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Un reciente informe revela que la pérdida de <a href="https://especial.larepublica.pe/la-republica-sostenible/2025/03/17/proyecto-busca-la-conservacion-de-bosques-amazonicos-576079">bosques </a>primarios en los trópicos cayó un 36% a nivel mundial en 2025, en comparación con el récord devastador del año anterior. Según los últimos datos del laboratorio GLAD de la Universidad de Maryland, publicados por Global Forest Watch (GFW), aunque este respiro es alentador, el planeta sigue bajo presión ecológica. El año pasado se perdieron 4,3 millones de hectáreas de estos ecosistemas vitales, el equivalente a talar 11 campos de fútbol por minuto, lo que mantiene a la región sudamericana como el epicentro del riesgo climático mundial.

Tal como advierte la iniciativa Paskay, Brasil, Bolivia, Perú y Colombia concentran actualmente los puntos más críticos de toda Latinoamérica. En el panorama nacional, el informe de GFW señala que el <a href="https://especial.larepublica.pe/la-republica-sostenible/2024/06/03/peru-presenta-plan-de-12-ejes-sostenibles-a-la-ocde-142281">Perú</a> logró reducir la pérdida de sus bosques primarios en un 8% entre 2024 y 2025. Sin embargo, a pesar de esta leve mejoría, el país no logra salir de la lista negra y se mantiene como la quinta nación con mayor pérdida de cobertura forestal a nivel mundial.

Los motores de la deforestación en territorio peruano están claramente identificados: la minería ilegal, la expansión agropecuaria y los fenómenos climáticos extremos. El documento detalla que la tala responde, en gran medida, a la expansión de cultivos de exportación como el cacao y la palma de aceite, así como al avance de las actividades extractivas ilícitas. Un dato que ilustra la gravedad del problema es que la extracción de oro fue la causante del 33% de la pérdida de bosques primarios en Madre de Dios durante las últimas dos décadas.

Frente a esta realidad, el pronunciamiento de la organización Paskay llama a no bajar la guardia y reconoce que los avances existen, pero no están asegurados. La entidad exige escalar urgentemente soluciones basadas en el mercado, fortalecer la trazabilidad de los productos y apostar por estrategias regionales sostenidas. Además, recuerda que proteger los ecosistemas no es solo un tema de conservación, sino también una oportunidad para liderar la acción climática global.

<h2>Contrastes en la región: la voluntad política frente al avance del fuego</h2>

El comportamiento de los países vecinos demuestra que la intervención estatal decidida puede cambiar el rumbo de la Amazonía. Brasil fue el principal motor de la reducción global, al disminuir en 42% la pérdida de sus bosques primarios. Este hito se asocia directamente con la aplicación de políticas ambientales más estrictas, la reactivación del plan PPCDAm y un incremento de 81% en las infracciones impuestas por el organismo ambiental (IBAMA) bajo la actual administración gubernamental.

Colombia también mostró un escenario de recuperación al reducir sus pérdidas forestales en 17%. Este avance se ha visto apoyado por nuevas resoluciones y normativas nacionales que otorgan concesiones forestales a las comunidades rurales. A ello se suma el reconocimiento de amplios territorios indígenas para su autogobierno, lo que empodera a las poblaciones locales en la defensa de sus recursos naturales y en el freno de la tala indiscriminada.

En la otra cara de la moneda se encuentra Bolivia, que registró un escenario catastrófico al alcanzar su segundo nivel histórico más alto de pérdida forestal. El país andino superó incluso a la República Democrática del Congo para ubicarse como la segunda nación con

La deforestación global se desacelera, pero Sudamérica sigue en alerta roja

Deforestación global cayó 36 %, pero Sudamérica sigue como el epicentro de la crisis climática. Conoce aquí qué países son los más afectados.

Deforestación global se frena, pero no en Sudamérica

Frente a la rápida expansión de la minería ilegal y la alarmante falta de acceso a servicios básicos, líderes sociales y comunales de siete provincias de la región San Martín marcaron un hito organizativo. Durante la II Asamblea de Dirigentes por la Defensa del Agua y los Bosques, celebrada el último 30 de abril, acordaron la creación de la primera Defensoría de Agua y Bosques Amazónicos, una instancia ciudadana autónoma que buscará hacer frente a la inacción del Estado en la protección del medio ambiente.

La decisión responde a un diagnóstico territorial crítico. A pesar de que la región cuenta con 2,981 caseríos y 2,569 fuentes hídricas, apenas el 29% de la población sanmartinense tiene acceso a agua segura. A esta grave brecha social se suma una inminente amenaza ecológica: la existencia de 523 derechos mineros que comprometen casi el 3.5% del territorio regional, facilitan la extracción de oro, plata y cobre y exacerban problemas como la tala indiscriminada y la contaminación de los ríos.

Ante lo que calificaron como una respuesta estatal debilitada por la burocracia y la corrupción, las bases populares —integradas por juntas de usuarios, frentes de defensa y autoridades de Lamas, Moyobamba, Rioja, Picota, Huallaga y El Dorado— eligieron a su primer Consejo Directivo. La presidencia recayó en Rómulo Fernández Medina, acompañado por Juan Cortegana en la vicepresidencia y un equipo paritario en las distintas secretarías.

Esta nueva directiva tendrá la misión de ejecutar el plan operativo &#039;Agua Segura 2030&#039;. Sus prioridades serán el cierre de brechas de saneamiento en zonas rurales, la vigilancia de la calidad del agua urbana y la promoción de un uso eficiente del recurso para potenciar la agricultura y el ecoturismo, un sector económico vital que depende en casi un 60% de los atractivos hídricos de la región.

El accionar de la Defensoría se guiará por el plan estratégico &#039;San Martín Verde y Sostenible al 2030&#039;, estructurado sobre cuatro pilares fundamentales: seguridad hídrica, seguridad ambiental, seguridad alimentaria y desarrollo económico sostenible. El reto se enmarca en la defensa de un capital natural invaluable, compuesto por 59 áreas de conservación que protegen más de 665 mil hectáreas de bosque, lo que consolida a la región como un soporte clave frente al cambio climático.

Durante la asamblea, uno de los puntos más álgidos fue el cuestionamiento a las actuales políticas gubernamentales contra las economías ilícitas. Los dirigentes calificaron de limitadas e insuficientes las recientes intervenciones policiales contra la minería ilegal —que dejaron apenas cuatro detenidos—, dada la verdadera magnitud de la devastación. En respuesta, exigieron un plan interinstitucional que emplee tecnología, inteligencia operativa y todo el rigor del marco penal para frenar la expansión descontrolada de las concesiones.

Con la instauración de esta Defensoría, las organizaciones civiles de San Martín lanzan un llamado a la acción nacional. Advierten que proteger las cabeceras de cuenca y los bosques amazónicos ha dejado de ser únicamente una causa ambiental para convertirse en una obligación legal, social y ética indispensable para garantizar la vida, la salud y el equilibrio económico de todo el país.

Crean la Defensoría del Agua y Bosques Amazónicos para frenar la minería ilegal y la crisis hídrica en San Martín

Nueva Defensoría del Agua y Bosques Amazónicos busca frenar la minería ilegal y la crisis hídrica en San Martín. Conoce aquí los detalles.

Crean la Defensoría del Agua y Bosques Amazónicos

La discusión sobre el ingreso de la pesca industrial a las áreas naturales protegidas vuelve al centro del debate nacional. Este jueves 7 de mayo, el Pleno del Congreso tiene previsto debatir el Proyecto de Ley 5666, una iniciativa que propone incorporar el artículo 27-A a la Ley de Áreas Naturales Protegidas para establecer de forma expresa, y con rango de ley, la prohibición de esta actividad a gran escala en todos los espacios marinos y marino-costeros del país.

La urgencia de esta medida se comprende mejor al observar el reciente caso de la Reserva Nacional de Paracas. Durante los últimos años, la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) inició una disputa judicial contra el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) para intentar operar dentro de esta zona. A inicios de este año, la Corte Suprema falló a favor del Estado y ratificó que la prohibición responde al deber constitucional de conservar la biodiversidad y los recursos naturales.

Sin embargo, el fallo judicial no ha eliminado todos los riesgos. Aunque la restricción para la flota industrial existe desde hace más de 25 años en el reglamento, este marco normativo inferior no ha impedido presiones constantes ni controversias legales. El objetivo del PL 5666 es convertir esta regla en una disposición con jerarquía de ley, con lo que se protegen las reservas marinas para evitar que la norma sea reinterpretada o debilitada bajo el argumento de supuestos derechos preexistentes.

Más allá de la jerarquía legal, el proyecto busca enfrentar un grave problema de impunidad generado por un vacío sancionador. En la actualidad, el Estado reconoce que la pesca industrial está prohibida en estas zonas de conservación, pero carece de herramientas efectivas para castigar a quienes incumplen la regla. Esto ocurre porque el Ministerio de la Producción (Produce) eliminó de su cuadro de infracciones la tipificación específica por pescar dentro de áreas prohibidas o reservadas.

Este escenario ha dejado a las áreas marinas en una situación de preocupante vulnerabilidad, agravada por el hecho de que el Sernanp no cuenta con competencias sancionadoras directas frente a la pesca industrial. Debido a este vacío normativo de Produce, multas que ya habían sido impuestas están siendo archivadas. Solo en Paracas, 99 sanciones emitidas durante 2024, equivalentes a más de 12 millones de soles, quedarían sin efecto.

El impacto de permitir, por acción u omisión, el ingreso de flotas industriales va más allá del ámbito ecológico. Espacios emblemáticos como Paracas sostienen el turismo, la pesca artesanal y la economía de cientos de familias locales que dependen de ecosistemas saludables. La inmensa capacidad de extracción de la gran industria amenaza directamente los recursos hidrobiológicos que mantienen a flote a estas comunidades costeras.

Este jueves, el Poder Legislativo tiene la posibilidad de marcar un hito en la conservación marina del Perú. La decisión del Congreso definirá si la protección de las reservas nacionales queda fortalecida definitivamente por ley, respaldando la reciente sentencia de la Corte Suprema, o si estos frágiles ecosistemas seguirán expuestos a los vacíos sancionadores y a las constantes presiones sectoriales.

Congreso decide si protege por ley a Paracas y otras reservas marinas contra la pesca industrial

Congreso debate Proyecto de Ley 5666 que busca proteger a Paracas y otras reservas naturales contra la pesca industrial. Conoce aquí los detalles.

Congreso decide si protege legalmente a Paracas y otras reservas

Durante la primera semana de mayo de 2026, el Perú celebra una nueva edición de la Semana de la Conservación del <a href="https://especial.larepublica.pe/la-republica-sostenible/2025/05/13/peru-lidera-acciones-para-proteger-al-mono-coro-de-cola-amarilla-531128">mono choro de cola amarilla</a> y su hábitat. Esta conmemoración, que cobra especial relevancia tras la promulgación de la Ley N.º 32100 en 2024, que la oficializó en el calendario ambiental del país, busca reforzar el reconocimiento de este primate como un símbolo de la biodiversidad nacional. Impulsada por el <a href="https://especial.larepublica.pe/la-republica-sostenible/2022/12/13/ministerio-del-ambiente-lanza-proyecto-de-manejo-y-restauracion-del-bosque-seco-de-la-costa-norte-del-peru-467">Ministerio del Ambiente</a>, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado y la Asociación Civil Yunkawasi, la campaña Achórate por el mono choro de cola amarilla articula esfuerzos educativos, culturales y productivos en regiones como Lima, San Martín, Amazonas y Junín, e integra a diversas instituciones y comunidades locales.

El mono choro de cola amarilla es una especie exclusiva del Perú que hoy se enfrenta a un escenario crítico. Catalogado en peligro crítico de extinción, se estima que ha perdido más del 80% de su población histórica, y la deforestación constante de los bosques nublados es su mayor amenaza. Frente a esta realidad, Fanny Cornejo, cofundadora y directora de Yunkawasi, señala que la semana conmemorativa es fundamental para que la ciudadanía comprenda el valor de la especie. La especialista destaca que proteger a este animal significa defender su entorno, unos bosques que cumplen un rol insustituible en la producción hídrica. Conservar al mono choro, en sus palabras, es conservar las fuentes de agua que sostienen la vida de muchas comunidades.

La elección de esta fecha tiene un profundo arraigo en la historia ambiental del país. Cada mes de mayo se rinde homenaje a esta especie para recordar el hito del 4 de mayo de 1974, día en que el primate fue redescubierto en la región Amazonas, luego de haber sido considerado extinto por la ciencia durante décadas. Para honrar este legado, del 1 al 7 de mayo se desarrolla una intensa agenda descentralizada que busca movilizar a la población mediante espacios de encuentro ciudadano. La programación incluye eventos destacados como el Festival Achórate en Satipo, realizado el 2 de mayo, seguido de una ponencia magistral sobre biodiversidad en la misma localidad el día 4. Las celebraciones continuarán con el Festival Achórate en Rioja el 6 de mayo y culminarán con un cine-foro y un espacio de diálogo en Lima el 7 de mayo.

El esfuerzo por visibilizar a la especie no es nuevo. Desde el 2023, la iniciativa ha logrado importantes hitos para consolidar al mono choro de cola amarilla como un emblema nacional: la emisión de estampillas conmemorativas, su inclusión en monedas de circulación oficial, la instalación de estatuas y el desarrollo de valiosos materiales educativos. Las autoridades subrayan que la participación de la sociedad civil es la pieza clave para revertir el peligro de extinción. Por ello, Cornejo hace un llamado final a la ciudadanía para que aporte informándose, compartiendo contenido de manera responsable y sumándose a las actividades de sensibilización, a fin de que cada vez más personas reconozcan y defiendan la importancia vital de los ecosistemas amazónicos.

Semana del mono choro de cola amarilla moviliza al país con campañas y festivales frente a su peligro crítico de extinción

Del 1 al 7 de mayo se despliega una agenda descentralizada en diversas regiones con actividades educativas y culturales. Los especialistas advierten que proteger a esta especie endémica es vital para resguardar los bosques nublados, ecosistemas clave para la producción y regulación del agua.

Durante el Summit ALADYR Perú 2026, los directores de la Asociación Latinoamericana de Desalación y Reúso de Agua, Juan Camezzana y Patricio Mártiz, destacaron la urgencia de adoptar fuentes de agua no convencionales. El calentamiento global y la alteración de las lluvias exigen repensar la gestión hídrica e integrar la sostenibilidad en el núcleo de las estrategias corporativas y gubernamentales para hacer frente al cambio climático.

Juan Camezzana subrayó que el desarrollo económico histórico ha generado externalidades negativas que se manifiestan con fuerza a través del estrés hídrico. Esta nueva realidad climática amenaza la disponibilidad y previsibilidad de los recursos convencionales, lo que obliga a las industrias a mirar hacia la desalación y el reúso de agua como alternativas vitales para garantizar su supervivencia operativa.

Para Camezzana, el verdadero compromiso corporativo se evidencia únicamente cuando la sostenibilidad impacta las finanzas de la empresa. Esto ocurre cuando las áreas ambientales reportan directamente a los directorios, los indicadores hídricos se evalúan con el mismo rigor que los ingresos y las inversiones se justifican al calcular el altísimo costo de paralizar operaciones por falta de agua, tal como sucede en Chile, donde la nueva minería depende casi exclusivamente del agua de mar.

Por su parte, Patricio Mártiz analizó el sector con su Modelo de las Tres Fuerzas y comparó el desarrollo industrial con el funcionamiento de un restaurante. Según este enfoque teórico, la viabilidad de la desalación depende del equilibrio entre la Tecnología, que funciona como la receta que expande lo posible; la Energía, que representa los insumos para materializar la idea; y la Regulación, que actúa como los permisos que limitan y enmarcan el negocio.

Al aplicar este modelo a la realidad peruana, Mártiz diagnosticó que, si bien la tecnología de desalación ya está madura y democratizada a nivel global, su despliegue local aún enfrenta limitaciones. Esto se debe principalmente al bajo nivel de operación actual en el país y a la escasez de actores corporativos consolidados en el mercado nacional.

En cuanto al factor energético, el Perú presenta una ventaja competitiva con costos marginales razonablemente bajos, impulsados por la matriz hídrica y de energías renovables. Sin embargo, Mártiz advirtió que el sector debe superar obstáculos estructurales importantes, como la volatilidad asociada al ciclo hidrológico y las deficiencias actuales en las líneas de transmisión eléctrica.

El mayor desafío para el país radica en el ámbito regulatorio, caracterizado por una alta dispersión que llega a involucrar hasta ocho entidades distintas en el otorgamiento de permisos. A diferencia de otros mercados de la región, el Perú aún carece de normativas internas estandarizadas para procesos críticos como la descarga de salmuera, lo que deja las decisiones al criterio individual del evaluador y genera incertidumbre jurídica para los inversionistas.

Finalmente, los expositores concluyeron que la ciencia, la ingeniería y los cambios de hábitos ciudadanos son las mejores herramientas de adaptación frente a la crisis. El gran reto de ALADYR hacia el futuro es consolidar un sistema de conocimiento compartido que permita estandarizar criterios normativos y técnicos en toda Latinoamérica, con lo que se garantizará un crecimiento ordenado de la industria y la seguridad hídrica de la región.

La desalación y el reúso de agua como claves para la sostenibilidad en Perú

Durante décadas, la historia de las ballenas jorobadas se contó como un viaje de ida y vuelta entre la abundancia y el amor: viajaban desde la Antártida y el sur de Chile, donde se alimentaban en verano, hasta las cálidas aguas tropicales del Pacífico oriental —desde el norte del Perú hasta Nicaragua— para reproducirse en invierno. Durante ese trayecto, se creía que los animales vivían de sus reservas de grasa, en un ayuno prolongado que podía durar meses. El mar peruano era, en esa narrativa, apenas un corredor de paso.

Un nuevo estudio publicado en la revista científica &#039;Marine Biology&#039; revela que las ballenas jorobadas (Megaptera novaeangliae) no solo transitan frente a las costas del Perú ni únicamente tienen a sus crías en el norte del país: también se alimentan activamente en aguas de la costa central y sur. El mar peruano, con su reconocida productividad biológica, funciona como una suerte de restaurante de paso que les permite recargar energías antes de continuar su viaje.

<h2>Dos décadas de datos y observaciones recientes</h2>

La investigación fue liderada por Miguel Ángel Llapapasca, del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), en México, junto a un equipo de científicos peruanos del Instituto del Mar del Perú (IMARPE), la ONG Proyecto Cetáceos Perú y la Universidad Científica del Sur.

El trabajo integró cerca de 20 años de avistamientos de ballenas jorobadas registrados entre 2000 y 2019 por la Oficina de Investigaciones en Depredadores Superiores del IMARPE, reportes de alimentación más recientes obtenidos entre 2023 y 2025 a través de ciencia ciudadana y datos oceanográficos satelitales. Con todo ese material, los investigadores construyeron modelos estadísticos avanzados para identificar las zonas donde estos cetáceos se reproducen, migran y se alimentan a lo largo del litoral peruano.

<h2>Tres zonas, tres funciones distintas</h2>

Los resultados del estudio permiten trazar un mapa más complejo y detallado del comportamiento de las ballenas jorobadas frente a las costas peruanas, organizado en tres grandes áreas. El norte del país, en las aguas de Piura y Tumbes, se confirma como la zona más importante para la reproducción y crianza de la especie durante el invierno y la primavera. Es aquí donde las hembras dan a luz y los ballenatos dan sus primeras brazadas.

El tramo centro-norte, que va desde la Península de Illescas hasta Paracas, funciona como una ruta migratoria vital, utilizada especialmente por las madres con cría que prefieren navegar más cerca de la costa en busca de protección.

Y la zona centro-sur, entre Lima y Tacna, emerge como la gran sorpresa del estudio: es allí donde se registraron eventos de alimentación, especialmente durante el verano y el otoño, con ballenas activamente consumiendo anchoveta. La explicación está en la misma razón por la que el Perú tiene una de las pesquerías más productivas del mundo: la surgencia de aguas frías y ricas en nutrientes que impulsa una cadena alimentaria excepcional, capaz de atraer y sostener no solo a millones de peces, sino también a los mamíferos marinos más grandes del planeta.

<h2>Un ecosistema más complejo de lo que se pensaba</h2>

Para Aldo S. Pacheco, investigador de la Universidad Científica del Sur y coautor del estudio, el hallazgo tiene implicancias que van más allá de la biología de una sola especie. &quot;Nuestro entendimiento de la biología de la ballena jorobada en este lado del mundo va aumentando. La confirmación de que se alimentan en nuestras aguas agrega una nueva complejidad a cómo entendemos nuestro ecosistema. Eso abre puertas a seguir investigando cómo el mar peruano puede sostener grandes poblaciones de peces, pero también de grandes mamíferos marinos&quot;, señaló.

Llapapasca, por su parte, sugiere que este comportamiento podría estar vinculado a cambios globales. &quot;Nuestros resultados abren la posibilidad de que las costas del Perú funcionen como refugios de alimentación alternativos. Esto podría responder tanto al incremento poblacional de las ballenas como a la pérdida de calidad de sus sitios tradicionales de alimentación debido al cambio climático y el impacto humano, algo que ya ha sido documentado en poblaciones del hemisferio norte&quot;, explicó.

Las ballenas jorobadas también se alimentan en el Perú

Investigadores peruanos y mexicanos descubrieron que estos cetáceos aprovechan la riqueza del mar peruano como parada de alimentación en su largo viaje

En un esfuerzo sin precedentes por proteger el equilibrio ecológico de la <a href="https://especial.larepublica.pe/la-republica-sostenible/2025/05/07/alumnos-de-la-selva-desarrollan-proyectos-para-proteger-medio-ambiente-129353">selva </a>central peruana, la Municipalidad Provincial de Oxapampa y Profonanpe anunciaron la aprobación del Plan de Actividades para la Protección de Insectos <a href="https://especial.larepublica.pe/la-republica-sostenible/2026/04/08/peru-activa-plan-operativo-2026-para-salvar-a-los-polinizadores-y-proteger-el-servicio-ecosistemico-clave-para-la-conservacion-de-la-biodiversidad-325048">Polinizadores</a>. Este instrumento estratégico se implementará en la Reserva de Biósfera Oxapampa-Ashaninka-Yánesha (BIOAY) y promete marcar un hito en la conservación ambiental de la región al integrar la protección de especies fundamentales —como abejas, mariposas, moscas y escarabajos— dentro de las políticas de gestión pública local.

La aprobación de este documento no es solo una declaración de intenciones, sino una hoja de ruta que fortalece la gobernanza territorial al reconocer el rol insustituible de los polinizadores tanto para la biodiversidad como para los sistemas productivos, promoviendo una articulación directa entre el sector público, la empresa privada y la sociedad civil. Para lograr sus objetivos, el plan contempla el fortalecimiento de la institucionalidad local y la inclusión de criterios sostenibles en los mecanismos de inversión pública, asegurando que la protección ambiental tenga un respaldo administrativo sólido.

En el ámbito operativo, el plan impulsa la adopción de prácticas amigables con los insectos polinizadores en las marcas territoriales y fomenta la capacitación técnica en el uso responsable de agroquímicos. Asimismo, se prioriza la educación ambiental y la sensibilización de la sociedad civil tanto en espacios urbanos como rurales, buscando que la población comprenda la importancia de estas especies para el desarrollo sostenible de la provincia.

Con esta medida, Oxapampa avanza con paso firme hacia la implementación de enfoques que logran conciliar la conservación de la naturaleza con el crecimiento local, evidenciando el rol de liderazgo que pueden asumir los gobiernos municipales frente a los desafíos ambientales. El proyecto Poli-LAC, bajo el cual se rige esta iniciativa, es un esfuerzo conjunto del Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, en alianza con Profonanpe y el apoyo de la cooperación alemana implementada por la GIZ, bajo el encargo de la Iniciativa Internacional del Clima del Gobierno Federal de Alemania.

Oxapampa: Aprueban plan clave para proteger a los polinizadores en la reserva BIOAY

La iniciativa busca salvaguardar especies vitales como abejas y mariposas, integrando la conservación de la biodiversidad con el desarrollo agrícola y la gestión pública local.

El Parque Nacional Cordillera Azul, bajo la gestión del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), cerró el cuarto trimestre de 2025 con un balance que lo posiciona como uno de los modelos de participación más sólidos del país. A través de la suscripción de 69 acuerdos de conservación con diversas organizaciones locales, esta área natural protegida —que destaca por ser la de mayor extensión en el Perú— ha logrado tejer una red humana sin precedentes que involucra actualmente a 14,711 familias de las regiones de San Martín, Huánuco, Loreto y Ucayali. Estas familias han asumido el compromiso voluntario de proteger el bosque como una condición fundamental para asegurar su propio desarrollo económico y bienestar a largo plazo.

El crecimiento de este modelo de gestión ha sido exponencial en los últimos cuatro años, registrando un incremento del 400 por ciento en la firma de compromisos. Mientras que en 2021 apenas se contaba con cuatro acuerdos firmados, la iniciativa alcanzó picos históricos con la suscripción de 20 acuerdos en 2024 y 12 adicionales durante los primeros meses de 2025. Al cierre del último trimestre evaluado, de los 69 acuerdos acumulados, 45 se mantienen plenamente vigentes, mientras que seis se encuentran en proceso de renovación y 18 han vencido, lo que plantea el desafío institucional de reactivar este último grupo para garantizar la integridad del corredor biológico.

Dentro de este esquema, el bienestar económico de las poblaciones locales está estrechamente vinculado a la salud del ecosistema. El cacao se ha consolidado como el cultivo bandera del programa, estando presente en más del 70 por ciento de los acuerdos vigentes. No obstante, la cartera productiva se ha diversificado significativamente hacia sectores como el café, el turismo especializado, la artesanía y la piscicultura, involucrando directamente a 18 comunidades nativas en estas cadenas de valor sostenibles.

Estos acuerdos de conservación funcionan como pactos de mutuo beneficio donde las comunidades y asociaciones locales se comprometen formalmente a evitar actividades de deforestación o aprovechamiento no autorizado dentro del ámbito del parque. A cambio, el Estado, a través del SERNANP y su ejecutor de contrato CIMA Cordillera Azul, brinda asistencia técnica especializada, acompañamiento constante en el desarrollo de bionegocios y el reconocimiento de los pobladores como actores clave en la gobernanza del territorio.

Lo que distingue al modelo de Cordillera Azul es su enfoque en construir alianzas estratégicas con quienes habitan las zonas de amortiguamiento, transformando a las comunidades en socias activas de la conservación en lugar de aplicar una gestión exclusivamente restrictiva. Los resultados obtenidos al cierre de 2025 refuerzan que esta apuesta tiene bases sólidas y una trayectoria de crecimiento sostenido. Al vincular el éxito de las economías locales con la preservación de la biodiversidad, el Parque Nacional Cordillera Azul se ratifica como un referente en conservación comunitaria y manejo participativo del patrimonio natural amazónico.

El éxito de la gestión participativa en la Amazonía peruana

Cordillera Azul consolida alianza histórica con 69 acuerdos de conservación y más de 14 mil familias aliadas

El Programa de Liderazgo Climático, impulsado por Perú <a href="https://especial.larepublica.pe/la-republica-sostenible/2025/12/11/compromiso-y-desarrollo-republica-sostenible-elige-a-los-10-mejores-programas-sostenibles-del-2025-513480">Sostenible </a>en alianza con PwC Perú, cerró su primera edición con resultados que marcan un punto de inflexión en la forma en que el empresariado nacional aborda la <a href="https://especial.larepublica.pe/la-republica-sostenible/2024/06/19/gaza-sufre-crisis-medioambiental-sin-precedentes-por-la-guerra-1110075">crisis ambiental</a>. Más allá de un programa de capacitación, el reporte final revela una transformación profunda en las capacidades y percepciones de los tomadores de decisión de más de 30 organizaciones clave de la red empresarial.

Al inicio del programa, menos de tres cuartas partes de los participantes reportaban conocimientos sobre riesgos climáticos vinculados a su empresa. Al concluir la formación, el 100% de los gerentes alcanzó este nivel de competencia. Sin embargo, el avance más significativo no se limitó al conocimiento teórico, pues más del 95% de los encuestados se encuentra actualmente integrando activamente estos riesgos en su planificación corporativa, mientras que el 90% de los líderes ya se siente preparado para implementar estrategias de resiliencia de largo plazo.

<h3>Una respuesta necesaria ante la vulnerabilidad nacional</h3>

Esta preparación cobra una relevancia crítica al considerar que el Fondo Monetario Internacional sitúa al Perú como el país más vulnerable al cambio climático dentro del grupo LA5, superando a vecinos como Chile, Colombia, México y Brasil. En este escenario, la gestión climática ha dejado de ser una actividad opcional para convertirse en una prioridad sectorial: el 81% de los directivos participantes considera que este factor es hoy muy relevante para la sostenibilidad de sus respectivos sectores económicos.

<h3>De la identificación a la acción estratégica</h3>

El programa permitió a los gerentes transitar desde la identificación de riesgos físicos y de transición hacia la integración de estos en los procesos estratégicos, financieros y de gobernanza corporativa. Este enfoque está alineado con marcos internacionales exigentes como las recomendaciones del TCFD y las Normas Internacionales de Información Financiera sobre Sostenibilidad (NIIF S2). Al dotar a las empresas de herramientas para evaluar tanto el impacto financiero como la oportunidad de mercado, la gestión climática se incorpora como un componente estructural del modelo de negocio y no como un ejercicio de cumplimiento puntual.

<h3>El futuro de la gobernanza climática empresarial</h3>

Ante el éxito de esta primera etapa, Perú Sostenible y PwC Perú han anunciado su compromiso de llevar a cabo una segunda edición potenciada del programa. El objetivo para el próximo ciclo será fortalecer aún más la gobernanza climática mediante la mejora en la calidad de los datos disponibles y la aceleración de la incorporación del riesgo climático en la planificación de alto nivel.

La transición climática peruana requiere un liderazgo empresarial consistente y una visión que sepa convertir uno de los mayores desafíos del siglo en una palanca de innovación y creación de valor sostenible. Los resultados alcanzados demuestran que, cuando el sector privado cuenta con las capacidades adecuadas, es capaz de liderar el camino hacia una economía más resiliente y competitiva.

El sector privado asume el desafío climático como motor de innovación y valor sostenible

El Programa de Liderazgo Climático de Perú Sostenible y PwC logró que todos los gerentes participantes se capacitaran en la gestión de riesgos ambientales.

El <a href="https://especial.larepublica.pe/la-republica-sostenible/2025/11/20/san-martin-se-une-para-proteger-su-patrimonio-hidrico-ante-la-amenaza-de-mineria-y-deforestacion-1903620">patrimonio</a> natural más sensible del Perú se enfrenta a una amenaza administrativa. El ingeniero Gustavo Suárez de Freitas, reconocido especialista en gestión ambiental, ha lanzado una dura advertencia sobre los nuevos lineamientos del <a href="https://especial.larepublica.pe/la-republica-sostenible/2025/02/18/serfor-registra-301-ejemplares-de-condor-andino-en-todo-el-pais-788094">Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR)</a> para la identificación de ecosistemas frágiles. Según el experto, la propuesta actual deja desprotegida la mayor parte del territorio nacional al reducir ecosistemas complejos a simples áreas delimitadas.

<h2>La trampa de la fragmentación</h2>

La trampa de la fragmentación constituye el núcleo de la crítica del ingeniero Gustavo Suárez de Freitas, quien advierte que la propuesta del SERFOR deja desprotegida la mayor parte del patrimonio natural al pretender conservar únicamente porciones de territorio que no se sobrepongan a derechos ya otorgados o áreas protegidas. Esta postura ignora que la fragilidad biológica de un ecosistema no desaparece por la existencia de un título de propiedad o una concesión, lo que genera una desprotección masiva al limitar las medidas de conservación solo a la fracción inscrita en una lista administrativa.

El especialista señala además una grave confusión de términos en el texto de la norma, donde se utilizan &quot;ecosistemas&quot; y &quot;áreas&quot; como si fueran sinónimos, cuando en realidad lo frágil es la totalidad de la unidad biológica y no solo el sector que la autoridad decide administrar. Finalmente, Suárez de Freitas sostiene que el enfoque actual es equivocado, pues el objetivo central debería ser regular el uso sostenible y el aprovechamiento en la extensión integral del ecosistema para asegurar que actividades como la extracción de madera no superen los umbrales de regeneración técnica.

<h2>Vacíos legales y administrativos</h2>

Además de las fallas técnicas, la propuesta carece de un sustento jurídico sólido. Suárez de Freitas señala que no existe una norma legal que cree al &quot;ecosistema frágil&quot; como una unidad de manejo bajo la gestión directa del SERFOR. Asimismo, denuncia que se están destinando recursos públicos a una tarea que califica de &quot;inconducente&quot; por no ajustarse a la ley. De prosperar esta competencia, el experto advierte que debería ser ejercida por las autoridades regionales, respetando la descentralización y la transferencia de funciones vigentes.

<h2>Urgencia de un diálogo transparente</h2>

Ante lo que define como un conflicto de intereses institucionales, Suárez de Freitas propone suspender estos lineamientos &quot;débiles&quot; y convocar a un diálogo técnico-legal bajo el modelo de resolución de conflictos de la Universidad de Harvard. El objetivo es construir una ruta robusta que cuente con el apoyo de la comunidad científica y garantice la supervivencia real de los ecosistemas más amenazados del país.

SERFOR deja sin protección la mayor parte del patrimonio natural del país bajo nueva propuesta técnica

Expertos advierten que reducir ecosistemas a "pedacitos" administrativos desprotege la integridad de los espacios más vulnerables del Perú.

A través de la Autoridad Regional Ambiental, se suscribieron convenios con comunidades nativas y caseríos para fortalecer la vigilancia y el desarrollo sostenible en las ACR Imiría y Alto Tamaya-Abujao.

En un paso decisivo para la protección del patrimonio natural de la Amazonía peruana, el Gobierno Regional de Ucayali (GOREU) ha oficializado una alianza estratégica con poblaciones locales para asegurar la integridad de sus Áreas de Conservación Regional (ACR). Mediante la suscripción de convenios de cooperación, tres comunidades nativas y tres caseríos se han convertido formalmente en socios estratégicos para la vigilancia y el manejo sostenible de los recursos.

Esta iniciativa, canalizada a través de la Autoridad Regional Ambiental (ARA), busca integrar el conocimiento local con el respaldo institucional para enfrentar las amenazas ambientales en ecosistemas críticos.

<h2>Comunidades en la primera línea de defensa</h2>

El acuerdo beneficia directamente a poblaciones estratégicamente ubicadas dentro de las áreas protegidas. En el ámbito de la ACR Imiría, participan las comunidades nativas de Nueva Yarina, Nueva Loreto y Buenos Aires, junto al caserío Unión Vecinal. Por su parte, la ACR Alto Tamaya-Abujao (CATA) integra a los caseríos 28 de Julio y Nueva Libertad.

Estas poblaciones desempeñan un rol fundamental no solo como habitantes, sino como custodios permanentes. El director ejecutivo de la ARA Ucayali explicó que la esencia de estos acuerdos es la reciprocidad: el Estado brinda herramientas y la población local asegura la presencia en el territorio.

&#039;Brindaremos capacitaciones, asistencia técnica para el manejo de productos, implementación de equipamiento y monitoreo. A cambio, las asociaciones se comprometen a apoyarnos en la vigilancia de estos espacios priorizados&#039;, señaló el funcionario regional.

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El convenio facilita una articulación directa entre el gobierno regional y diversas asociaciones de productores agropecuarios y agroforestales, con el objetivo doble de conservar los ecosistemas y elevar la calidad de vida de los habitantes mediante el uso técnico de los recursos naturales. La magnitud de la superficie bajo este modelo de gestión participativa es significativa, abarcando las 150,010.82 hectáreas que conforman el ACR Alto Tamaya-Abujao (CATA) y las 135,737.52 hectáreas del ACR Imiría, consolidando así un frente de protección que supera las 285 mil hectáreas de patrimonio natural.

Lejos de ser una restricción para los pobladores, estos convenios de conservación se presentan como una oportunidad de desarrollo. La asistencia técnica permitirá que las actividades económicas de las comunidades nativas y caseríos se profesionalicen, garantizando que el aprovechamiento del bosque sea rentable y, al mismo tiempo, respete los ciclos de regeneración de la naturaleza.

Con esta firma, Ucayali reafirma su modelo de gestión ambiental: uno donde la protección de la biodiversidad es imposible sin la participación activa y el bienestar de quienes viven en ella.

Ucayali: Alianza estratégica entre el GORE y poblaciones locales blindará más de 285 mil hectáreas de bosque

A través de la Autoridad Regional Ambiental, se suscribieron convenios con comunidades nativas y caseríos para fortalecer la vigilancia y el desarrollo sostenible en las ACR Imiría y Alto Tamaya-Abujao.

El Gobierno Regional de <a href="https://especial.larepublica.pe/la-republica-sostenible/2026/01/20/puno-recuperan-area-contaminada-por-residuos-solidos-258115">Puno</a>, a través de la Gerencia Regional de la Autoridad Ambiental, lidera la propuesta para la creación del <a href="https://especial.larepublica.pe/la-republica-sostenible/2025/08/19/areas-de-conservacion-regional-necesitan-s27-millones-para-proteccion-1460834">Área de Conservación Regional </a>Allincapac en la provincia de Carabaya, como parte de un compromiso para proteger el 15% del territorio regional.

Esta iniciativa busca salvaguardar un ecosistema altoandino crítico que abarca los distritos de Ayapata, Macusani y Ollachea, funcionando como un escudo contra los efectos del <a href="https://especial.larepublica.pe/la-republica-sostenible/2025/01/20/cambio-climatico-y-perdida-de-naturaleza-son-las-principales-amenazas-del-mundo-1925180">cambio climático</a><a href="https://especial.larepublica.pe/la-republica-sostenible/2025/01/20/cambio-climatico-y-perdida-de-naturaleza-son-las-principales-amenazas-del-mundo-1925180"> </a>en una zona que ha perdido el 67% de su cobertura glaciar en las últimas cuatro décadas.

La alarmante cifra del retroceso del hielo en el macizo de Allincapac pone en riesgo el suministro de agua y el equilibrio ecológico de un área que alberga 306 especies registradas de flora y fauna, entre las que destacan 57 especies endémicas y 64 variedades de aves amenazadas.

Además de su importancia biológica, el área brinda servicios ecosistémicos vitales como la regulación hídrica, el almacenamiento de agua y la captura de carbono, beneficios que sostienen la vida de más de 4.000 familias campesinas. Se estima que el valor económico anual de estos servicios ambientales asciende a 20 millones de soles, consolidando la propuesta como un pilar para el desarrollo sostenible.

El proyecto se ejecuta en alianza con la organización Wildlife Conservation Society y el proyecto Diversidad Biológica, buscando asegurar que el bienestar humano y la protección de los recursos estratégicos avancen juntos para garantizar que la riqueza natural de Carabaya perdure para las futuras generaciones.

Puno apuesta por el ACR Allincapac para salvar sus últimos glaciares

Ante la pérdida del 67% de su masa de hielo en 40 años, el Gobierno Regional blinda este ecosistema crítico en Carabaya para garantizar el agua y la biodiversidad de la región.

En un esfuerzo articulado por salvaguardar el patrimonio natural del país, las autoridades peruanas ejecutaron un contundente operativo contra la minería ilegal en el corazón de la Reserva Nacional Tambopata. La intervención, que tuvo lugar en el sector denominado A7, resultó en la neutralización de infraestructura y maquinaria utilizada para la extracción ilícita de oro.

La operación fue liderada por la Marina de Guerra del Perú junto a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), y contó con el soporte técnico estratégico del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).

<h3>Desmantelamiento de infraestructura ilícita</h3>

Durante la incursión, las fuerzas del orden lograron identificar y destruir un total de seis campamentos mineros que servían de base logística para los infractores. Siguiendo las disposiciones del Ministerio Público y la Fiscalía de la Nación, se procedió a la destrucción de equipos de alto impacto ambiental.

El inventario de lo destruido incluye motores, tracas, caballetes y balsas utilizadas para la succión de sedimentos. Botes y tubos de PVC empleados en el sistema de lavado de oro y más de 570 galones de combustible, junto a otros materiales altamente contaminantes que ponían en riesgo la pureza de las fuentes de agua locales.

<h3>Compromiso con la biodiversidad</h3>

Este operativo se enmarca en la política de "tolerancia cero" contra las actividades que degradan la selva amazónica. La Reserva Nacional Tambopata es uno de los ecosistemas más biodiversos del planeta, y la presencia de minería ilegal no solo destruye el bosque, sino que impacta directamente en la salud de las poblaciones locales debido al uso de mercurio y la deforestación.

"A través de estas acciones, el Estado peruano reafirma su compromiso de continuar la lucha frontal contra los delitos ambientales y de seguir conservando nuestra biodiversidad y los recursos naturales en beneficio de las poblaciones", señalaron representantes de las instituciones participantes.

Las autoridades han asegurado que el monitoreo en la zona será permanente para evitar el reasentamiento de mineros ilegales, garantizando que el sector A7 y sus alrededores se mantengan como áreas de conservación y aprovechamiento sostenible para la ciudadanía.

Destruyen seis campamentos en la Reserva Nacional Tambopata

Policía, Marina de Guerra y Fiscalía se desplegaron contra la minería ilegal. Descubre las acciones que desplegaron.

Autoridades destruyen campamentos de la minería ilegal

Golpe a la minería ilegal en la Reserva Nacional Tambopata

La gestión de residuos en la provincia de Huánuco ha llegado a un punto crítico. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) intervino el relleno sanitario de Chilepampa, situado en el centro poblado de Santo Domingo de Nauyán, tras constatar graves deficiencias operativas que representan un riesgo inminente para el medio ambiente y la salud de las comunidades aledañas.

La crisis estalló cuando los pobladores, indignados y preocupados por la inadecuada gestión de la infraestructura, decidieron bloquear la vía de acceso al recinto en señal de rechazo.

<h3>Un escenario de riesgo sanitario</h3>

Durante la inspección in situ, los especialistas del OEFA confirmaron los temores de los vecinos y evidenciaron un manejo deficiente de las instalaciones. Entre los principales hallazgos ambientales destacan las pozas de lixiviados saturadas, con líquidos altamente contaminantes derivados de la descomposición de la basura han rebasado su capacidad de tratamiento. Asimismo, la acumulación de basura a la intemperie sin el recubrimiento adecuado, que deriva en focos de infección, con fuerte emisión de olores desagradables y una evidente proliferación de vectores (plagas), confirmando la ineficiente operación del lugar.

El impacto de este posible colapso es masivo. Actualmente, el relleno sanitario de Chilepampa es el destino final de 150 toneladas diarias de basura, provenientes no solo de la capital provincial de Huánuco, sino también de los distritos de Amarilis, Pillco Marca y Santa María del Valle.

<h3>Ultimátum a las autoridades municipales</h3>

Frente a este preocupante escenario, personal de la Oficina Desconcentrada del OEFA en Huánuco sostuvo una reunión de emergencia con el alcalde de la Municipalidad Provincial. En el encuentro, se le informó sobre la situación crítica del botadero y se le exhortó a adoptar acciones inmediatas para evitar un desastre mayor.

El organismo fiscalizador recordó que la comuna tiene obligaciones operativas ineludibles para mitigar este impacto, entre las cuales figuran las de delimitar y controlar estrictamente los accesos al relleno, compactar y aplicar cobertura sobre los residuos sólidos e implementar planes de contingencia efectivos y controlar los vectores de enfermedades.

El OEFA ha anunciado que iniciará un proceso de supervisión continua sobre las operaciones en Chilepampa. Asimismo, la entidad advirtió que, de ser necesario, dictará medidas administrativas drásticas orientadas a reducir los impactos negativos y salvaguardar el bienestar de la población huanuqueña.

Colapso del relleno sanitario de Huánuco desata protestas e intervención del OEFA

Mal manejo de relleno sanitario en Huánuco generó focos de infección y protestas por parte de los vecinos. Conoce los detalles en esta nota.

Colapso del relleno sanitario se registra en región Huánuco

Colapso del relleno sanitario desata protestas e intervención del OEFA

La polinización es el motor invisible que sostiene gran parte de la vida en la Tierra. Se estima que más del 75 % de los principales cultivos a nivel global dependen de este servicio ecosistémico para garantizar la producción de alimentos. Sin embargo, los insectos responsables de esta labor, como las abejas, mariposas, escarabajos y otros, enfrentan una crisis mundial. La degradación de sus hábitats, el uso intensivo de plaguicidas, la propagación de especies invasoras y los embates del cambio climático están diezmando sus poblaciones.

Cinco países de América Latina (Brasil, Costa Rica, México, Paraguay y Perú) han unido fuerzas bajo el proyecto regional “Acción regional para mejorar la protección de los insectos polinizadores y los servicios de polinización en América Latina y el Caribe” (Poli-LAC).

En el Perú, el liderazgo de esta iniciativa recae en el Ministerio del Ambiente (MINAM), en alianza estratégica con el Grupo Técnico de Polinizadores, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) y Profonanpe. El proyecto cuenta con el sólido respaldo técnico de la cooperación alemana para el desarrollo, implementada por la GIZ, por encargo de la Iniciativa Internacional del Clima (IKI) del Gobierno Federal de Alemania.

Con miras a trazar una ruta de acción inmediata, diversos actores de los sectores público y privado, junto con representantes de la academia y las comunidades locales, socializaron el Plan Operativo Anual (POA) 2026. Esta ambiciosa hoja de ruta propone una intervención integral que busca blindar legalmente a estas especies a través de mejoras normativas, al mismo tiempo que pretende movilizar fondos privados mediante innovadores mecanismos de retribución económica. La estrategia se materializará en el terreno mediante la aplicación de prácticas agrícolas amigables en diversos sitios piloto, destacando el trabajo en la Reserva de Biosfera Oxapampa-Asháninka-Yánesha, donde se combinará el rescate del conocimiento ancestral con el rigor del monitoreo biológico y ciudadano.

Como señaló la viceministra de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, Carmen Vega, durante la inauguración del taller. «La conservación de los polinizadores no puede abordarse desde una sola institución, requiere una acción articulada entre el Estado, la academia, el sector productivo, las comunidades locales y la cooperación internacional». El plan para el 2026 ya está en marcha, y la conservación de nuestra biodiversidad y seguridad alimentaria depende de su éxito.

Perú activa Plan Operativo 2026 para salvar a los polinizadores y proteger el servicio ecosistémico clave para la conservación de la biodiversidad

Plan Operativo 2026 articulará esfuerzos con la cooperación alemana, la academia y las comunidades. Conoce aquí su plan de trabajo.

Plan Operativo 2026 es clave para conservar la biodiversidad

Perú activa Plan Operativo 2026 para salvar a los polinizadores

En un esfuerzo por combatir la inseguridad alimentaria y dinamizar la economía local, el Ministerio del Ambiente (MINAM), a través del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), entregó 90 000 alevinos de peces amazónicos a 61 familias en la región San Martín. Los beneficiarios de esta transferencia pertenecen a comunidades awajún y mestizas ubicadas en las provincias de Rioja y Moyobamba.

El acto oficial de entrega se llevó a cabo en las instalaciones de la Oficina Central del Bosque de Protección Alto Mayo, en el sector Nueva Rioja. Durante la jornada, las autoridades distribuyeron 60 000 crías de gamitana (Colossoma macropomum) y 30 000 crías de paco (Piaractus brachypomus).

<h2>Impacto económico y productivo</h2>

Más allá de la provisión inicial de los peces, el programa estatal asegura que las familias beneficiarias recibirán asistencia técnica continua por parte de los especialistas del IIAP. Este acompañamiento en piscicultura es un factor clave para garantizar un manejo adecuado en los estanques y asegurar la sostenibilidad productiva a largo plazo.

Las proyecciones del instituto apuntan a un impacto significativo en la economía de estas comunidades. Se estima que, una vez finalizado el ciclo de crianza, estos peces generarán un volumen de 22 500 kilogramos de carne. Calculando un precio de venta de S/ 13 por kilogramo en el mercado local, esta producción representará un ingreso económico aproximado de S/ 292 500 para los hogares involucrados.

<h2>Avance de metas y nuevas especies</h2>

La ceremonia fue liderada por la titular del MINAM, la Dra. Nelly Paredes del Castillo, quien destacó el avance sostenido de este programa. La ministra precisó que esta actividad constituye la novena entrega realizada en lo que va del año, sumando ya un total de 335 000 alevinos distribuidos en toda la región San Martín. Con esta cifra, el sector ha logrado cubrir el 93 % de la meta regional proyectada para el año 2026.

Por su parte, la Dra. Carmen García Dávila, jefa institucional del IIAP, resaltó el enfoque integral de la iniciativa estatal. “El objetivo de transferir alevinos es fortalecer la seguridad alimentaria, promover la piscicultura sostenible y conservar la biodiversidad con el uso de especies nativas. Habrá acompañamiento técnico permanente para que estas familias se beneficien con proteína de calidad”, subrayó la funcionaria.

Mirando hacia el futuro y con la intención de seguir apoyando a la región, el IIAP anunció que ya se encuentra trabajando en el desarrollo de nuevas líneas de producción enfocadas en la crianza de la carachama en San Martín. Este nuevo esfuerzo tiene como propósito diversificar la oferta de especies nativas disponibles para la piscicultura familiar y consolidar el avance científico y productivo del instituto en la Amazonía peruana.

San Martín: Entregan 90 mil alevinos a familias awajún y mestizas

Con esta novena transferencia del año, la región alcanza el 93 % de su meta fijada para el 2026 en la distribución de peces amazónicos.

El Fondo Verde para el Clima ha marcado un nuevo hito en la conservación ambiental al aprobar una subvención de 37,5 millones de dólares destinada a proteger la Amazonía peruana. Esta inyección de capital, aprobada el 27 de marzo, se enmarca en la iniciativa "Patrimonio Natural del Perú – Amazonía y Clima" y forma parte de un paquete de financiamiento total que asciende a 74,5 millones de dólares, sumando 37 millones correspondientes a cofinanciamiento.

El ambicioso proyecto tiene como objetivo central fortalecer las medidas de mitigación y adaptación frente al cambio climático en más de 15 millones de hectáreas de bosque amazónico. Asimismo, la iniciativa busca mejorar de manera directa la resiliencia de los pueblos indígenas que habitan dentro de las áreas naturales protegidas y en sus respectivas zonas de influencia.

Durante sus siete años de ejecución proyectada, se estima que este plan evitará la emisión de aproximadamente 1,8 millones de toneladas de dióxido de carbono al ambiente y mejorará la gestión de 15,8 millones de hectáreas. El radio de acción abarcará 25 áreas naturales protegidas y cuatro zonas de amortiguamiento, lo que representa cerca del 18 % de toda la Amazonía del país. Entre los territorios emblemáticos beneficiados por esta medida se encuentran el Parque Nacional del Manu, la Reserva Nacional Tambopata, el Santuario Histórico de Machupicchu y la Reserva Nacional Pacaya Samiria.

Un aspecto clave de este proyecto es su modelo de gobernanza compartida. La estrategia reúne al Gobierno peruano, el Ministerio del Ambiente, el Sernanp, Profonanpe, WWF y ocho organizaciones indígenas, entre las que destacan AIDESEP y CONAP. De manera articulada, Sernanp y Profonanpe liderarán el componente de mitigación mediante la gestión efectiva de las reservas, mientras que WWF Perú y las organizaciones indígenas tomarán las riendas de la adaptación climática aplicando prácticas productivas resilientes y soluciones basadas en los ecosistemas.

En términos de impacto social, las acciones beneficiarán directamente a más de 33 mil personas. Dentro de este grupo, cerca de 12 mil habitantes adoptarán estrategias productivas resilientes al clima, implementando soluciones en 30 comunidades indígenas de forma directa y favoreciendo a otras 162 comunidades de manera adicional. Jorge Pérez, presidente de AIDESEP, saludó la iniciativa destacando que la gestión y protección de la Amazonía es inviable sin los pueblos indígenas, quienes durante generaciones han cuidado esos territorios y hoy exigen que dicho rol sea plenamente valorado y retribuido.

Más allá de la inyección inmediata de capital, el proyecto apunta a garantizar el futuro del bosque bajo el modelo "Project Finance for Permanence" (PFP). Esta estructura permitirá cerrar una brecha financiera estimada en 5,3 millones de dólares anuales para el sistema nacional de áreas protegidas. Adicionalmente, el financiamiento contempla asegurar flujos económicos durante los próximos 25 años a través de ingresos por turismo, pagos por servicios ecosistémicos relacionados con el agua y esquemas de compensación ambiental, con la ambiciosa proyección de movilizar 131 millones de dólares adicionales a largo plazo.

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Un megaoperativo articulado entre el Ministerio Público, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional logró paralizar una intensa actividad de minería ilegal que depredaba la Reserva Nacional de Tambopata y su zona de amortiguamiento, en la región Madre de Dios. La intervención culminó con la destrucción de 49 balsas dragas y la inhabilitación de decenas de campamentos clandestinos que operaban en este frágil ecosistema.

Las acciones fueron lideradas por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Madre de Dios, bajo la dirección del fiscal adjunto provincial Efraín Mendieta Galindo. Este despliegue formó parte del Plan de Operaciones Restauración 2026, una estrategia permanente del Estado orientada a reducir la presión extractiva sobre la biodiversidad amazónica.

<h2>Incursión en el corazón de la minería ilegal</h2>

El operativo abarcó dos frentes estratégicos. Por un lado, se intervino el sector Valle Dorado (distrito de Inambari), ubicado en la zona de amortiguamiento de la reserva. Por otro lado, con el soporte técnico del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), las autoridades ingresaron a los sectores Cocha Lagarto y A4, situados al interior de la misma Reserva Nacional de Tambopata.

Durante el patrullaje, las autoridades evidenciaron el grave impacto ambiental generado por estas mafias, hallando extensas áreas de bosque deforestado y pozas de agua contaminada. Asimismo, los peritos lograron georreferenciar más de 20 puntos críticos vinculados directamente a este delito ambiental.

<h2>Maquinaria e insumos destruidos</h2>

En estricto cumplimiento del Decreto Legislativo N.° 1100, que regula la interdicción de la minería ilegal en el país, el Ministerio Público dispuso la destrucción in situ de toda la logística encontrada. El saldo de la intervención incluyó: 49 balsas dragas utilizadas para la succión y lavado de material aurífero. 32 campamentos rústicos que albergaban a los operadores ilegales. 27 motores y diversos generadores eléctricos. 2,660 galones de combustible almacenados clandestinamente y más de 12,000 metros de tubería de PVC, además de cilindros metálicos y otros equipos extractivos.

La Coordinación Nacional de las FEMA señaló que este tipo de intervenciones conjuntas con la Dirección de Medio Ambiente (Dirmeamb) de la Policía Nacional y el Ejército del Perú continuarán ejecutándose. El objetivo central es desarticular las redes logísticas que sostienen la minería ilegal y asegurar la salvaguarda del patrimonio natural del país, el cual se encuentra bajo amenaza constante en el corredor amazónico sur.

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La Amazonía peruana enfrenta un dilema constante: cómo generar ingresos económicos para sus habitantes sin que esto implique la tala indiscriminada de sus árboles. En un intento por equilibrar esta balanza, se ha puesto sobre la mesa una propuesta para categorizar más de 50 mil hectáreas en la región Ucayali bajo la figura legal de "Bosques Protectores".

La iniciativa, impulsada por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) a través del Programa Bosques Productivos Sostenibles (BPS) y el Gobierno Regional de Ucayali, busca cambiar el enfoque tradicional de conservación. Lejos de imponer una restricción total que aísle a las comunidades de su entorno, el plan pretende ordenar el territorio para habilitar un uso comercial responsable.

<h2>Economía con el bosque en pie</h2>

En términos prácticos, la recategorización de estas Unidades de Ordenamiento Forestal (UOF) permitirá que el Estado otorgue concesiones formales enfocadas en actividades productivas que no requieren tumbar el bosque.

Las familias y comunidades nativas ucayalinas podrán acceder a oportunidades de negocio de manera directa en los siguientes rubros: Proyectos de ecoturismo y de conservación ambiental, manejo responsable de fauna silvestre y el aprovechamiento de productos forestales no maderables, lo que abre la puerta a la recolección y venta sostenible de frutos amazónicos, resinas y plantas medicinales.

Además de la rentabilidad económica que pueda generar para las poblaciones locales, mantener estas 50 mil hectáreas en pie resulta vital para asegurar las fuentes de agua, proteger los suelos de la erosión y servir como zonas de refugio para la fauna silvestre.

<h2>El fantasma de los conflictos territoriales</h2>

Sin embargo, las buenas intenciones suelen chocar con la compleja realidad del catastro amazónico, marcado históricamente por la superposición de títulos y las disputas por la tenencia de la tierra. Para mitigar este riesgo y asegurar que el ordenamiento responda a la realidad del territorio, los equipos técnicos han iniciado una serie de talleres de socialización con diversas municipalidades provinciales (Coronel Portillo, Atalaya, Padre Abad) y distritales (Curimaná, Nueva Requena, Irazola y Boquerón).

El acuerdo central de estas reuniones es crucial: se deberá cruzar la información cartográfica que ya manejan los municipios con los mapas propuestos por el Serfor. Esta validación conjunta entre niveles de gobierno es el paso fundamental para garantizar un proceso técnico, transparente y, sobre todo, libre de futuros conflictos territoriales. Tras este ejercicio, los gobiernos locales han mostrado su disposición para trabajar articuladamente.

Daniel Rivera Chumbiray, coordinador ejecutivo del Programa BPS, remarcó que el establecimiento de estas áreas es indispensable para preservar la gran biodiversidad de Ucayali, transformándola en un motor de desarrollo mediante el ecoturismo.

El proyecto, que cuenta con el cofinanciamiento de la cooperación alemana a través del banco KfW, tiene por delante un desafío mayor. El éxito de esta medida dependerá no solo del ordenamiento en el papel, sino de que las autoridades cumplan su promesa de respetar los derechos colectivos y posicionar a las comunidades nativas como las verdaderas protagonistas de la gestión de sus bosques.

Ucayali: 50 mil hectáreas de selva buscan frenar la depredación a través del ecoturismo y frutos amazónicos

Comunidades nativas generar ingresos sin talar árboles,  a fin de evitar depredación en Ucayali. Conoce aquí todo sobre este plan de acción.

Frenarán depredación en Ucayali a través del ecoturismo

El Perú da un paso firme hacia la sostenibilidad. Con la mirada puesta en consolidar una economía más circular y un sistema financiero verde, el país se prepara para acoger el Peru Carbon Forum. Este encuentro clave se desarrollará los días 27 y 28 de mayo de 2026 en las instalaciones del ESAN Convention &amp; Sports Center, ubicado en el distrito de Santiago de Surco.

El país se encuentra en un momento estratégico en la transición global hacia economía baja en carbono. Gracias a su extraordinaria biodiversidad y su alto potencial para la reducción de emisiones, el Perú cuenta con bases sólidas para construir un mercado robusto, confiable e inclusivo. Actualmente, el ecosistema nacional avanza respaldado por un marco aprobado para el mercado regulado y un mercado voluntario en plena evolución.

En su tercera edición, el foro busca acelerar la consolidación del mercado de carbono en el país y fortalecer su articulación con la acción climática. En ese contexto, se abrirá un espacio para abordar los desafíos de política pública que condicionan el desarrollo del sector, promoviendo aportes técnicos que puedan ser considerados en la construcción de una agenda climática hacia el próximo gobierno, con énfasis en marcos estables, el rol de las regiones y la participación del sector privado en la implementación de soluciones climáticas.

El objetivo central es consolidar un espacio de diálogo y construcción conjunta entre el sector público y el privado. Esta articulación resulta clave para fortalecer la confianza y avanzar en la implementación de instrumentos climáticos, en línea con los retos de financiamiento, transparencia y escalabilidad que atraviesa el mercado de carbono y la acción climática en el país.

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