Aguas internacionales quedan bajo el amparo del tratado de Alta Mar

La disposición entró en vigencia después de fuera ratificada por cerca de 80 naciones. Formalmente denominado Acuerdo sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Áreas Fuera de la Jurisdicción Nacional, este tratado se acordó en marzo de 2023, tras dos décadas de negociaciones.

Entre los que lo han ratificado, España, la Unión Europea o China. Sin embargo, países como Estados Unidos, India o Argentina, aún no lo han confirmado.

Pese a su enorme importancia, estas aguas han estado gestionadas hasta ahora bajo una serie de acuerdos y organismos internacionales sin una jurisdicción clara y con unas normas inadecuadas para su protección.

Estos mares están situados a más 200 millas marinas de la costa, y eran compartidos por todos los países. Juntas equivalen a la mitad del planeta.

No obstante, gracias al Tratado de Alta Mar, se podrá aplicar en ellas el Marco Mundial para la Biodiversidad de Kunming-Montreal, que compromete a los países a proteger y conservar al menos el 30 % de los océanos y resto de ecosistemas de la Tierra para 2030, pues, entre otras cuestiones, establece herramientas para crear áreas marinas protegidas (AMP).

Su aplicación permitirá superar la fragmentación normativa existente y avanzar hacia un enfoque integrado, preventivo y basado en el conocimiento científico, han explicado a EFEverde fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica.

Entre otras cuestiones, establece un marco común para el acceso y la utilización de los recursos genéticos marinos, incorporando el principio de reparto «justo y equitativo» de los beneficios derivados de su uso.

«Este enfoque resulta especialmente relevante ante el creciente desarrollo de actividades científicas y biotecnológicas en aguas internacionales, y refuerza la consideración de estos recursos como patrimonio común, promoviendo su uso responsable y sostenible», han subrayado desde el Ministerio.

Además, define procedimientos multilaterales, criterios científicos y mecanismos de seguimiento para el establecimiento y gestión de áreas, lo que permitirá avanzar de forma efectiva hacia los compromisos internacionales de conservación marina, incluyendo el objetivo de proteger al menos el 30 % del océano para 2030.

Otro de los elementos centrales del acuerdo es la regulación de las evaluaciones de impacto ambiental de las actividades previstas en alta mar.

Para ello, introduce obligaciones comunes para identificar, evaluar y gestionar los posibles impactos significativos sobre el medio marino, garantizando la transparencia, la participación y el acceso a la información. Estas evaluaciones deberán compartirse a través de un mecanismo internacional de intercambio de información, lo que favorecerá la cooperación científica y la toma de decisiones informada.

Para que el tratado empieza a operar, se debe establecer una Conferencia de las Partes (COP) y otros órganos institucionales, como un Órgano Científico y Técnico, un Comité de Implementación y Cumplimiento y comités especializados, señaló Eva Hernández, coordinadora de Gobernanza ambiental de SEO/BirdLife, en diálogo con EFEverde.