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Donde antes había un manto blanco perpetuo, hoy asoman rocas negras y desnudas. Para Jonny Jaramillo, comunero de Ranguas, la transformación del paisaje es una herida abierta en la memoria: "Yo cuando era niño, todo esa montaña negra era puro nevado. Hoy nos queda solamente un pedacito de hielo". Su testimonio no es solo nostalgia; es la evidencia empírica de una crisis climática que amenaza con dejar sin agua a las futuras generaciones de la Cordillera Blanca.

Ante esta realidad, surge una esperanza: la propuesta de creación del Área de Conservación Regional (ACR) Champará-Coyllorcocha. Se trata de un esfuerzo articulado entre el Estado y cuatro comunidades campesinas —Kiman Ayllu, Ranguas, Yanac y Quitaracsa— para proteger un ecosistema que funciona como un corredor natural de vida, conectando directamente con la Reserva de Biosfera Huascarán.

Las cifras son devastadoras. Según Alexzander Santiago Martel, especialista en hidrología y glaciología del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM), en los últimos 58 años, el Perú ha perdido más del 56% de sus glaciares.

Pero el problema no termina con el deshielo. La roca que queda expuesta al oxígeno genera un proceso químico peligroso: la acidificación de las aguas. "Hay aguas que ya no sirven para el consumo humano, ni para riego, y mucho menos para la agricultura", sentencia el experto del INAIGEM, alertando sobre el riesgo para los bofedales y la biodiversidad que depende de estas fuentes.

Dina Quispe, presidenta de la comunidad de Ranguas, enfatiza que la agricultura familiar, el sustento diario, depende enteramente de la salud de la puna y el nevado. Es por ello que las autoridades locales han tomado una postura firme. Carlos Pinedo, alcalde de Yanac, asegura que la organización comunal busca frenar amenazas externas: "Nos estamos organizando con la reforestación y la creación de represas. Queremos mantener nuestro distrito sano y consumir agua saludable".

Vidal Rondón, coordinador del Instituto de Montaña, destaca la singularidad de este proceso: "Esta es la primera vez que el Gobierno Regional de Áncash impulsa la creación de un ACR". El objetivo va más allá de prohibir actividades; busca fortalecer prácticas locales como el turismo responsable, el uso tradicional de plantas andinas y la vigilancia comunal.

La propuesta del ACR Champará-Coyllorcocha es, en última instancia, un pacto intergeneracional. Jorge Moreno, presidente de la comunidad Kiman Ayllu, lo resume con claridad lapidaria: "Si no seguimos con el ACR, se van a acabar los glaciares y los ríos. Mañana más tarde, nuestros hijos y nietos tienen que seguir con estos recursos naturales no contaminados. Es el futuro de nuestras comunidades".

La carrera contra el tiempo para salvar el agua y los últimos glaciares de Áncash

A más de 15 horas de viaje desde Puerto Maldonado, en una de las zonas más remotas y biodiversas del Perú, se libra una batalla silenciosa por la vida. A orillas del río Tahuamanu, frontera natural con el Parque Nacional Alto Purús, un ejército de pequeñas tortugas avanza con determinación hacia el agua. Son más de 1.500 crías de taricayas (Podocnemis unifilis), de apenas 15 días de nacida, que llevan sobre sus caparazones la esperanza de restaurar el equilibrio ecológico de la Amazonía.

El evento tuvo lugar en el puesto de vigilancia "Luchador" de la concesión forestal Maderacre. Allí, técnicos de la Gerencia Forestal, guardaparques del SERNANP y custodios de la empresa privada fueron testigos de cómo estas criaturas, tan pequeñas que cinco de ellas caben en la palma de una mano, se sumergían en el río para iniciar un viaje incierto pero vital.

La liberación de estas tortugas trasciende la conservación ambiental; es también un acto de responsabilidad social hacia los Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI).

"La conservación de esta especie es importante para tener un ecosistema fluvial saludable, pero también porque las taricayas constituyen la alimentación de las poblaciones indígenas en aislamiento, sobre todo en épocas secas", explicó el Ing. Luis Ñaña Soloacaya, Jefe de Manejo Forestal de Maderacre.

En esta zona de alta conservación, los PIACI recorren las riberas recolectando alimentos con mochilas tejidas de hojas de palmera. Al repoblar el río con taricayas, el proyecto asegura que este recurso vital siga disponible para su subsistencia, tal como lo destacó la antropóloga Leslie Monteagudo Ccencho.

La taricaya, aunque emblemática, se encuentra en situación vulnerable (Apéndice II de la CITES) debido a la caza indiscriminada y el saqueo de sus huevos por pescadores ilegales que abastecen los mercados locales. Su ciclo reproductivo lento agrava el peligro.

Para contrarrestar esto, el proyecto implementa un riguroso sistema de manejo que asegura la supervivencia de los especímenes antes de devolverlos a la naturaleza.

Este esfuerzo conjunto en el corazón de Madre de Dios demuestra que la convivencia entre concesiones forestales sostenibles, áreas protegidas y territorios indígenas es posible. Mientras las pequeñas taricayas desaparecen bajo las aguas del Tahuamanu, la región celebra un paso más hacia la preservación de su esencia amazónica.

Liberan más de 1.500 taricayas para proteger el ecosistema y a los pueblos aislados

En la inmensidad de la Reserva Comunal El Sira (RCESR), la protección del bosque ha dejado de ser una tarea exclusiva del Estado para consolidarse en manos de sus guardianes históricos: las comunidades indígenas. En un paso decisivo hacia la autonomía y la protección territorial, el ECOSIRA ha oficializado la implementación de la vigilancia comunal, fusionando los conocimientos ancestrales sobre la biodiversidad con tecnologías de monitoreo moderno.

Este avance se concretó recientemente con una jornada de capacitación intensiva realizada el 17 y 18 de noviembre, donde 21 vigilantes comunales de las comunidades nativas Madre de Dios, El Solitario y Tsaniveni se reunieron con guardaparques oficiales del sector Pichis. El encuentro, impulsado por el ECOSIRA en cogestión con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), marca un hito en la defensa participativa de esta área protegida.

Durante el encuentro, que funcionó como un espacio de diálogo intercultural, los vigilantes no solo compartieron su lectura tradicional del entorno, sino que fortalecieron capacidades técnicas cruciales para enfrentar los desafíos actuales. La capacitación abarcó el manejo de Sistemas de Información Geográfica (SIG), uso de GPS, radios de comunicación y cartografía, herramientas indispensables para registrar patrullajes y reportar alertas tempranas con precisión.

Más allá de la capacitación, el evento sirvió para formalizar el rol de estos defensores. El ECOSIRA y el SERNANP entregaron las resoluciones de reconocimiento a los comités de vigilancia de las tres comunidades participantes. Este acto administrativo es fundamental, pues otorga legitimidad y respaldo legal a las intervenciones que realizan los comuneros en defensa de sus territorios frente a amenazas externas como la tala ilegal o las invasiones.

Este proceso se enmarca en la "Escuela de Saberes para la Cogestión" de la Asociación Nacional de Ejecutores de Contrato de Administración de Reservas Comunales del Perú (ANECAP). La iniciativa reafirma que las soluciones más efectivas para la adaptación al cambio climático nacen desde los territorios y con el protagonismo de sus habitantes.

El fortalecimiento de estos comités contó con el respaldo técnico y financiero de aliados estratégicos como CARE Perú y FZS Perú (Sociedad Zoológica de Fráncfort), bajo el proyecto "Paisajes Amazónicos Vivos", y la participación activa de la Asociación de Comunidades Ashaninkas del Valle del Pichis (ANAP).

Con estas acciones, la Reserva Comunal El Sira demuestra que el modelo de cogestión —donde el Estado y las organizaciones indígenas administran juntos el área— es la vía más sostenible para garantizar que los ríos y bosques sigan vivos para las futuras generaciones.

Comunidades indígenas combinan tecnología y saberes ancestrales para blindar su territorio

El biólogo Mario Esparza, investigador con 25 años de experiencia en microbiología, biotecnología y biología molecular, y presidente de la Sociedad Peruana de Microbiología, explica los alcances de la estrategia Wolbachia, que el Ministerio de Salud aplicará entre 2025 y 2027 para reducir la transmisión del dengue en zonas priorizadas. El inicio será en Comas, donde más de 400 mil personas habitan un área con alta incidencia histórica de la enfermedad.

El contexto epidemiológico es grave. La OMS registró hasta junio de 2024 más de 10,9 millones de casos de dengue y 6 500 muertes. En el Perú, el Centro Nacional de Epidemiología reportó en 2024 más de 280 mil casos y 262 fallecimientos, superando las cifras del año anterior. La variabilidad climática, la falta de agua potable, la mala gestión de residuos y la presencia del Aedes aegypti se combinan para sostener el riesgo.

<h2>Una intervención de gran escala en Comas</h2>

El plan contempla liberar semanalmente dos millones de mosquitos portadores de Wolbachia en 6000 puntos distribuidos cada 50 metros, durante 24 semanas, en un área de 20 km². La zona incluye 76 mil viviendas y 18 establecimientos de salud. El objetivo es que los mosquitos portadores transmitan la bacteria a la población local de vectores y modifiquen su capacidad de transmitir el virus.

Esparza explica que Perú presenta condiciones ambientales que favorecen al vector, con temperaturas cálidas en meses que impulsan la reproducción de larvas y adultos, especialmente en regiones tropicales y amazónicas. Señala también que el país ha vivido episodios emblemáticos que visibilizaron el impacto del dengue: “Nosotros somos uno de los países bien afectados en las últimas décadas y en los últimos años”, recuerda.

Frente a esta situación, insiste en que el dengue genera altos costos al Estado y que durante años no se han implementado estrategias suficientemente eficaces para controlar al mosquito. El papel de los biólogos, afirma, ha sido decisivo en crisis anteriores como la pandemia, y vuelve a serlo ahora en el control del vector.

La bacteria Wolbachia, de presencia natural en varios insectos, se cultiva en laboratorio e introduce en larvas o adultos del mosquito. Una vez dentro del organismo, altera funciones vitales, reduce su capacidad reproductiva y, en algunos casos, puede ser letal. Esta afectación disminuye la población de vectores capaces de transmitir el virus.

Esparza describe el efecto: “Cuando el zancudo está infectado con la bacteria, esta le causa un efecto letal a la larva o al zancudo, en algunos casos la hembra ya no puede reproducirse, desde el punto de vista biológico hay un control. No estamos diciendo que esto va a acabar con el dengue, pero van a disminuir las tasas de infección porque ahora hay zancudos enfermos que no van a cumplir su función de ser hematófagos, por decirlo así, o si lo logran hacer, no se van a poder reproducir, las tasas de infección van a disminuir”.

La evidencia internacional respalda el método: países como Brasil, Colombia, Pakistán y Sudáfrica han registrado disminuciones en la transmisión tras aplicar esta estrategia. Sin embargo, Esparza subraya que cada territorio tiene condiciones distintas, por lo que en el Perú se realizarán experimentos y protocolos específicos, acompañados de información clara a la ciudadanía.

Biotecnología contra el dengue: evaluación de la estrategia Wolbachia

La Amazonía peruana enfrenta una crisis silenciosa pero devastadora en la región Ucayali. Un análisis exhaustivo sobre la pérdida de cobertura forestal durante los últimos once años ha arrojado cifras alarmantes que evidencian el fracaso de los mecanismos de control estatal. Entre 2013 y 2023, la región perdió un total de 371,196 hectáreas de bosque, una superficie equivalente a aproximadamente 452,678 campos de fútbol. Lo más grave de este hallazgo es que el 98.63% de esta actividad se realizó al margen de la ley, sin contar con las autorizaciones administrativas correspondientes.

El estudio, elaborado por Proética y la Red Anticorrupción Forestal de Ucayali, detalla que de toda la superficie deforestada, apenas 5,083 hectáreas contaron con el permiso formal de las autoridades competentes, como el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) o la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre (GERFFS). El inmenso resto, más de 366 mil hectáreas, fue arrasado ilegalmente. Este escenario de informalidad sistémica no solo representa un daño ecológico irreversible, sino también una millonaria pérdida económica para el Estado, que dejó de percibir los pagos por derechos de aprovechamiento y compensación que sí abonaron el exiguo porcentaje de actores legales.

El análisis temporal de los datos identifica al año 2020 como el punto más crítico de la década. En medio de la emergencia sanitaria por la COVID-19, mientras la atención pública y los mecanismos de fiscalización se reducían drásticamente debido a las restricciones, la deforestación alcanzó su pico histórico con 47,267 hectáreas perdidas en un solo año. La falta de control en campo facilitó el avance desmedido de actividades ilícitas, demostrando la vulnerabilidad de los bosques ante la ausencia del Estado. Aunque las cifras mostraron una ligera disminución en los años posteriores, el problema sigue latente y lejos de resolverse.

Geográficamente, la devastación no ha sido homogénea. La provincia de Coronel Portillo se sitúa como el epicentro de la destrucción, concentrando el 42.38% de toda la pérdida de bosque regional, con más de 157 mil hectáreas desaparecidas. Esta presión sobre el territorio se atribuye principalmente a la expansión de monocultivos como la palma aceitera y el cacao, así como al tráfico de tierras. El informe destaca que la mayor incidencia de deforestación ocurre en parcelas pequeñas de entre una y cinco hectáreas, lo que sugiere un patrón de cambio de uso de suelo hormiga que termina consolidando grandes extensiones agrícolas sin planificación técnica. En contraste, la provincia de Purús se mantiene como la menos afectada, conservando gran parte de su integridad ecológica.

El panorama se complica aún más con la reciente promulgación de la Ley N° 31973, conocida por las organizaciones civiles como la "Ley Antiforestal". El informe advierte que esta modificación normativa, aprobada por el Congreso, facilita que los predios deforestados ilegalmente antes de su vigencia puedan ser reclasificados automáticamente como áreas agropecuarias. Esta medida, lejos de solucionar el problema, valida las conductas ilícitas del pasado, fomenta el acaparamiento de tierras y crea un peligroso precedente de impunidad que beneficia a quienes destruyeron el patrimonio forestal sin autorización, debilitando la gobernanza ambiental y vulnerando los derechos de los pueblos indígenas.

Frente a esta realidad de desgobierno, el documento insta a fortalecer la coordinación entre el SERFOR, el Gobierno Regional de Ucayali, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) y el OSINFOR. Las organizaciones autoras del estudio concluyen que es imperativo mejorar la eficacia de los controles, implementar sistemas de alerta temprana y protocolos de actuación interinstitucional para frenar la sangría de los bosques. Sin una respuesta firme que sancione los delitos ambientales y promueva la restauración de los ecosistemas degradados, Ucayali corre el riesgo de convertir su riqueza natural en tierras áridas y conflictos sociales permanentes.

Ucayali bajo asedio: El 98% de la deforestación en la última década fue ilegal

Si el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SINANPE) ha sido históricamente una "isla de eficiencia" en el Estado peruano, el reto para la próxima década es que deje de ser una isla y se convierta en un motor de desarrollo conectado con la realidad regional y local. Esa fue la conclusión central del panel "Áreas Naturales Protegidas: ¿A dónde vamos?", dónde se trazaron los desafíos urgentes frente a la crisis climática y de biodiversidad.

<h3>La deuda azul y el mito de la pesca</h3>

El Perú enfrenta una carrera contra el tiempo en sus océanos. Jimpson Dávila, representante de la SPDA, advirtió que mientras la meta global exige proteger el 30% de los océanos para el 2030, el mundo —y el Perú— apenas ronda el 8%.

Para cerrar esta brecha, el Sernanp ha anunciado la potencialidad de establecer tres nuevas áreas marinas protegidas. Sin embargo, Dávila subrayó que no basta con crear áreas en el papel; se requiere un diseño con enfoque de "paisaje marino" que respete las rutas migratorias y, sobre todo, tecnología para la vigilancia. "Nadie sabe qué sucede a 100 km de la costa... tener embarcaciones cuesta entre 30 mil y 35 mil soles por viaje. Lo que necesitamos es un centro de monitoreo satelital", señaló el especialista.

Asimismo, se desmitificó el conflicto con la pesca: la evidencia científica confirma que las áreas protegidas funcionan como "viveros" que aumentan la biomasa, beneficiando tanto a la pesca artesanal como industrial fuera de sus límites.

<h3>El "boom" de la conservación privada</h3>

Eduardo Jackson, representante de las Áreas de Conservación Privada (ACP), destacó un renacer en la conservación voluntaria. Actualmente existen 146 ACP en el Perú y hay otras 29 propuestas en evaluación. Un dato revelador es el creciente interés corporativo: de las siete empresas que hoy son titulares de una ACP, seis fueron reconocidas en los últimos cinco años.

No obstante, Jackson advirtió sobre la vulnerabilidad jurídica, denunciando que se establecen petitorios mineros sobre áreas de conservación privada. Ante esto, urgió mejorar la capacidad de defensa legal y retomar la discusión sobre incentivos fiscales que, cinco años después de ser propuestos, aún son incipientes.

<h3>Inversión: Récord de rentabilidad vs. Economías Ilegales</h3>

En un contexto de incertidumbre económica, la conservación ha demostrado ser una inversión rentable. Stefanie Delgado, de Profonanpe, reveló que el 2025 ha sido un "año extraordinario" para los fondos ambientales. La institución gestiona actualmente 258 millones de dólares (107 millones enfocados en ANP), logrando un rendimiento neto del 11% a octubre de este año, casi duplicando su meta financiera original del 6.6%.

Pese a estos números positivos, Luis Alfaro, de la iniciativa Patrimonio Natural del Perú, puso el dedo en la llaga sobre la escala de la inversión. Aunque el presupuesto público para ANP rompió récords este año, esta cifra palidece frente a otros mecanismos. "Si no escalamos, no vamos a poder competir con ese enorme monstruo que pisa fuerte", alertó Alfaro, refiriéndose a las economías ilegales que ofrecen hasta el 20% de ganancias a las comunidades, cifras con las que ningún bionegocio actual puede competir. Alfaro recordó que existen 21,000 millones de soles en "Obras por Impuestos" que el sector conservación aún no ha logrado aprovechar plenamente.

<h3>Gobernanza: El eslabón regional</h3>

Daniel Coronel, de la ONG Mecanismos de Desarrollo Alternos (MDA), señaló que la eficiencia del sistema nacional debe trasladarse a los Gobiernos Regionales. Con cerca de 30 propuestas de Áreas de Conservación Regional (ACR) en camino, preocupa la debilidad institucional y la alta rotación de personal en las regiones, lo que dificulta gestionar estos espacios frente al avance de economías ilegales.

<h3>Reflexión Final: "Al servicio de la gente"</h3>

El cierre estuvo a cargo de José Carlos Nieto, jefe del Sernanp, quien reafirmó la filosofía que guía su gestión: "No pongas en el centro a las áreas protegidas, ponlas al servicio de la gente".

Nieto reconoció que el contexto mundial de precios altos del oro y cultivos ilícitos presiona los territorios, pero se mostró abierto a explorar nuevas estrategias de conservación —incluso temporales— que no requieran modificar la Ley de Áreas Naturales Protegidas, evitando así riesgos políticos. El mensaje final fue de integración: el mundo ambiental debe dejar de verse fragmentado para asegurar que la biodiversidad sea sinónimo de desarrollo para todos los peruanos.

La hoja de ruta de las Áreas Naturales Protegidas hacia el 2030

Perú busca acelerar su transición hacia un modelo económico sostenible mirando hacia el norte de Europa. En una reciente mesa de trabajo estratégica, la Unión Europea (UE), la Embajada de Finlandia y Business Finland presentaron ante el gobierno peruano y los principales gremios empresariales la iniciativa "Finlandia Circular", un programa diseñado para transferir el know-how del primer país del mundo en adoptar una hoja de ruta estatal para la economía circular.

El encuentro no fue solo protocolar; reunió a los tomadores de decisiones de los ministerios clave (Ambiente, Producción, Comercio Exterior y Agricultura) con la fuerza productiva del país, representada por la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), ADEX y AGAP. El objetivo: dejar de ver la economía circular como teoría y empezar a aplicarla como estrategia de competitividad.

<h3>El espejo finlandés</h3>

Durante la sesión, representantes de SITRA (Fondo de Innovación de Finlandia) expusieron cómo su país logró integrar soluciones sostenibles en sus industrias desde 2016. La experiencia finlandesa es vista como el "patrón oro" global, al haber logrado desacoplar el crecimiento económico del consumo excesivo de recursos naturales.

Este intercambio se enmarca en la estrategia Global Gateway de la UE, que a través de su Centro de Recursos de Economía Circular busca facilitar tecnologías y modelos de negocio a socios en América Latina.

<h3>El reto: Bajar a los territorios</h3>

Si bien Perú ya cuenta con una Hoja de Ruta Nacional al 2030 —un proceso acompañado por la UE desde 2018—, el desafío actual es la implementación descentralizada.

Tatiana García, responsable de Medio Ambiente y Cambio Climático de la UE en Perú, fue enfática sobre la nueva etapa de esta cooperación:

“El siguiente paso es llevar la circularidad a los territorios, donde se encuentran las empresas y las cadenas de valor. Desde el Programa 'Negocios Sostenibles' de la UE estamos apoyando a sectores y regiones priorizadas para impulsar negocios sostenibles y acelerar una transformación que el Perú ya inició con determinación”, señaló la funcionaria.

<h3>Hacia el WCEF 2026</h3>

La reunión concluyó con una propuesta ambiciosa que pondría a Perú en la vitrina mundial de la sostenibilidad: se planteó que el IX Foro Internacional de Economía Circular (FIEC) sea coorganizado con Finlandia.

Además, se busca que este evento sea considerado una fecha oficial dentro del calendario del World Circular Economy Forum 2026 (WCEF), lo que consolidaría al Perú no solo como un receptor de cooperación, sino como un actor líder en la discusión climática y económica de la región.

Perú busca replicar el modelo finlandés de economía circular en sus regiones

En la vasta espesura de Madre de Dios, la economía no solo depende de la minería o el turismo; depende de los árboles gigantes que dominan el dosel amazónico. La castaña, considerada el "oro ecológico" de la región, ha dado un paso decisivo hacia su modernización con la presentación de la Hoja de Ruta para la Castaña Amazónica al 2030.

Este ambicioso documento no es solo un plan de negocios, sino una estrategia de supervivencia y desarrollo territorial. Actualmente, la recolección de castaña abarca más de un millón de hectáreas de concesiones activas —el 29% del territorio regional— e involucra a más de 15,000 personas en su cadena de valor.

El valor de la castaña trasciende los US$ 35 millones que genera anualmente en exportaciones. Según el diagnóstico que sustenta la Hoja de Ruta, esta industria es la principal barrera contra la deforestación en la zona, con un potencial de captura de carbono estimado en 44 millones de toneladas de CO₂ al año.

Sin embargo, el sector enfrenta desafíos de informalidad, brechas tecnológicas y relevo generacional. Para enfrentar esto, la hoja de ruta ha sido elaborada con el acompañamiento técnico de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el CITEproductivo Madre de Dios (ITP/Produce), bajo el liderazgo de la Mesa Técnica Regional.

La estrategia al 2030 introduce el concepto de "transición justa" en la selva peruana. Esto implica que la modernización del sector no dejará a nadie atrás. El plan busca que la castaña sea sinónimo de trabajo decente, alejándose de la precariedad laboral histórica de la recolección, y fomentando productos con valor agregado innovador.

Uno de los ejes más novedosos de la propuesta, es la urgencia de asegurar el relevo generacional. Se busca que los jóvenes vean en el bosque un futuro rentable y no migren a otras actividades extractivas ilegales. Asimismo, se plantea fortalecer el liderazgo de las mujeres en toda la cadena productiva, desde la recolección hasta la gerencia de las MYPEs.

La Hoja de Ruta establece metas claras para la próxima década, pero su éxito dependerá de una coordinación sin precedentes. La ejecución requiere la sinergia entre asociaciones de castañeros, empresas "tractoras", gobiernos locales y entidades nacionales como Serfor, Midagri, Minam y Produce.

Asimismo, el respaldo de la cooperación internacional y ONGs (WWF, BID, Wyss Academy) será crucial para financiar la transformación. La meta está trazada: convertir a la castaña de Madre de Dios en un modelo global de bioeconomía, donde la rentabilidad camine de la mano con la conservación del bosque.

Lanzan Hoja de Ruta para transformar la industria de la castaña amazónica en Madre de Dios al 2030

La reciente aprobación en primera votación de la extensión del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) hasta diciembre de 2026 ha encendido las alarmas en la sociedad civil. Diversos especialistas advierten que, de ratificarse esta medida sin una reforma integral, se abrirá la puerta para que el dinero de la minería ilegal se infiltre en los próximos procesos electorales.

Durante el webinar “El REINFO y la extensión de la impunidad”, organizado por el Observatorio de Minería Ilegal y la ONG DAR, Nicolás Zevallos, director del Instituto de Criminología, presentó cifras alarmantes. La producción de oro ilegal en el Perú genera cerca de 4.000 millones de dólares anuales.

“Con ese dinero alcanza para financiar 1.460 campañas presidenciales. Imaginemos que solo se use el 1% de ese monto: ya representa una gigantesca amenaza para el país”, advirtió Zevallos, subrayando el riesgo de captura del poder político por parte de economías delictivas.

La preocupación no solo radica en la fecha límite. Se alertó sobre la intención legislativa de reincorporar al sistema a 50.000 inscritos en el REINFO que habían sido excluidos en julio de este año.

César Ipenza, abogado experto en materia ambiental, recordó que insistir en esta norma contraviene un fallo del Tribunal Constitucional de abril pasado, el cual exhorta a no establecer exenciones de responsabilidad penal bajo la excusa de la formalización. “Esta nueva ampliación genera que el Estado persista en el incumplimiento de sus obligaciones ambientales”, señaló.

Las consecuencias de esta decisión política se sienten en los territorios. Julio Cusurichi, líder de AIDESEP, denunció que la norma pone en mayor riesgo la vida de los defensores ambientales indígenas, mientras que la exministra Paola Bustamante advirtió sobre la exposición de niños y adolescentes a la trata de personas en zonas mineras.

Con la segunda votación pendiente, el Congreso tiene en sus manos la decisión de corregir el rumbo o profundizar una crisis que amenaza la institucionalidad democrática y la biodiversidad del país.

Advierten que extensión del REINFO hasta 2026 financiaría campañas políticas con dinero del oro ilegal

Los bosques submarinos que bordean la costa del Pacífico de Sudamérica se encuentran en una "marcha forzada" hacia la extinción local. Un reciente estudio publicado en la revista científica PLOS ONE, titulado "Kelps en movimiento", proyecta un escenario crítico para el año 2050: las dos especies de algas más importantes de la región podrían perder cerca del 60% de su hábitat actual debido al cambio climático.

Estas algas, conocidas científicamente como Lessonia berteroana y Lessonia spicata (y popularmente como huiro negro o aracanto), no son simples plantas marinas. Son "ingenieros del ecosistema": proveen refugio a cientos de especies, actúan como barrera natural contra el oleaje, secuestran carbono y son el sustento de una millonaria industria pesquera en Perú y Chile.

<h3>Un retroceso alarmante</h3>

Los investigadores utilizaron modelos de distribución de especies bajo diferentes escenarios climáticos para mediados de siglo y los resultados son contundentes. Se prevé una pérdida de hábitat del 60,6% para la Lessonia berteroana, siendo la variación en la salinidad del agua el factor determinante para su declive; mientras que para la Lessonia spicata, los modelos indican una pérdida potencial del 58,6%, impulsada principalmente por el aumento de la temperatura superficial del mar.

El estudio advierte que la combinación del calentamiento global con eventos cíclicos como El Niño (ENSO) y la histórica sobreexplotación comercial está creando una "tormenta perfecta" para estos organismos.

<h3>La "Zona Cero" de la extinción</h3>

El hallazgo más preocupante del estudio es la identificación de una zona de desaparición casi total. Los modelos predicen una contracción drástica entre los 14° Latitud Sur y los 25° Latitud Sur.

En términos geográficos, esto significa que las especies de Lessonia podrían desaparecer localmente en una franja de más de 1.000 kilómetros, que abarca aproximadamente desde Pisco (Perú) hasta Taltal (Chile). Esta alteración profunda dejaría a los ecosistemas costeros de esta zona desprovistos de su estructura biológica principal.

<h3>¿Migrar o morir?</h3>

El título del estudio, "Kelps en movimiento", hace referencia al desplazamiento de las áreas habitables. A medida que las aguas se calientan y las condiciones cambian, las áreas aptas para estas algas se mueven hacia el sur, buscando aguas más frías. Sin embargo, las algas no pueden "caminar"; su expansión depende de la dispersión de esporas y la disponibilidad de sustrato rocoso.

Si las condiciones cambian más rápido de lo que las especies pueden adaptarse o dispersarse, el resultado es la extinción local.

<h3>Un llamado urgente a la conservación</h3>

Los autores del estudio subrayan que estos resultados no son solo una predicción académica, sino una base científica para la acción inmediata. La desaparición de estos bosques de algas disminuiría drásticamente los servicios ecosistémicos, afectando la biodiversidad marina y la economía de las comunidades costeras que dependen de la recolección de algas y la pesca asociada.

El informe concluye con la urgente necesidad de implementar estrategias de gestión proactivas. Ya no basta con regular la cuota de extracción; es necesario diseñar planes de conservación que consideren los refugios climáticos (las áreas donde las algas lograrán persistir, que se estima serán solo entre el 30% y el 58% del territorio actual) para mitigar el declive de estos invaluables bosques submarinos.

El cambio climático amenaza con borrar el 60% de los bosques submarinos entre Perú y Chile al 2050

La tensión se ha desbordado en la Amazonía central. En las últimas semanas, los pobladores, investigadores y trabajadores del Área de Conservación Privada (ACP) Panguana, ubicada en Yuyapichis (Huánuco), han comenzado a recibir amenazas directas contra su integridad. Esta ola de hostilidad surge como represalia inmediata tras una serie de operativos de interdicción ejecutados por el Estado, los cuales lograron destruir maquinaria pesada perteneciente a cuatro de los principales grupos de minería ilegal que operan en la provincia de Puerto Inca.

Según reporta el Observatorio de Minería Ilegal (OMI), los ataques se dirigen específicamente contra quienes residen y laboran en la Estación Biológica Panguana. Si bien la intervención de la Policía Nacional, la Marina de Guerra y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental fue un golpe necesario contra la actividad ilícita, la presencia de estas fuerzas fue temporal. Su retirada ha dejado a los defensores ambientales en una situación de extrema vulnerabilidad frente a redes criminales que buscan intimidar y frenar cualquier intento de fiscalización en la zona.

La respuesta administrativa del Estado avanza con lentitud frente a la urgencia del peligro. Aunque la Subprefectura de Yuyapichis otorgó garantías personales a los miembros del ACP el pasado 18 de septiembre de 2025, las organizaciones advierten que esto es insuficiente. Desde agosto de 2025, se solicitó al Ministerio de Justicia la incorporación formal de estas personas en el registro oficial de defensores ambientales, un trámite que permanece en curso mientras el riesgo en el terreno escala día a día.

Las organizaciones civiles alertan que el clima de violencia evidencia un grave incremento del riesgo para la vida de los custodios del bosque. Advierten que la protección estatal actual no alcanza para contener a un crimen organizado que se expande sin control y que ha reaccionado con agresividad ante la pérdida de sus activos. Lo que antes era un riesgo latente, hoy es una confrontación abierta que pone en jaque la continuidad de la conservación en este territorio.

Ante este escenario crítico, un bloque de instituciones —que incluye a la Sociedad Zoológica de Fráncfort, Conservación Amazónica (ACCA), la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y otras ONG— ha emitido un pronunciamiento exigiendo una intervención multisectorial urgente. Instan al Ministerio del Interior, al Ministerio del Ambiente y a la Presidencia del Consejo de Ministros a adoptar medidas inmediatas para desarticular a los grupos criminales, más allá de operativos aislados.

La exigencia central es clara: el Poder Ejecutivo debe garantizar una presencia constante en la zona y condiciones reales de seguridad alineadas con estándares de derechos humanos. Sin una estrategia sostenida que proteja a los defensores y frene la expansión minera, el ACP Panguana y su comunidad permanecerán a merced de las represalias de las economías ilegales.

Huánuco: Defensores de la ACP Panguana bajo asedio y amenazas tras golpes a la minería ilegal en Yuyapichis

Los datos oficiales revelan una realidad alarmante. Entre el año 2001 y 2024, el Perú ha perdido el 4.4% de sus bosques amazónicos, lo que se traduce en más de tres millones de hectáreas. El ritmo de esta destrucción es vertiginoso: el promedio de pérdida supera las 133 mil hectáreas por año.

Para dimensionar la gravedad, Benites Barrón ilustra que cada tres minutos se pierde una extensión de bosque amazónico equivalente a una cancha de fútbol. En términos internacionales, la superficie perdida en lo que va del siglo equivale a 542 veces la isla de Manhattan.

Esta tendencia no solo afecta al Perú. Estudios sugieren que, para el año 2050, la Amazonía podría alcanzar un punto de no retorno, perdiendo su capacidad de recuperación natural. Esto agrava el contexto del cambio climático, ya que la deforestación libera gases de efecto invernadero que intensifican fenómenos como olas de calor y pérdida de biodiversidad.

<h2>El oro y la economía ilegal como motores</h2>

Las causas de este fenómeno son múltiples y complejas. Una de las principales amenazas es la minería ilegal, impulsada por el precio histórico del oro, que en 2025 alcanzó los cuatro mil dólares la onza y se proyecta a cinco mil para 2026. Ante tal incentivo económico, no existe autoridad o ley que logre frenar la degradación de los ecosistemas.

Esta actividad, visible desde el aire como grandes manchas de barro que rompen el bosque verde, se ha expandido desde Madre de Dios hacia otras regiones como Huánuco, la frontera con Ecuador y la cuenca del río Nanay en Loreto. Se estima que entre el 30% y el 70% de las exportaciones de oro podrían tener un origen ilegal.

Además de la minería, existen otras causas determinantes como las invasiones por tráfico de tierras, que representan una constante en la región, así como el cambio de uso de suelo para aprovechamiento agrícola o cultivos ilegales, una práctica que se está extendiendo hacia la frontera con Brasil; a esto se suman los incendios forestales, mayormente provocados por causas humanas con el fin de ampliar la frontera agrícola y que alcanzaron récords mundiales en 2024.

<h2>La ineficiencia estatal y la necesidad de una visión territorial</h2>

A pesar de contar con legislación forestal y compromisos internacionales como el Acuerdo de París, la respuesta del Estado es insuficiente. Benites Barrón describe la organización estatal como un "feudalismo" donde la visión centralista y sectorial genera ineficiencia. Las direcciones regionales carecen de recursos y deben coordinar con ministerios en Lima para los cuales la Amazonía suele ser la última prioridad.

El Perú se comprometió a reducir sus emisiones entre un 30% y 40% para el 2030, pero la deforestación, que causa más de la mitad de estas emisiones, aumentó justamente en años clave como el 2020.

Para combatir esto, se requiere una decisión política integral y una visión territorial que supere el enfoque sectorial. Existen iniciativas prometedoras como el Programa REDD+ Jurisdiccional Indígena (RIJ), lanzado en 2024, que busca financiar la conservación en territorios indígenas mediante mercados de carbono. Sin embargo, sin una estrategia unificada, la deforestación seguirá ganando terreno; de hecho, en el tiempo que toma leer este artículo, varias "canchas de fútbol" de bosque ya han desaparecido.

La imparable crisis de la deforestación

La errática travesía del buque Spiridon II, que navegó durante meses con miles de vacas a bordo tras ser rechazado en su puerto de destino, ha sido la gota que colmó el vaso. Organizaciones de bienestar animal de todo el mundo, lideradas desde Australia bajo la coalición Stop Live Exports, han lanzado una ofensiva diplomática dirigida a la Organización Marítima Internacional (OMI), la máxima autoridad náutica de las Naciones Unidas.

El objetivo es claro: que la OMI deje de ser un espectador y establezca regulaciones internacionales vinculantes que terminen con el "vacío legal" que permite el sufrimiento extremo del ganado, riesgos para las tripulaciones y daños al medio ambiente marino.

El caso que encendió las alarmas comenzó el pasado 19 de septiembre, cuando el Spiridon II partió de Montevideo (Uruguay) con 2,901 vacas rumbo a Turquía. Sin embargo, al llegar a la costa de Bandirma el 22 de octubre, las autoridades turcas rechazaron la descarga debido a controversias sobre el origen y la trazabilidad de los animales.

Lo que siguió fue un periplo marcado por la opacidad. El 14 de noviembre, el armador anunció el regreso a Uruguay, pero cuatro días después, el sistema de identificación automática (AIS) de la nave fue desconectado frente a Túnez, convirtiéndolo en un "barco fantasma".

La nave reapareció el 22 de noviembre en Bengasi (Libia), donde se presume que desembarcó el ganado tras semanas de incertidumbre. Posteriormente, tras un breve anuncio de viaje a Egipto, el buque cambió de rumbo hacia Beirut (Líbano), donde permanece desde el 10 de diciembre, ya vacío ("en lastre"), cerrando un ciclo comercial marcado por el sufrimiento animal.

En su carta al Secretario General de la OMI, la coalición Stop Live Exports, respaldada por los informes técnicos de la ONG francesa Robin des Bois y la Animal Welfare Foundation, plantea una serie de demandas urgentes para evitar que se repitan crisis como la del Spiridon II. La organización exige establecer regulaciones internacionales vinculantes que normen el diseño de los buques ganaderos, garantizando así la estabilidad, la ventilación adecuada y la seguridad tanto de los animales como de la tripulación. A su vez, solicitan la implementación de planes de contingencia obligatorios que eliminen el riesgo de viajes indefinidos, forzando a los transportistas a asegurar la capacidad de descarga y gestión del ganado en estaciones de cuarentena si el país de destino niega el ingreso. Finalmente, la coalición requiere una auditoría ambiental exhaustiva sobre la disponibilidad de instalaciones portuarias para recibir desechos y cadáveres, con el fin de investigar el cumplimiento del Convenio MARPOL y frenar el vertido impune de carga orgánica en alta mar.

La iniciativa se sustenta en un informe de marzo de 2024 sobre 64 transportistas de ganado homologados por la UE, que ya advertía sobre la precariedad de esta flota. Ahora, la pelota está en la cancha de la OMI, mientras la sociedad civil vigila de cerca si la institución global tomará medidas para limpiar una industria manchada por la crueldad y la falta de transparencia.

Exigen a la ONU regular el transporte marítimo de ganado

En la vertiente oriental de los Andes, donde el bosque de neblina desciende para encontrarse con la Amazonía, se libra una batalla silenciosa por la biodiversidad. El Área de Conservación Regional (ACR) Q’eros-Kosñipata, un ecosistema estratégico que conecta los páramos altoandinos con la selva baja, ha logrado reactivar su defensa gracias a una alianza entre la sociedad civil, el Estado y las comunidades locales.

La organización Pronaturaleza, con el financiamiento del Fondo de Alianzas para Ecosistemas Críticos (CEPF) y el gobierno de Canadá, implementó el proyecto «Reducción de amenazas y empoderamiento de las mujeres», una iniciativa que ha logrado devolver la gobernanza al territorio.

“Volver a reunirnos nos devolvió la confianza para cuidar el área. Hoy las comunidades saben que conservar también es crecer juntos”, declaró Rosa Huamán, representante de la asociación de apicultoras de Kosñipata, destacando el cambio de mentalidad logrado.

El impacto social es significativo. El proyecto beneficia directamente a más de 200 familias de las zonas colindantes, incluyendo a la emblemática Nación Q’eros (Patrimonio Cultural de la Nación), comunidades campesinas quechua-hablantes como Marcachea y Quico Grande, y la comunidad nativa Q’eros Huachiperi, cuyos líderes participan activamente en la toma de decisiones.

La estrategia aplicada no se limita a la vigilancia; integra la economía local. Bajo un enfoque de economía circular, se ha capacitado a la Asociación de Apicultores, con un fuerte énfasis en el liderazgo femenino. Esto ha permitido que las comunidades produzcan miel con estándares ecológicos, demostrando que el bosque en pie es rentable.

El ACR Q’eros-Kosñipata cuenta ahora con instrumentos de gestión actualizados, incluyendo un Plan de Trabajo y una Estrategia de Vigilancia y Control. Estos documentos, validados por la asamblea general, colocan a esta área protegida al nivel de los espacios más consolidados del Sistema Regional de Conservación del Cusco.

La iniciativa demuestra que en Q’eros-Kosñipata, conservar ha dejado de ser una imposición para convertirse en un tejido social donde el liderazgo local, la equidad de género y la protección ambiental garantizan la permanencia de la vida en los Andes.

ACR Q’eros-Kosñipata reactiva la conservación en los Andes del Cusco

La protección de la biodiversidad en la región Huánuco continúa expandiéndose. La ONG Naturaleza y Cultura Internacional (NCI) anunció el inicio de los estudios técnicos previos para evaluar la creación de una nueva área de conservación en la zona de Huamalíes–Monzón. Asimismo, la organización confirmó que el establecimiento oficial del Área de Conservación Regional (ACR) Yanajanca estaría próximo a concretarse.

Guillermo Maraví Vega Centeno, director ejecutivo de NCI en Perú, destacó que Huánuco se ha convertido en un foco prioritario para la organización debido a su riqueza biológica y a la voluntad política de sus autoridades y población. "Estamos iniciando una nueva propuesta en Huamalíes–Monzón con estudios previos para evaluar las condiciones", señaló Maraví, aclarando que este proyecto se encuentra en una etapa inicial de análisis.

Respecto al ACR Yanajanca, Maraví indicó que su oficialización está muy cerca. Esta propuesta abarca una extensión de más de 212 mil hectáreas, protegiendo ecosistemas vitales como yungas peruanas, páramos y bosques montanos. Esta se sumaría a los logros recientes en la región, donde NCI ya impulsó la creación de las áreas de Carpish y Chonta.

El apoyo de NCI trasciende la gestión legal. Maraví explicó que la organización implementa tecnología de punta para la vigilancia y monitoreo de estas áreas frente a amenazas como la tala, los incendios y la minería ilegal.

"Una vez creada un área, la gestión exige herramientas concretas", afirmó el director. Para ello, la ONG entrega equipos como cámaras trampa para el registro de fauna, drones para monitoreo de altura, binoculares y radios para el control territorial. Estos recursos ya se destinan a Carpish y se replicarán en Chonta y Yanajanca.

A la fecha, NCI ha apoyado la creación de aproximadamente 13 áreas de conservación en el Perú, lo que representa cerca del 60% de las ACR del país. Sin embargo, Maraví remarcó que su rol es de "entidad de apoyo", siendo los gobiernos regionales los responsables finales de la administración y sostenibilidad de estos espacios protegidos.

Además de los avances en Huánuco, la ONG celebró la reciente creación del área Velo de la Novia en Ucayali y anticipó que el ACR Huamantanga, en Cajamarca, podría concretarse en los próximos días.

NCI inicia estudios para nueva área de conservación regional en Huamalíes–Monzón

La biodiversidad del Perú continúa sorprendiendo al mundo. Un equipo de investigadores ha descrito una nueva especie de flora en el corazón de la selva central: la Solanum stellaticalycinum. El hallazgo, realizado en el Parque Nacional Yanachaga Chemillén (PNYCh), confirma una vez más la riqueza biológica de los bosques montanos de la región Pasco, aunque el descubrimiento llega acompañado de una advertencia sobre su fragilidad.

La investigación fue publicada en la prestigiosa revista científica PhytoKeys. El estudio estuvo a cargo de los investigadores Marco Cueva, Ítalo Treviño, Diego Sotomayor, María Isabel Villalba y Sandra Knapp, quienes identificaron esta planta del clado Pteroidea (género Solanum) gracias a material recolectado tanto en los bosques primarios del área protegida como en zonas adyacentes de la provincia de Oxapampa.

La Solanum stellaticalycinum es una hierba de un solo tallo que habita en el sotobosque (la vegetación que crece bajo los árboles), específicamente en altitudes que oscilan entre los 2.399 y 3.000 metros sobre el nivel del mar.

Según el estudio, la planta posee rasgos morfológicos que no habían sido documentados previamente en especies de su grupo, lo que permitió clasificarla como un taxón independiente. Entre sus características distintivas destacan sus pequeños tallos florales de color morado, un cáliz con lóbulos delgados y una corola de pétalos alargados y puntiagudos. Además, sus frutos tienen una forma alargada que termina en punta, un detalle clave para diferenciarla de otras especies similares.

A pesar de la buena noticia que representa este descubrimiento para la botánica peruana, la situación de la Solanum stellaticalycinum es crítica. Hasta la fecha, solo se ha registrado su presencia en tres localidades específicas dentro del parque y su zona de influencia, abarcando un área de distribución de apenas 111,9 km².

Debido a esta fuerte restricción geográfica y ecológica, los autores del estudio han asignado a la especie un estado de conservación preliminar de «En Peligro» (EN), bajo los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Las amenazas son claras: el cambio de uso del suelo, la apertura de trochas carrozables y la expansión de la frontera agrícola en las zonas de amortiguamiento del Parque Nacional Yanachaga Chemillén. Los científicos advierten que, aunque la especie habita un área natural protegida, las presiones humanas en los límites externos generan riesgos significativos para la estabilidad de sus poblaciones.

El descubrimiento resalta el rol estratégico de la Reserva de Biósfera Oxapampa–Asháninka–Yánesha (BIOAY). Este territorio, que integra ecosistemas desde los 250 hasta los 4.200 m.s.n.m., incluye cuatro áreas naturales protegidas, entre ellas el Yanachaga Chemillén.

Este hallazgo ratifica a la BIOAY no solo como un refugio de flora única, sino como un laboratorio vivo indispensable para la ciencia, donde la alta humedad y las pendientes pronunciadas de los bosques montanos aún esconden secretos por revelar.

FLORA OXAPAMPA

Descubren nueva especie de flora en Oxapampa, pero ya se encuentra en peligro de extinción

En un paso decisivo hacia la gestión participativa del territorio amazónico, el centro poblado Aguano Muyuna, la Jefatura del Parque Nacional Cordillera Azul (PNCAZ) y la organización CIMA-Cordillera Azul suscribieron un Acuerdo de Conservación Tripartito. Este pacto busca armonizar la protección de la biodiversidad con el desarrollo económico de las familias que habitan en la zona de amortiguamiento de esta importante área natural protegida.

La ceremonia, realizada en el local comunal de Aguano Muyuna, contó con la presencia de Gustavo Montoya, jefe del PNCAZ; Alex Reátegui, coordinador regional de CIMA; y Joel Álvarez García, alcalde del centro poblado.

Durante el evento, el alcalde Álvarez García destacó la importancia estratégica de esta alianza para su comunidad. “Este acuerdo representa una oportunidad para fortalecer el desarrollo local de la sostenibilidad. Permitirá mejorar las condiciones de vida de las familias, sin comprometer la conservación del bosque”, afirmó la autoridad local.

El documento, que tendrá una vigencia inicial de dos años renovables, establece una hoja de ruta clara. Por un lado, la gestión del Parque (conformada por Sernanp y CIMA) se compromete a brindar asistencia técnica para fortalecer la organización comunal, facilitar la articulación con otras autoridades y acompañar la implementación del "Plan de Calidad de Vida" del centro poblado. Un punto clave será el impulso de actividades económicas compatibles con el paisaje sostenible, buscando consolidar productos con la etiqueta de “cero deforestación”.

Por su parte, la población de Aguano Muyuna asume el liderazgo en la vigilancia comunal para proteger las áreas sensibles del parque y monitorear sus propios avances en calidad de vida. El cumplimiento de estos compromisos será evaluado anualmente mediante un plan de trabajo transparente.

Este nuevo acuerdo no es un hecho aislado en el territorio. Aguano Muyuna ya cuenta con antecedentes exitosos de gestión sostenible a través de la Asociación de Productoras Warmi Llankakunas y la Asociación para la Conservación Yaku Kawsanapa.

Estos emprendimientos, liderados mayoritariamente por mujeres y promotores locales, se han convertido en referentes de cómo la economía local puede prosperar enfrentando la crisis climática global. Con la firma de este nuevo acuerdo institucional, Aguano Muyuna consolida su liderazgo como guardián de la Cordillera Azul, demostrando que la conservación y el bienestar social pueden ir de la mano.

Aguano Muyuna y el Parque Nacional Cordillera Azul sellan acuerdo de conservación y desarrollo sostenible

En el corazón de la selva loretana, entre las provincias de Requena y Ucayali, un extenso corredor de vida silvestre ha dado un paso decisivo para el futuro del planeta. La Concesión para Conservación Yanayacu-Maquía, que abarca 38,699 hectáreas de bosque tropical húmedo, ha sido oficialmente reportada como una OMEC (Otra Medida Efectiva de Conservación Basada en Áreas), integrándose así al esfuerzo internacional de la Meta Global 30x30, que busca proteger el 30% de la Tierra para el año 2030.

Este reconocimiento no es solo un sello administrativo; visibiliza una labor titánica de gestión territorial que, desde 2006, protege siete ecosistemas frágiles, incluyendo aguajales y turberas, fundamentales para la regulación hídrica y el almacenamiento de carbono.

La concesión Yanayacu-Maquía funciona como un santuario para la biodiversidad amazónica. Sus bosques albergan especies emblemáticas y en situación de amenaza como el huapo colorado (Cacajao calvus), el oso hormiguero gigante y la nutria gigante. Sus aguas son el hogar del bufeo gris y el bufeo colorado, indicadores de la salud de los ríos.

"El buen estado de la Concesión Yanayacu-Maquía es gracias a la presencia permanente de cinco aguerridos guardabosques en verano y seis durante la temporada de lluvias", señala Lotty Morey. La concesionaria enfatiza que son estos vigilantes quienes frenan a los extractores ilegales que buscan explotar los recursos de manera insostenible.

Para Morey, el reconocimiento como OMEC es una ventana de oportunidad vital. "Mantener casi 40,000 hectáreas de bosque en su estado natural es un sacrificio enorme en tiempo, energía y recursos financieros. Es necesario incorporar más guardabosques y dotarlos de los medios necesarios", advierte, esperando que este estatus atraiga el financiamiento climático que la zona requiere urgentemente.

Con este reporte, Yanayacu-Maquía se une a una lista creciente de iniciativas privadas exitosas en Perú, como Los Amigos, Taricaya Ecoreserve y Eco Amazonía. Estos casos demuestran que la conservación efectiva trasciende las áreas naturales protegidas por el Estado, dependiendo cada vez más del compromiso de la sociedad civil para asegurar que los pulmones del mundo sigan respirando.

Concesión Yanayacu-Maquía se suma a la meta global 30x30 con casi 40 mil hectáreas protegidas

En un contexto global donde la protección de los bosques es urgente, Madre de Dios se ha convertido en un ejemplo de cómo la economía y la ecología pueden ir de la mano. La castaña amazónica se ha consolidado como el pilar social y financiero de la región, sosteniendo a más de 20 mil familias, lo que representa más del 25 % de la población local.

Este modelo de aprovechamiento demuestra que mantener el bosque en pie es rentable, generando ingresos dignos para las comunidades mientras se asegura la conservación de uno de los pulmones más importantes del planeta.

El impacto económico de la castaña es contundente. Según cifras de la Asociación de Exportadores (ADEX), entre enero y octubre de 2024, los envíos de castaña amazónica peruana al mercado internacional superaron los 34,6 millones de dólares.

Esta cifra representa un crecimiento del 29 % respecto al año anterior, un incremento sustentado en certificaciones ambientales y prácticas responsables que abren puertas en mercados exigentes. Este dinamismo confirma que el bosque vivo es una fuente de riqueza competitiva frente a otras actividades extractivas.

Más allá de los números, la recolección de castaña cumple una función ecológica vital: protege los hábitats de especies emblemáticas como el jaguar, el depredador tope que regula los ecosistemas amazónicos.

Karina Salas, gerente del paisaje Amazonía Sur de WWF Perú, destaca la importancia de este enfoque integral: “La conservación se refuerza con una mirada económica. Mientras se protege el bosque, también se fortalecen las capacidades administrativas y las cadenas de valor. Esta articulación permite asegurar un desarrollo sostenible, garantizando medios de vida dignos y resiliencia local frente al cambio climático”.

El milagro de la castaña en Madre de Dios que sostiene a 20 mil familias y blinda la Amazonía

El arte se ha convertido en el nuevo aliado de la conservación en la región. En un esfuerzo por conectar a la ciudadanía con su patrimonio natural, escolares destacados de la I.E. Rómulo Soto Carrillo unieron su talento al del artista huanuqueño Roberto Alania (Mrober) para crear un mural participativo que rinde homenaje al recientemente establecido Área de Conservación Regional (ACR) San Pedro de Chonta.

La obra, situada en un espacio de alta visibilidad pública dentro del Gobierno Regional de Huánuco, funciona como una ventana visual a la biodiversidad local. El mural destaca especies emblemáticas como el mono choro de cola amarilla, el jacamar y diversas orquídeas nativas, recordatorios vivos de la riqueza que alberga esta nueva área protegida.

La iniciativa, impulsada por la Gerencia de Recursos Naturales del GORE Huánuco y su aliado estratégico, Naturaleza y Cultura Internacional (NCI), trascendió lo estético. Previo a la pintura, los estudiantes participaron en charlas técnicas donde aprendieron que el ACR protege tres ecorregiones vitales: páramos, bosques secos del Marañón y yungas peruanas.

"El mural representará el valor de las áreas de conservación de la región y así más personas se preocuparán en protegerlas", remarcó el Ing. Luis Rodríguez Infante, gerente regional de Recursos Naturales, quien reconoció el rol de los jóvenes como multiplicadores del mensaje ambiental en sus escuelas.

El ACR San Pedro de Chonta no solo es refugio de fauna como el jaguar y el oso andino, sino también un motor de desarrollo sostenible, destacando por su producción de café de especialidad de talla internacional.

Este esfuerzo de conservación y sensibilización ha sido posible gracias al soporte técnico y financiero de organizaciones como Rainforest Trust, Andes Amazon Fund y la iniciativa Conserva Aves, demostrando que la protección de la naturaleza es un trabajo colectivo que involucra desde cooperantes internacionales hasta artistas locales.

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