Ecuador aprueba cuestionada ley de minería

La iniciativa busca fortalecer el desempeño operativo de ambos sectores, generar ingresos fiscales y divisas, y contribuir a la sostenibilidad macroeconómica del Estado, informaron fuentes parlamentarias.

Los legisladores que respaldaron la norma sostienen que la minería ilegal es la que destruye territorios y que la ley permitirá inversión responsable con control ambiental. Según el asambleísta oficialista Alejandro Lara, la propuesta no implica elegir entre empleo y naturaleza, sino garantizar ambos con reglas claras.

No obstante, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) denunció que la ley flexibiliza controles ambientales, reemplaza licencias por autorizaciones simples, permite concesiones de hasta 30 años y habilita la militarización de territorios.

Para la organización, la Asamblea eligió “el extractivismo por encima del agua”. Líderes como Yaku Pérez calificaron la norma de “ecocida” y anunciaron acciones legales e incluso protestas.

El informe aprobado reforma varios artículos de la Ley de Minería. Según lo señalado, refuerza la rectoría del Estado y precisa competencias institucionales, actualiza el régimen de patentes de conservación y etapas de exploración/explotación, e incorpora un capítulo sobre fomento de inversión y áreas de seguridad estratégica.

En el ámbito energético, se modificó la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica para modernizar conceptos como generación distribuida, autoabastecimiento y distritos autónomos energéticos. También se establecen reglas para la participación excepcional de empresas privadas, estatales extranjeras y de la economía popular y solidaria.

Uno de los puntos más polémicos fue la asignación de regalías a la Amazonía. Inicialmente, un artículo ponía en riesgo el 30% destinado a esa región, lo que generó tensiones con legisladores amazónicos. Finalmente, el texto fue corregido para recomponer la mayoría parlamentaria. La normativa fue aprobada tras intensos debates y modificaciones. Además, es rechazada por la Conaie y otros movimientos sociales, quienes denuncian retrocesos en derechos ambientales. No obstante, el gobierno defiende que la norma atrae inversión formal y combate la ilegalidad.