Pobladores expulsan a minera y advierten que no permitirán el retorno de maquinaria a Santo Domingo de Anda

La movilización no fue un acto improvisado, sino la ejecución de un acuerdo colectivo. Previo al desalojo, los vecinos y presidentes de juntas vecinales se concentraron en una asamblea pública donde ratificaron la postura adoptada el pasado 10 de enero. En aquella fecha, durante una reunión en la municipalidad distrital, ya se había exigido a la empresa el cese inmediato de operaciones y su retiro definitivo. Los manifestantes denunciaron que la compañía incumplió dicho compromiso al intentar mantener sus actividades de remoción de tierras y extracción de oro bajo el argumento de operar en propiedad privada, una justificación que fue rechazada categóricamente por la asamblea.

Bajo la atenta mirada de efectivos de la Policía Nacional del Perú, cuya presencia buscó garantizar el orden y evitar enfrentamientos físicos, la multitud se dirigió hasta el punto de operaciones. Allí, los dirigentes enfrentaron a los encargados del campamento, criticando la ausencia de los dueños de la empresa y exigiendo el cumplimiento de las actas suscritas anteriormente. La presión social surtió efecto inmediato, logrando el retiro de un cargador frontal y una retroexcavadora bajo supervisión policial, solicitando además la presencia de un transporte de carga pesada para asegurar la salida definitiva de los equipos.

La principal preocupación de la comunidad radica en el impacto ecológico de estas faenas. Según las denuncias vecinales, la empresa se habría instalado invadiendo cauces de ríos, quebradas y fajas marginales, vulnerando la normativa ambiental y poniendo en riesgo la seguridad de las comunidades de Santo Domingo de Anda y del vecino distrito de Pueblo Nuevo. Esta amenaza ambiental motivó la solidaridad de representantes de distritos aledaños como Daniel Alomía Robles, Castillo Grande, Rupa Rupa y José Crespo y Castillo, quienes se sumaron a la jornada para exigir el respeto a las ordenanzas municipales que prohíben la expansión minera en la zona.

La situación generó reacciones políticas directas por parte de las autoridades locales. El alcalde del distrito de Pueblo Nuevo, Celestrino Ávalos, cuestionó severamente la inacción del Estado frente a este conflicto. La autoridad edil criticó que, mientras la población defiende sus recursos, la empresa minera parece ampararse en medidas cautelares judiciales para continuar operando, lo que calificó como un atropello contra los distritos afectados. Ávalos advirtió que la falta de firmeza por parte de las instancias competentes está gestando un escenario peligroso que podría desencadenar conflictos internos entre pueblos vecinos.

Aunque el retiro del campamento marca un nuevo precedente de rechazo ciudadano, los dirigentes han anunciado que mantendrán una vigilancia comunal permanente ante el temor de un tercer intento de ingreso por parte de la minera. El mensaje final de la jornada fue contundente hacia las autoridades regionales y nacionales, a quienes se les exigió intervenir para hacer cumplir la ley y respetar la voluntad de la población de mantener su territorio libre de actividad minera.