La imparable crisis de la deforestación

Para dimensionar la gravedad, Benites Barrón ilustra que cada tres minutos se pierde una extensión de bosque amazónico equivalente a una cancha de fútbol. En términos internacionales, la superficie perdida en lo que va del siglo equivale a 542 veces la isla de Manhattan.

Esta tendencia no solo afecta al Perú. Estudios sugieren que, para el año 2050, la Amazonía podría alcanzar un punto de no retorno, perdiendo su capacidad de recuperación natural. Esto agrava el contexto del cambio climático, ya que la deforestación libera gases de efecto invernadero que intensifican fenómenos como olas de calor y pérdida de biodiversidad.

Las causas de este fenómeno son múltiples y complejas. Una de las principales amenazas es la minería ilegal, impulsada por el precio histórico del oro, que en 2025 alcanzó los cuatro mil dólares la onza y se proyecta a cinco mil para 2026. Ante tal incentivo económico, no existe autoridad o ley que logre frenar la degradación de los ecosistemas.

Esta actividad, visible desde el aire como grandes manchas de barro que rompen el bosque verde, se ha expandido desde Madre de Dios hacia otras regiones como Huánuco, la frontera con Ecuador y la cuenca del río Nanay en Loreto. Se estima que entre el 30% y el 70% de las exportaciones de oro podrían tener un origen ilegal.

Además de la minería, existen otras causas determinantes como las invasiones por tráfico de tierras, que representan una constante en la región, así como el cambio de uso de suelo para aprovechamiento agrícola o cultivos ilegales, una práctica que se está extendiendo hacia la frontera con Brasil; a esto se suman los incendios forestales, mayormente provocados por causas humanas con el fin de ampliar la frontera agrícola y que alcanzaron récords mundiales en 2024.

A pesar de contar con legislación forestal y compromisos internacionales como el Acuerdo de París, la respuesta del Estado es insuficiente. Benites Barrón describe la organización estatal como un "feudalismo" donde la visión centralista y sectorial genera ineficiencia. Las direcciones regionales carecen de recursos y deben coordinar con ministerios en Lima para los cuales la Amazonía suele ser la última prioridad.

El Perú se comprometió a reducir sus emisiones entre un 30% y 40% para el 2030, pero la deforestación, que causa más de la mitad de estas emisiones, aumentó justamente en años clave como el 2020.

Para combatir esto, se requiere una decisión política integral y una visión territorial que supere el enfoque sectorial. Existen iniciativas prometedoras como el Programa REDD+ Jurisdiccional Indígena (RIJ), lanzado en 2024, que busca financiar la conservación en territorios indígenas mediante mercados de carbono. Sin embargo, sin una estrategia unificada, la deforestación seguirá ganando terreno; de hecho, en el tiempo que toma leer este artículo, varias "canchas de fútbol" de bosque ya han desaparecido.