Congreso decide si protege por ley a Paracas y otras reservas marinas contra la pesca industrial

La discusión sobre el ingreso de la pesca industrial a las áreas naturales protegidas vuelve al centro del debate nacional. Este jueves 7 de mayo, el Pleno del Congreso tiene previsto debatir el Proyecto de Ley 5666, una iniciativa que propone incorporar el artículo 27-A a la Ley de Áreas Naturales Protegidas para establecer de forma expresa, y con rango de ley, la prohibición de esta actividad a gran escala en todos los espacios marinos y marino-costeros del país.

La urgencia de esta medida se comprende mejor al observar el reciente caso de la Reserva Nacional de Paracas. Durante los últimos años, la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) inició una disputa judicial contra el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) para intentar operar dentro de esta zona. A inicios de este año, la Corte Suprema falló a favor del Estado y ratificó que la prohibición responde al deber constitucional de conservar la biodiversidad y los recursos naturales.

Sin embargo, el fallo judicial no ha eliminado todos los riesgos. Aunque la restricción para la flota industrial existe desde hace más de 25 años en el reglamento, este marco normativo inferior no ha impedido presiones constantes ni controversias legales. El objetivo del PL 5666 es convertir esta regla en una disposición con jerarquía de ley, con lo que se protegen las reservas marinas para evitar que la norma sea reinterpretada o debilitada bajo el argumento de supuestos derechos preexistentes.

Más allá de la jerarquía legal, el proyecto busca enfrentar un grave problema de impunidad generado por un vacío sancionador. En la actualidad, el Estado reconoce que la pesca industrial está prohibida en estas zonas de conservación, pero carece de herramientas efectivas para castigar a quienes incumplen la regla. Esto ocurre porque el Ministerio de la Producción (Produce) eliminó de su cuadro de infracciones la tipificación específica por pescar dentro de áreas prohibidas o reservadas.

Este escenario ha dejado a las áreas marinas en una situación de preocupante vulnerabilidad, agravada por el hecho de que el Sernanp no cuenta con competencias sancionadoras directas frente a la pesca industrial. Debido a este vacío normativo de Produce, multas que ya habían sido impuestas están siendo archivadas. Solo en Paracas, 99 sanciones emitidas durante 2024, equivalentes a más de 12 millones de soles, quedarían sin efecto.

El impacto de permitir, por acción u omisión, el ingreso de flotas industriales va más allá del ámbito ecológico. Espacios emblemáticos como Paracas sostienen el turismo, la pesca artesanal y la economía de cientos de familias locales que dependen de ecosistemas saludables. La inmensa capacidad de extracción de la gran industria amenaza directamente los recursos hidrobiológicos que mantienen a flote a estas comunidades costeras.

Este jueves, el Poder Legislativo tiene la posibilidad de marcar un hito en la conservación marina del Perú. La decisión del Congreso definirá si la protección de las reservas nacionales queda fortalecida definitivamente por ley, respaldando la reciente sentencia de la Corte Suprema, o si estos frágiles ecosistemas seguirán expuestos a los vacíos sancionadores y a las constantes presiones sectoriales.