Expertos advierten que nuevo decreto contra la minería ilegal podría caer en "populismo penal"

César Ipenza, experto en derecho ambiental, destacó que el decreto acierta al cerrar "zonas grises", sancionando no solo la extracción, sino también el financiamiento, transporte y procesamiento de minerales, eslabones que antes operaban en la impunidad.

Sin embargo, la falta de inteligencia operativa podría convertir la norma en letra muerta. Julio Guzmán, Procurador Público Especializado en Materia Ambiental, advirtió sobre el riesgo de un "populismo penal": recurrir a la cárcel para resolver lo que el derecho administrativo no ha solucionado —la fiscalización y control— podría disparar la corrupción si no existen mecanismos de trazabilidad para identificar el origen de los recursos.

La precariedad institucional es otro obstáculo. El juez supremo Juan Carlos Checkley alertó que la norma no incluye incremento presupuestal para investigar un delito complejo y "pluriofensivo" como la minería ilegal. "Sin fondos ni capacitación para policías y fiscales, la norma corre el riesgo de quedar en el plano declarativo", sostuvo.

Finalmente, el debate apuntó al problema de fondo: el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). Fiorella Chinchay (UNODC) e Iris Olivera (DAR) coincidieron en que la ambigüedad generada por las constantes prórrogas de este registro bloquea la acción penal. La conclusión es unánime: sin cerrar las brechas de impunidad administrativa y sin control territorial, la nueva ley será solo una respuesta punitiva sin impacto real.