Una nueva explosión se registró en el volcán Sabancaya, ubicado en la región Arequipa, situación que ha puesto en alerta a cientos de ciudadanos y autoridades en general

La detonación estuvo acompañada de una emisión de cenizas y gases, reveló el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) con información del Centro Vulcanológico Naciona (CENVUL)l del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

La entidad precisó que las cenizas y gases expulsados vienen siendo dispersados por los vientos en dirección a los sectores Oeste y Noroeste, hacia los distritos de Huambo, Cabanaconde, Tapay y centros poblados.

Esta es la cuarta explosión que registra el Sabancaya, el segundo volcán más activo de Perú, en poco más de 24 horas. El primer evento ocurrió a las 10:15 horas del miércoles 4 de marzo.

El CENVUL agregó que una segunda explosión se registró a las 17:17 horas del mismo día y la tercera a las 21:23 horas, con un radio de dispersión de cenizas de poco más de diez kilómetros.

Sobre la explosión registrada esta mañana, el CENVUL indicó que las cenizas se dirigen con dirección al oeste y noroeste y alcanzará un radio de dispersión de 10 kilómetros.

Ante este suceso recomendó a los pobladores locales protegerse los ojos utilizando lentes y usar mascarillas para evitar daños en las vías respiratorias y digestivas.

Las autoridades y instituciones competentes realicen una evaluación permanente del impacto de las cenizas en el agua, suelo, aire y salud de las personas.

Arequipa en alerta por nueva explosión de volcán Sabancaya

Es la cuarta detonación en poco más de 24 horas

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La Organización de Naciones Unidas (ONU) expresó su preocupación por el proyecto de ley que se debate en Argentina para aplicar cambios en la ley de protección de glaciares aprobada en 2010.

La medida es altamente cuestionada debido a que permite la minería en áreas cercanas a los campos de hielo.

«Quisiéramos expresar nuestra preocupación por el posible impacto que dicha iniciativa podría tener sobre el cambio climático y en el goce efectivo de los derechos humanos», señalaron en una misiva cuatro relatores de la ONU.

La carta, dirigida al Gobierno de Javier Milei, lleva las firmas de Damilola Olawuyi (presidente-relator del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales) y Astrid Puentes Riaño (relatora especial sobre el derecho humano a un medioambiente limpio, sano y sostenible).

También de Albert Barume (relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas) y de Pedro Arrojo-Agudo (relator especial sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento).

En la misiva, los expertos indican que están en juego el derecho al agua, el derecho a un ambiente limpio, saludable y sostenible y los derechos de acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales, «reconocidos en las obligaciones internacionales asumidas por la República Argentina».

El proyecto, impulsado por el Ejecutivo de Milei, otorga a las provincias la potestad de determinar las zonas periglaciales (cercanas a los glaciares) en las que se pueden permitir las actividades mineras.La iniciativa modifica la Ley de Glaciares aprobada en 2010 en Argentina, una norma pionera en Latinoamérica y que establece la protección de los glaciares y del ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua.

El Gobierno alegó que esta modificación a la Ley de Glaciares es necesaria para contribuir al desarrollo económico del país a través del impulso a la minería, sector que ahora registra fuertes inversiones, principalmente en litio, cobre y oro.

Entre otros puntos, los relatores de la ONU recuerdan el deber de proteger la biodiversidad establecido en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, del cual la Argentina es parte.

También cuestionan el desplazamiento desde un régimen de prohibiciones claras hacia un esquema de determinación caso por caso, así como la falta de participación social amplia y adecuada, conforme a los estándares internacionales, en el debate de la reforma, que ya fue aprobada por el Senado el pasado 26 de febrero y ahora debe ser tratada en la Cámara de Diputados.

ONU preocupada por reforma de la ley de glaciares de Argentina

El número de incendios forestales en la Amazonía de Brasil se incrementó dramáticamente en las últimas semanas, encendiendo las alarmas en la población y general y autoridades de dicho país.

El Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais reportó que, durante febrero, se registraron 873 focos activos, lo que representó un aumento del 118,7% respecto del mismo mes de 2025.

Este comportamiento irregular refleja la fragilidad del ecosistema amazónico frente a las actividades humanas. Además, demuestra cómo los cambios en el uso del suelo siguen siendo una de las principales amenazas para el mayor bosque tropical del planeta.

En este marco, las autoridades brasileñas continúan reforzando estrategias para reducir la presión ambiental sobre la región.

Como se sabe, gran parte de los incendios que se registran en la Amazonía están vinculados con la quema de vegetación, que busca abrir nuevas áreas destinadas a la ganadería o a la agricultura.

A esto se suma la expansión de actividades ilegales como la minería y la tala clandestina de madera. Estas prácticas degradan el bosque y generan zonas vulnerables donde el fuego puede propagarse con mayor facilidad.

Durante el gobierno de Jair Bolsonaro, diversos estudios ambientales registraron un aumento significativo de estas actividades en la selva. Como consecuencia, la deforestación avanzó en grandes extensiones del territorio amazónico.

Posteriormente, el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva impulsó una agenda centrada en la recuperación ambiental de la región. Entre las principales medidas se encuentran el fortalecimiento de los controles y la persecución de actividades extractivas ilegales.

Uno de los focos principales de las políticas ambientales se concentra en la protección de territorios indígenas. En especial, el gobierno brasileño intensificó las acciones en la tierra del pueblo Yanomami.

La selva funciona como uno de los mayores reguladores climáticos del planeta y desempeña un papel clave en la absorción de dióxido de carbono.

Crecen los incendios forestales en la Amazonía brasileña

La Asociación de Protección de Bosques Tropicales Monte Verde ha emitido un enérgico pronunciamiento público dirigido a las autoridades y a la ciudadanía de la región Huánuco. La organización denuncia la anulación arbitraria de su concesión de conservación, acusando directamente a la Dirección Regional de Agricultura (DRA) de Huánuco de cometer delitos consumados de abuso de autoridad, omisión de actos funcionales y fraude procesal. De acuerdo con el comunicado, la DRA anuló la concesión sin contar con un sustento legal ni un informe jurídico válido. Esta acción se materializó el 24 de octubre de 2025 mediante la Resolución de nulidad N° 00489-2025-GR-DRA-HCO, un acto que la ONG califica como una vulneración al principio de legalidad y al debido procedimiento administrativo.

<h3>Un desastre ecológico inminente</h3>

El impacto de esta decisión administrativa ha sido calificado como un daño irreversible. La anulación ha dejado sin resguardo ni protección a más de 3,139 hectáreas de bosque tropical de alto valor ecológico. Según la denuncia, a consecuencia de esta anulación, los pobladores de Pucaplaya y sus caseríos aledaños que se opusieron están talando, destruyendo y quemando a propósito. El objetivo de estas acciones es ganar más espacio para la agricultura y permitir el eminente avance de la ganadería, actividad que la asociación identifica como el principal depredador de los bosques. Antes del otorgamiento de la concesión el área estuvo intacta, pero ahora se han realizado acciones de tala en la zona.

<h3>Intereses políticos y supuestos títulos de propiedad</h3>

El conflicto se originó por la oposición de algunos ganaderos del caserío de Pucaplaya, Santa Ana y Torre Jirca, cuyo principal argumento era que la concesión impediría la expansión ganadera al no permitir talar o rozar, teniendo conocimiento de que el área sería destinada a la conservación. Los opositores hicieron alusión a que contaban con títulos de propiedad en el distrito de Chaglla, provincia de Pachitea. Sin embargo, cuando la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS) de Tingo María solicitó que se presentaran los documentos, dichos derechos nunca fueron acreditados.

Ante esto, los pobladores acudieron al alcalde de Chaglla y a la Subprefectura solicitando la nulidad de la concesión. La asociación denuncia que el alcalde utilizó esta oposición con fines electorales, bajo la premisa de que si lograba anular la concesión, los pobladores lo apoyarían. Monte Verde asegura que las protestas no eran formales, sino una campaña electoral en la que solicitaron recursos logísticos, como camionetas y combustible, para movilizaciones hacia Huánuco, y convocaron a distintos candidatos para unir fuerzas en contra de la conservación.

<h3>Una "apuñalada por la espalda" a la conservación</h3>

La ONG sostiene que no es función ni deber de esas autoridades incitar a huelgas ni intervenir en procesos administrativos forestales, por lo que han incurrido en delitos de difamación y abuso de autoridad contra la asociación. Este revés resulta especialmente duro para la organización, que se encontraba finalizando su Plan de Manejo Forestal, el cual fue concluido apenas un día después de la anulación. Monte Verde ya había implementado medidas de conservación y ejecutaba el control y vigilancia con drones en el área, demostrando su compromiso y cumpliendo las exigencias y normativas del SERFOR. Para los conservacionistas, esta nulidad emitida por el Estado representa una apuñalada por la espalda, advirtiendo que estos actos administrativos generan profunda preocupación respecto a la seguridad jurídica y la confianza en las instituciones públicas encargadas de velar por los recursos forestales.

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Arequipa en alerta por nueva explosión de volcán Sabancaya