Operativo resalta lucha contra minería ilegal.Estado reafirma lucha frontal contra delitos ambientales en operativo conjunto que desmanteló logística ilícita en el sector A7.
En un esfuerzo articulado por salvaguardar el patrimonio natural del país, las autoridades peruanas ejecutaron un contundente operativo contra la minería ilegal en el corazón de la Reserva Nacional Tambopata. La intervención, que tuvo lugar en el sector denominado A7, resultó en la neutralización de infraestructura y maquinaria utilizada para la extracción ilícita de oro.
La operación fue liderada por la Marina de Guerra del Perú junto a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), y contó con el soporte técnico estratégico del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).
Durante la incursión, las fuerzas del orden lograron identificar y destruir un total de seis campamentos mineros que servían de base logística para los infractores. Siguiendo las disposiciones del Ministerio Público y la Fiscalía de la Nación, se procedió a la destrucción de equipos de alto impacto ambiental.
El inventario de lo destruido incluye motores, tracas, caballetes y balsas utilizadas para la succión de sedimentos. Botes y tubos de PVC empleados en el sistema de lavado de oro y más de 570 galones de combustible, junto a otros materiales altamente contaminantes que ponían en riesgo la pureza de las fuentes de agua locales.
Este operativo se enmarca en la política de "tolerancia cero" contra las actividades que degradan la selva amazónica. La Reserva Nacional Tambopata es uno de los ecosistemas más biodiversos del planeta, y la presencia de minería ilegal no solo destruye el bosque, sino que impacta directamente en la salud de las poblaciones locales debido al uso de mercurio y la deforestación.
"A través de estas acciones, el Estado peruano reafirma su compromiso de continuar la lucha frontal contra los delitos ambientales y de seguir conservando nuestra biodiversidad y los recursos naturales en beneficio de las poblaciones", señalaron representantes de las instituciones participantes.
Las autoridades han asegurado que el monitoreo en la zona será permanente para evitar el reasentamiento de mineros ilegales, garantizando que el sector A7 y sus alrededores se mantengan como áreas de conservación y aprovechamiento sostenible para la ciudadanía.