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Huánuco: Defensores de la ACP Panguana bajo asedio y amenazas tras golpes a la minería ilegal en YuyapichisHuánuco: Defensores de la ACP Panguana bajo asedio y amenazas tras golpes a la minería ilegal en Yuyapichis
La tensión se ha desbordado en la Amazonía central. En las últimas semanas, los pobladores, investigadores y trabajadores del Área de Conservación Privada (ACP) Panguana, ubicada en Yuyapichis (Huánuco), han comenzado a recibir amenazas directas contra su integridad. Esta ola de hostilidad surge como represalia inmediata tras una serie de operativos de interdicción ejecutados por el Estado, los cuales lograron destruir maquinaria pesada perteneciente a cuatro de los principales grupos de minería ilegal que operan en la provincia de Puerto Inca.
Según reporta el Observatorio de Minería Ilegal (OMI), los ataques se dirigen específicamente contra quienes residen y laboran en la Estación Biológica Panguana. Si bien la intervención de la Policía Nacional, la Marina de Guerra y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental fue un golpe necesario contra la actividad ilícita, la presencia de estas fuerzas fue temporal. Su retirada ha dejado a los defensores ambientales en una situación de extrema vulnerabilidad frente a redes criminales que buscan intimidar y frenar cualquier intento de fiscalización en la zona.
La respuesta administrativa del Estado avanza con lentitud frente a la urgencia del peligro. Aunque la Subprefectura de Yuyapichis otorgó garantías personales a los miembros del ACP el pasado 18 de septiembre de 2025, las organizaciones advierten que esto es insuficiente. Desde agosto de 2025, se solicitó al Ministerio de Justicia la incorporación formal de estas personas en el registro oficial de defensores ambientales, un trámite que permanece en curso mientras el riesgo en el terreno escala día a día.
Las organizaciones civiles alertan que el clima de violencia evidencia un grave incremento del riesgo para la vida de los custodios del bosque. Advierten que la protección estatal actual no alcanza para contener a un crimen organizado que se expande sin control y que ha reaccionado con agresividad ante la pérdida de sus activos. Lo que antes era un riesgo latente, hoy es una confrontación abierta que pone en jaque la continuidad de la conservación en este territorio.
Ante este escenario crítico, un bloque de instituciones —que incluye a la Sociedad Zoológica de Fráncfort, Conservación Amazónica (ACCA), la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y otras ONG— ha emitido un pronunciamiento exigiendo una intervención multisectorial urgente. Instan al Ministerio del Interior, al Ministerio del Ambiente y a la Presidencia del Consejo de Ministros a adoptar medidas inmediatas para desarticular a los grupos criminales, más allá de operativos aislados.
La exigencia central es clara: el Poder Ejecutivo debe garantizar una presencia constante en la zona y condiciones reales de seguridad alineadas con estándares de derechos humanos. Sin una estrategia sostenida que proteja a los defensores y frene la expansión minera, el ACP Panguana y su comunidad permanecerán a merced de las represalias de las economías ilegales.