Crean la Defensoría del Agua y Bosques Amazónicos para frenar la minería ilegal y la crisis hídrica en San Martín

Frente a la rápida expansión de la minería ilegal y la alarmante falta de acceso a servicios básicos, líderes sociales y comunales de siete provincias de la región San Martín marcaron un hito organizativo. Durante la II Asamblea de Dirigentes por la Defensa del Agua y los Bosques, celebrada el último 30 de abril, acordaron la creación de la primera Defensoría de Agua y Bosques Amazónicos, una instancia ciudadana autónoma que buscará hacer frente a la inacción del Estado en la protección del medio ambiente.

La decisión responde a un diagnóstico territorial crítico. A pesar de que la región cuenta con 2,981 caseríos y 2,569 fuentes hídricas, apenas el 29% de la población sanmartinense tiene acceso a agua segura. A esta grave brecha social se suma una inminente amenaza ecológica: la existencia de 523 derechos mineros que comprometen casi el 3.5% del territorio regional, facilitan la extracción de oro, plata y cobre y exacerban problemas como la tala indiscriminada y la contaminación de los ríos.

Ante lo que calificaron como una respuesta estatal debilitada por la burocracia y la corrupción, las bases populares —integradas por juntas de usuarios, frentes de defensa y autoridades de Lamas, Moyobamba, Rioja, Picota, Huallaga y El Dorado— eligieron a su primer Consejo Directivo. La presidencia recayó en Rómulo Fernández Medina, acompañado por Juan Cortegana en la vicepresidencia y un equipo paritario en las distintas secretarías.

Esta nueva directiva tendrá la misión de ejecutar el plan operativo 'Agua Segura 2030'. Sus prioridades serán el cierre de brechas de saneamiento en zonas rurales, la vigilancia de la calidad del agua urbana y la promoción de un uso eficiente del recurso para potenciar la agricultura y el ecoturismo, un sector económico vital que depende en casi un 60% de los atractivos hídricos de la región.

El accionar de la Defensoría se guiará por el plan estratégico 'San Martín Verde y Sostenible al 2030', estructurado sobre cuatro pilares fundamentales: seguridad hídrica, seguridad ambiental, seguridad alimentaria y desarrollo económico sostenible. El reto se enmarca en la defensa de un capital natural invaluable, compuesto por 59 áreas de conservación que protegen más de 665 mil hectáreas de bosque, lo que consolida a la región como un soporte clave frente al cambio climático.

Durante la asamblea, uno de los puntos más álgidos fue el cuestionamiento a las actuales políticas gubernamentales contra las economías ilícitas. Los dirigentes calificaron de limitadas e insuficientes las recientes intervenciones policiales contra la minería ilegal —que dejaron apenas cuatro detenidos—, dada la verdadera magnitud de la devastación. En respuesta, exigieron un plan interinstitucional que emplee tecnología, inteligencia operativa y todo el rigor del marco penal para frenar la expansión descontrolada de las concesiones.

Con la instauración de esta Defensoría, las organizaciones civiles de San Martín lanzan un llamado a la acción nacional. Advierten que proteger las cabeceras de cuenca y los bosques amazónicos ha dejado de ser únicamente una causa ambiental para convertirse en una obligación legal, social y ética indispensable para garantizar la vida, la salud y el equilibrio económico de todo el país.