Instalan gobernanza compartida entre el Estado y pueblos indígenas para la acción climáticaEn un paso decisivo para la conservación de los bosques tropicales, ayer, 14 de enero, se concretó la instalación formal de la Instancia de Toma de Decisiones del Programa REDD+ Indígena Jurisdiccional. Este espacio marca un hito en la gestión ambiental del país al consolidar una gobernanza compartida entre el Estado peruano y los pueblos originarios para enfrentar la crisis climática desde la Amazonía. La sesión, liderada por la viceministra de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, Romina Caminada, reunió al denominado Grupo Perú de Pueblos Indígenas, conformado por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP) y la Asociación Nacional de Ejecutores de Contratos de Administración de las Reservas Comunales del Perú (ANECAP).
Durante el encuentro, las partes firmaron tres acuerdos fundamentales que establecen la base operativa y dan inicio oficial al Plan de Implementación de esta iniciativa pionera. La instalación de esta instancia responde a los compromisos establecidos en el Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional suscrito entre las partes. El objetivo central de esta alianza es desarrollar de manera conjunta el Programa para que sea registrado bajo el estándar de excelencia ambiental REDD+ (TREES) de la arquitectura ART. Este esfuerzo colaborativo busca crear sinergias en beneficio de las comunidades nativas, centrando sus acciones en zonas de alta cobertura boscosa y baja deforestación.
Según el documento técnico que rige esta alianza, la implementación del programa persigue metas claras como asegurar que la iniciativa cumpla con los estrictos requisitos para validar, verificar y emitir unidades de reducción de emisiones bajo el estándar internacional, alineándose con el marco normativo nacional y el Registro Nacional de Medidas de Mitigación. Asimismo, se busca coordinar el diseño participativo e intercultural de un Mecanismo de Distribución de Beneficios, garantizando que los recursos generados lleguen directamente a las comunidades que conservan el bosque.
El convenio establece que la implementación se realizará con un enfoque intercultural, respetando las estructuras de gobernanza de los pueblos indígenas, sus derechos colectivos y asegurando el cumplimiento de las salvaguardas ambientales y sociales. Además, se incluye el compromiso de crear una cuenta especial para los créditos generados, cuya gestión se realizará conforme a la gobernanza compartida del programa, asegurando la transparencia en el manejo de los fondos climáticos.
La viceministra Caminada destacó que una de las prioridades de esta nueva etapa es asegurar la participación efectiva de todas las comunidades nativas involucradas. Al integrar la investigación científica, el conocimiento ancestral y la normativa internacional, el Programa REDD+ Indígena Jurisdiccional se proyecta como un referente mundial. Esta propuesta no solo busca frenar la deforestación, sino también promover alternativas económicas sostenibles para las comunidades socias, consolidando una acción climática con identidad propia que posiciona al Perú a la vanguardia de la conservación con enfoque de derechos.