Ucayali bajo asedio: El 98% de la deforestación en la última década fue ilegal

El estudio, elaborado por Proética y la Red Anticorrupción Forestal de Ucayali, detalla que de toda la superficie deforestada, apenas 5,083 hectáreas contaron con el permiso formal de las autoridades competentes, como el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) o la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre (GERFFS). El inmenso resto, más de 366 mil hectáreas, fue arrasado ilegalmente. Este escenario de informalidad sistémica no solo representa un daño ecológico irreversible, sino también una millonaria pérdida económica para el Estado, que dejó de percibir los pagos por derechos de aprovechamiento y compensación que sí abonaron el exiguo porcentaje de actores legales.

El análisis temporal de los datos identifica al año 2020 como el punto más crítico de la década. En medio de la emergencia sanitaria por la COVID-19, mientras la atención pública y los mecanismos de fiscalización se reducían drásticamente debido a las restricciones, la deforestación alcanzó su pico histórico con 47,267 hectáreas perdidas en un solo año. La falta de control en campo facilitó el avance desmedido de actividades ilícitas, demostrando la vulnerabilidad de los bosques ante la ausencia del Estado. Aunque las cifras mostraron una ligera disminución en los años posteriores, el problema sigue latente y lejos de resolverse.

Geográficamente, la devastación no ha sido homogénea. La provincia de Coronel Portillo se sitúa como el epicentro de la destrucción, concentrando el 42.38% de toda la pérdida de bosque regional, con más de 157 mil hectáreas desaparecidas. Esta presión sobre el territorio se atribuye principalmente a la expansión de monocultivos como la palma aceitera y el cacao, así como al tráfico de tierras. El informe destaca que la mayor incidencia de deforestación ocurre en parcelas pequeñas de entre una y cinco hectáreas, lo que sugiere un patrón de cambio de uso de suelo hormiga que termina consolidando grandes extensiones agrícolas sin planificación técnica. En contraste, la provincia de Purús se mantiene como la menos afectada, conservando gran parte de su integridad ecológica.

El panorama se complica aún más con la reciente promulgación de la Ley N° 31973, conocida por las organizaciones civiles como la "Ley Antiforestal". El informe advierte que esta modificación normativa, aprobada por el Congreso, facilita que los predios deforestados ilegalmente antes de su vigencia puedan ser reclasificados automáticamente como áreas agropecuarias. Esta medida, lejos de solucionar el problema, valida las conductas ilícitas del pasado, fomenta el acaparamiento de tierras y crea un peligroso precedente de impunidad que beneficia a quienes destruyeron el patrimonio forestal sin autorización, debilitando la gobernanza ambiental y vulnerando los derechos de los pueblos indígenas.

Frente a esta realidad de desgobierno, el documento insta a fortalecer la coordinación entre el SERFOR, el Gobierno Regional de Ucayali, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) y el OSINFOR. Las organizaciones autoras del estudio concluyen que es imperativo mejorar la eficacia de los controles, implementar sistemas de alerta temprana y protocolos de actuación interinstitucional para frenar la sangría de los bosques. Sin una respuesta firme que sancione los delitos ambientales y promueva la restauración de los ecosistemas degradados, Ucayali corre el riesgo de convertir su riqueza natural en tierras áridas y conflictos sociales permanentes.