jornada fue contundente hacia las autoridades regionales y nacionales, a quienes se les exigió intervenir para hacer cumplir la ley y respetar la voluntad de la población de mantener su territorio libre de actividad minera.

Pobladores expulsan a minera y advierten que no permitirán el retorno de maquinaria a Santo Domingo de Anda

En un paso decisivo para la conservación de los bosques tropicales, ayer, 14 de enero, se concretó la instalación formal de la Instancia de Toma de Decisiones del Programa REDD+ Indígena Jurisdiccional. Este espacio marca un hito en la gestión ambiental del país al consolidar una gobernanza compartida entre el Estado peruano y los pueblos originarios para enfrentar la crisis climática desde la Amazonía. La sesión, liderada por la viceministra de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, Romina Caminada, reunió al denominado Grupo Perú de Pueblos Indígenas, conformado por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP) y la Asociación Nacional de Ejecutores de Contratos de Administración de las Reservas Comunales del Perú (ANECAP).

Durante el encuentro, las partes firmaron tres acuerdos fundamentales que establecen la base operativa y dan inicio oficial al Plan de Implementación de esta iniciativa pionera. La instalación de esta instancia responde a los compromisos establecidos en el Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional suscrito entre las partes. El objetivo central de esta alianza es desarrollar de manera conjunta el Programa para que sea registrado bajo el estándar de excelencia ambiental REDD+ (TREES) de la arquitectura ART. Este esfuerzo colaborativo busca crear sinergias en beneficio de las comunidades nativas, centrando sus acciones en zonas de alta cobertura boscosa y baja deforestación.

Según el documento técnico que rige esta alianza, la implementación del programa persigue metas claras como asegurar que la iniciativa cumpla con los estrictos requisitos para validar, verificar y emitir unidades de reducción de emisiones bajo el estándar internacional, alineándose con el marco normativo nacional y el Registro Nacional de Medidas de Mitigación. Asimismo, se busca coordinar el diseño participativo e intercultural de un Mecanismo de Distribución de Beneficios, garantizando que los recursos generados lleguen directamente a las comunidades que conservan el bosque.

El convenio establece que la implementación se realizará con un enfoque intercultural, respetando las estructuras de gobernanza de los pueblos indígenas, sus derechos colectivos y asegurando el cumplimiento de las salvaguardas ambientales y sociales. Además, se incluye el compromiso de crear una cuenta especial para los créditos generados, cuya gestión se realizará conforme a la gobernanza compartida del programa, asegurando la transparencia en el manejo de los fondos climáticos.

La viceministra Caminada destacó que una de las prioridades de esta nueva etapa es asegurar la participación efectiva de todas las comunidades nativas involucradas. Al integrar la investigación científica, el conocimiento ancestral y la normativa internacional, el Programa REDD+ Indígena Jurisdiccional se proyecta como un referente mundial. Esta propuesta no solo busca frenar la deforestación, sino también promover alternativas económicas sostenibles para las comunidades socias, consolidando una acción climática con identidad propia que posiciona al Perú a la vanguardia de la conservación con enfoque de derechos.

Instalan gobernanza compartida entre el Estado y pueblos indígenas para la acción climática

Una nueva oportunidad para el desarrollo sostenible se abre paso en el interior del país con el lanzamiento oficial del concurso "Emprendedores por Naturaleza 2026", en su categoría ACR+. Esta iniciativa, impulsada por Profonanpe en alianza con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), tiene como objetivo principal dinamizar la economía local a través del financiamiento de negocios que operan en armonía con la biodiversidad dentro de las Áreas de Conservación Regional priorizadas.

El concurso forma parte de una estrategia mayor denominada Proyecto ACR+, la cual busca asegurar la sostenibilidad financiera de la gestión de estas áreas protegidas. La convocatoria está dirigida específicamente a emprendimientos ubicados en siete regiones del país: Amazonas, San Martín, Tumbes, Piura, Lambayeque, Tacna y Cusco. A través de este mecanismo, se busca demostrar que la conservación del patrimonio natural no es un obstáculo, sino un motor para el bienestar económico de las comunidades locales.

Para esta edición, se han establecido dos categorías de postulación según la madurez del proyecto, diseñadas para apoyar tanto ideas incipientes como negocios en marcha. La primera fase, denominada "Idea con piloto", está dirigida a iniciativas en etapa inicial que requieren validar su propuesta en el mercado, ofreciendo un financiamiento de hasta 30,000 soles. Por otro lado, la fase de "Validación" está orientada a emprendimientos que ya cuentan con un producto o servicio definido y buscan confirmar su viabilidad a mayor escala, otorgando subvenciones de hasta 60,000 soles.

Las bases del concurso priorizan aquellos modelos de negocio que fomenten el aprovechamiento responsable de los recursos naturales y la participación comunitaria. Entre las actividades elegibles destacan la producción agroecológica, los sistemas agroforestales, el turismo de naturaleza, la artesanía con identidad cultural y el aprovechamiento de recursos no maderables del bosque. Es fundamental que las propuestas demuestren un beneficio directo para las poblaciones locales y contribuyan activamente a la gestión del área protegida.

El proceso de selección será riguroso y buscará equidad geográfica, limitando a tres el número máximo de ganadores por cada Área de Conservación Regional. Las organizaciones interesadas, que pueden ser desde personas naturales con negocio hasta asociaciones civiles y comunidades nativas, tienen plazo para presentar sus propuestas a través de la plataforma digital habilitada hasta el 10 de marzo de 2026. Los ganadores serán anunciados el 17 de abril del mismo año, tras superar las etapas de evaluación de elegibilidad y revisión técnica.

Este esfuerzo conjunto entre el Estado y la cooperación privada representa un paso clave para consolidar a las Áreas de Conservación Regional como polos de desarrollo económico. Al inyectar capital semilla y recursos de validación, se espera no solo fortalecer la estructura comercial de los bionegocios, sino también garantizar que los guardianes de estos ecosistemas encuentren en la sostenibilidad una fuente digna y rentable de vida.

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