Gestionar el agua como activo estratégico y no solo ambiental

El Perú vive una paradoja hídrica peligrosa que amenaza su futuro desarrollo. A pesar de poseer casi el 4% de los recursos hídricos renovables del planeta, el país enfrenta una distribución geográfica extremadamente desigual, donde más del 98% del agua se localiza en la vertiente amazónica, mientras que la costa —que concentra la mayor parte de la población y la actividad económica— accede a menos del 2% del recurso.

Frente a un déficit mundial de agua proyectado del 40% para el año 2030, resulta imperativo dejar de ver el agua únicamente como un recurso ambiental y comenzar a gestionarla como un activo estratégico de seguridad nacional. Esta es la premisa central del documento de política pública "Agua: activo estratégico para el desarrollo sostenible del Perú", elaborado por Elsa Galarza Contreras para la serie Agenda 2026 de la Universidad del Pacífico.

El diagnóstico de la exministra del Ambiente es contundente al señalar que el mayor problema no es solo la escasez física, sino la gobernanza. Actualmente, la gestión del agua está fragmentada entre múltiples ministerios y niveles de gobierno, lo que genera inversiones desarticuladas y conflictos sociales. Para romper esta inercia y evitar que la gestión integrada quede en un concepto teórico, Galarza propone la implementación del Mecanismo de Articulación para la Gobernanza e Integración Financiera de la Cuenca (MAGIC), una solución que busca transitar de una administración sectorial centralizada a una verdadera gestión territorial.

Este mecanismo funcionaría bajo una estructura diseñada para garantizar transparencia y ejecución, combinando un Consejo de Gobernanza de la Cuenca liderado por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) con un Comité de Inversiones y una Unidad Técnica Operativa. La innovación del modelo radica en su capacidad para movilizar recursos mixtos a través de un "Fondo de Inversión Hídrica" por cuenca, superando la dependencia exclusiva del tesoro público al integrar fuentes como el canon y tarifas reguladas junto con aportes privados, bonos verdes y pagos por servicios ecosistémicos.

La propuesta cobra urgencia ante la vulnerabilidad climática del país, evidenciada por el retroceso de los glaciares andinos que han perdido el 56% de su superficie desde 1970 . Por ello, Galarza enfatiza que la infraestructura física por sí sola no garantiza la seguridad hídrica; se requiere una gestión eficiente que coordine inversiones sin demoras e incluya soluciones basadas en la naturaleza, como la restauración de humedales y la siembra y cosecha de agua, integrando el conocimiento ancestral para asegurar el abastecimiento futuro de la población.