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Acusan a autoridades de Huánuco por anular concesión de conservación por intereses electorales y permitir ecocidioAcusan a autoridades de Huánuco por anular concesión de conservación por intereses electorales y permitir ecocidio
La Asociación de Protección de Bosques Tropicales Monte Verde ha emitido un enérgico pronunciamiento público dirigido a las autoridades y a la ciudadanía de la región Huánuco. La organización denuncia la anulación arbitraria de su concesión de conservación, acusando directamente a la Dirección Regional de Agricultura (DRA) de Huánuco de cometer delitos consumados de abuso de autoridad, omisión de actos funcionales y fraude procesal. De acuerdo con el comunicado, la DRA anuló la concesión sin contar con un sustento legal ni un informe jurídico válido. Esta acción se materializó el 24 de octubre de 2025 mediante la Resolución de nulidad N° 00489-2025-GR-DRA-HCO, un acto que la ONG califica como una vulneración al principio de legalidad y al debido procedimiento administrativo.
Un desastre ecológico inminente
El impacto de esta decisión administrativa ha sido calificado como un daño irreversible. La anulación ha dejado sin resguardo ni protección a más de 3,139 hectáreas de bosque tropical de alto valor ecológico. Según la denuncia, a consecuencia de esta anulación, los pobladores de Pucaplaya y sus caseríos aledaños que se opusieron están talando, destruyendo y quemando a propósito. El objetivo de estas acciones es ganar más espacio para la agricultura y permitir el eminente avance de la ganadería, actividad que la asociación identifica como el principal depredador de los bosques. Antes del otorgamiento de la concesión el área estuvo intacta, pero ahora se han realizado acciones de tala en la zona.
Intereses políticos y supuestos títulos de propiedad
El conflicto se originó por la oposición de algunos ganaderos del caserío de Pucaplaya, Santa Ana y Torre Jirca, cuyo principal argumento era que la concesión impediría la expansión ganadera al no permitir talar o rozar, teniendo conocimiento de que el área sería destinada a la conservación. Los opositores hicieron alusión a que contaban con títulos de propiedad en el distrito de Chaglla, provincia de Pachitea. Sin embargo, cuando la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS) de Tingo María solicitó que se presentaran los documentos, dichos derechos nunca fueron acreditados.
Ante esto, los pobladores acudieron al alcalde de Chaglla y a la Subprefectura solicitando la nulidad de la concesión. La asociación denuncia que el alcalde utilizó esta oposición con fines electorales, bajo la premisa de que si lograba anular la concesión, los pobladores lo apoyarían. Monte Verde asegura que las protestas no eran formales, sino una campaña electoral en la que solicitaron recursos logísticos, como camionetas y combustible, para movilizaciones hacia Huánuco, y convocaron a distintos candidatos para unir fuerzas en contra de la conservación.
Una "apuñalada por la espalda" a la conservación
La ONG sostiene que no es función ni deber de esas autoridades incitar a huelgas ni intervenir en procesos administrativos forestales, por lo que han incurrido en delitos de difamación y abuso de autoridad contra la asociación. Este revés resulta especialmente duro para la organización, que se encontraba finalizando su Plan de Manejo Forestal, el cual fue concluido apenas un día después de la anulación. Monte Verde ya había implementado medidas de conservación y ejecutaba el control y vigilancia con drones en el área, demostrando su compromiso y cumpliendo las exigencias y normativas del SERFOR. Para los conservacionistas, esta nulidad emitida por el Estado representa una apuñalada por la espalda, advirtiendo que estos actos administrativos generan profunda preocupación respecto a la seguridad jurídica y la confianza en las instituciones públicas encargadas de velar por los recursos forestales.