A pesar de su relevancia, estas comunidades enfrentan serias brechas: acceso limitado a servicios de salud y educación, infraestructura básica y justicia efectiva. Muchas comunidades aún no tienen títulos de propiedad, lo que las expone a la explotación de sus recursos naturales.

La ilegalidad, especialmente la minería y tala ilegales, avanza en sus territorios. Este contexto genera conflictos socioambientales, contaminación y violencia. Defensores indígenas son criminalizados, amenazados o asesinados sin consecuencias legales. Proteger a los y las defensores indígenas requiere acciones concretas: garantizar seguridad jurídica, acceso a justicia, titulación del territorio y participación efectiva en la toma de decisiones. Sin estas medidas, la defensa ambiental sigue siendo un acto de alto riesgo.

En adición, contar con datos confiables y desagregados sobre los pueblos indígenas es clave. El Censo Nacional 2025 constituye una oportunidad: puede permitir robustecer información sobre identidad étnica, ubicación y necesidades, si su diseño incluye una participación efectiva, para evitar subregistro o clasificación inadecuada, de lo contrario las brechas persistirán, así como la invisibilización histórica de los pueblos indígenas.

Solo con información robusta, reconocimiento legal y participación real será posible cerrar brechas estructurales y diseñar políticas públicas que garanticen los derechos y la dignidad de los pueblos indígenas en el Perú.