El mundo celebra el Día de la Lucha contra Desertificación y Sequía

Varias regiones del mundo, y más precisamente de nuestro país, sufren cada vez en mayor medida por la pérdida progresiva de la capacidad productiva del suelo -muchas veces causada por el uso inadecuado de la tierra y el cambio climático- y la falta prolongada de lluvias, que afecta cultivos, ganado y medios de vida.

Frente a estos desafíos, la acción ciudadana es clave para preservar nuestros recursos y adaptarnos al cambio climático. Con la fecha, se busca sensibilizar a los ciudadanos para implementar medida que reduzcan estas peligrosas condiciones.

Según Naciones Unidas, el 40% de la superficie terrestre está degradada, con una pérdida anual de más de 100 millones de hectáreas productivas, lo que provoca, entre otras cosas, efectos negativos en la vida cotidiana de más de  3.200 millones de personas: se calcula, por ejemplo, que anualmente, unas  24,5 millones de personas se ven forzadas a abandonar sus hogares por culpa de la degradación ambiental.

En tanto, un estudio publicado en Nature, reveló que la demanda evaporativa de la atmósfera, es decir, su capacidad para extraer humedad del suelo, ha aumentado un 40% en las últimas décadas. Esto hace que incluso en zonas donde las lluvias y precipitaciones no han disminuido, las sequías sean más intensas. En tan sólo cinco años, la superficie terrestre afectada por sequías severas ha aumentado un 74%.

 “El papel del transporte de humedad será clave en la aparición de sequías en el futuro”, advierte Luis Gimeno, autor principal del estudio, subrayando la necesidad de considerar este factor en los modelos climáticos y de gestión del agua.

Frente a esta situación, el Estado peruano está diseñando políticas públicas como el Plan de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación, la Degradación de Tierras y la Sequía al 2030.

Este instrumento busca neutralizar la degradación de tierras, mitigar el avance de la desertificación y fortalecer la capacidad de adaptación frente a la sequía. Promueve una gobernanza participativa y articulada, e involucra a gobiernos regionales, comunidades, sector privado, sociedad civil y cooperación internacional.