Los bancos que otorguen créditos rurales subvencionados en Brasil, deberán comprobar si la propiedad solicitante ha registrado talas desde 2019. La medida servirá para involucrar directamente al sistema bancario en la lucha contra la deforestación de la Amazonia y otros biomas, señaló el gobierno brasileño.

La medida convierte a cada gerente bancario en un inspector indirecto de deforestación, según explicó Andre Lima, representante del Ministerio de Medio Ambiente de dicho país. Si la tala detectada no está dentro del porcentaje legal permitido, el productor agropecuario no podrá acceder al crédito subsidiado.

<h2>Brasil contra la deforestación</h2>

La disposición afecta a unos 53.000 millones de dólares, equivalentes a un tercio del crédito rural brasileño. Un estudio de la Climate Policy Initiative reveló que casi una quinta parte de los créditos subvencionados entre 2020 y 2023 se otorgaron a propiedades deforestadas recientemente.

Los bancos han respaldado la medida, considerándola un mecanismo de seguridad jurídica que reduce riesgos de impagos. En cambio, el lobby agropecuario y la Confederación de Agricultura y Pecuaria (CNA) han criticado la norma, alegando posibles falsos positivos en las imágenes satelitales.

El sistema Prodes, operado por el Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE), utiliza satélites que fotografían parcelas de tres metros cada 16 días, permitiendo un monitoreo constante de la Amazonia y otros biomas.

Gracias a esta vigilancia, el último balance anual mostró que la Amazonia perdió 5.796 km² de vegetación nativa, un 11% menos que el año anterior. Desde el regreso de Luiz Inácio Lula da Silva al poder, la deforestación se ha reducido en un 50%, reforzando la promesa de eliminarla completamente para 2030.

<h2>La Amazonía en peligro</h2>

La lucha contra la deforestación en Brasil transforma a los bancos en inspectores de tala para créditos rurales subvencionados, y se enmarca en un escenario global de creciente presión. Como se sabe, la Unión Europea prepara una ley que vetará productos como cacao, café, soja, carne de vacuno, madera y derivados si provienen de áreas deforestadas. Su entrada en vigor está prevista para finales de 2026.

Asimismo, Brasil y el Mercosur han cerrado un acuerdo comercial que entrará en vigor en mayo, lo que refuerza la necesidad de cumplir estándares ambientales para mantener competitividad internacional.

El presidente Lula ha colocado nuevamente a Marina Silva al frente del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático, quien ya en los años 2000 logró reducir drásticamente la tala ilegal. Su gestión ha sido clave para reposicionar a Brasil como actor central en la lucha contra el cambio climático, tras el retroceso ambiental vivido durante el mandato de Jair Bolsonaro.

La incorporación de los bancos como fiscalizadores marca un cambio estructural en la política ambiental brasileña. La medida busca cerrar el paso a la financiación de actividades ilegales y garantizar que los recursos públicos se destinen a productores responsables.

En un contexto de presión internacional y compromisos climáticos, Brasil apuesta por combinar tecnología satelital, regulación financiera y voluntad política para cumplir con la meta de deforestación cero en 2030.

Brasil: Entregarán créditos rurales condicionados comprobaciones de tala

Sistema bancario se suma a la lucha contra la deforestación en la Amazonía

Comercial

Con más de una década dedicado al desarrollo de las telecomunicaciones en diferentes países, he sido testigo del gran impacto que el acceso a Internet tiene en la vida de las personas y en el desarrollo de toda una nación.  Por ello en estos años de carrera he participado activamente en promover e implementar iniciativas que lleven los beneficios de la conectividad a las comunidades que más lo necesitan.

En un país que se encamina hacia un nuevo proceso electoral, sobran las candidaturas, los diagnósticos y las promesas. Lo que sigue faltando, es una brújula compartida que permita ordenar el debate público y distinguir entre crecimiento económico y progreso real para las personas.

Esa fue precisamente la reflexión central del evento “Índice de Progreso Social: nueva brújula para el Perú”, con el liderazgo de su directora Vanessa Mohme, el trabajo sostenido de su Comité de Expertos y el compromiso del Grupo La República. El encuentro, llevado a cabo el pasado 27 de marzo, reunió en la Universidad del Pacífico a representantes del sector público, privado y académico, en un diálogo muy nutrido sobre los límites del crecimiento económico y la urgencia de mejorar la gestión pública para cerrar brechas sociales persistentes.

Durante la presentación, Jaime García, Director Regional del Social Progress Imperative, ofreció una mirada global del Índice de Progreso Social (IPS) y su utilidad práctica para la toma de decisiones. Uno de los mensajes más reiterados durante el evento fue que el crecimiento económico es una condición necesaria, pero claramente insuficiente. Sin inversión privada, empleo y dinamismo empresarial no hay recursos que redistribuir, y en ese frente las empresas vienen cumpliendo un rol clave: invierten, generan empleo, desarrollan encadenamientos productivos y, cada vez más, miden su impacto en los territorios donde operan.

Tomar decisiones basadas en el IPS puede ser de utilidad, por un lado, como herramienta de política pública, porque permite identificar con mayor precisión dónde están las brechas más críticas y orientar mejor el gasto público hacia resultados concretos y por otro, como un instrumento de gestión para las empresas, facilitando la medición de su impacto social y apoyando una gestión más informada en sus zonas de influencia.

Los datos presentados refuerzan la urgencia del debate. Según el IPS 2026, el Perú se ubica en el puesto 82 de 171 países, con un puntaje de 67,41 sobre 100, manteniéndose en el nivel de progreso “medio alto”. Los analistas advierten que el país sigue estancado y lejos de su mejor desempeño histórico, alcanzado en 2018 (puesto 66).

El reporte es especialmente crítico en algunos frentes: seguridad ciudadana, donde el Perú ocupa el puesto 129; vivienda, en el puesto 95; y acceso a agua potable y saneamiento, áreas donde las brechas siguen siendo severas. En la comparación regional, el país aparece rezagado frente a sus socios de la Alianza del Pacífico, superado por Chile (36), Colombia (47) y México (75).

El consenso del evento fue contundente: si el Perú quiere avanzar hacia un desarrollo más integral, necesita cerrar la brecha entre crecimiento económico y progreso social. Y eso pasa, necesariamente, por un Estado más eficiente, que cumpla su rol, mejore su capacidad de gestión y trabaje de manera articulada con el sector privado.

El país tiene condiciones, talento y recursos. Lo que sigue faltando es coherencia y una brújula basada en evidencia. En un contexto electoral cargado de discursos a los que no les haría ningún daño mirar este tipo de informes y tomarlos como referencia para sus propuestas, el IPS se presenta como una referencia objetiva para ordenar prioridades, elevar el nivel del debate y presentar planes que realmente mejoren la vida de las personas.

Muchos candidatos, tantas promesas… ¿con qué brújula medimos hoy el progreso del Perú?

Pan con chicharrón y 5G: tenemos dos razones para celebrar

El Perú no solo conquistó el Mundial de Desayunos de Ibai Llanos con su glorioso pan con chicharrón. Este mes también dio un paso decisivo hacia el desarrollo digital: ya tenemos 5G. El viernes 12, el MTC adjudicó espectro en la banda de 3.5 GHz a cuatro operadores, habilitando por fin redes 5G de calidad y poniendo al país a la altura de sus vecinos en América Latina.

Este logro no es solo motivo de orgullo tecnológico. Es una herramienta poderosa para cerrar brechas sociales, económicas y digitales, y avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

¿Qué significa tener un 5G de verdad?

<ul><li>Asignación de espectro continuo: Cada operador recibió 100 MHz, lo que permite redes 5G Stand Alone (SA), con capacidad para aplicaciones críticas como telemedicina, educación inmersiva y automatización industrial.</li><li>Compromisos sociales: Se conectarán más de 1,500 localidades rurales y 2,230 km de carreteras, beneficiando a más de 140,000 peruanos que nunca tuvieron acceso a internet móvil.</li><li>Despliegue estratégico: Se priorizarán colegios, hospitales, universidades públicas y sedes deportivas, incluyendo el Estadio Nacional y los Juegos Panamericanos.</li></ul>

¿Y qué tiene que ver esto con los ODS?

Mucho. Desde República Sostenible lo decimos claro: el 5G es desarrollo, no solo telecomunicaciones. Algunos ejemplos:

<ul><li>ODS 4 (Educación): Laboratorios virtuales, clases inmersivas y evaluación en línea sin latencia.</li><li>ODS 3 (Salud): Telemedicina en tiempo real, imágenes médicas de alta resolución y monitoreo remoto.</li><li>ODS 8 y 9 (Trabajo decente, Industria e Infraestructura): Minería, agroindustria y logística 4.0 requieren redes privadas y latencias ultrabajas.</li><li>ODS 10 y 11 (Reducción de desigualdades, Ciudades sostenibles): Con FWA, el 5G lleva banda ancha a zonas rurales donde la fibra no llega.</li></ul>

Para que el 5G no se quede en titulares, necesitamos:

<ol><li>Despliegue eficiente y sostenible: Usar infraestructura existente, compartir torres y postes, y agilizar la modificación del reglamento ambiental para evitar sobrecostos innecesarios.</li><li>Cerrar brechas de habilidades: Promover alfabetización digital y servicios públicos digitales que impulsen la adopción.</li><li>Monitorear compromisos: Asegurar (pero también apoyar con simplificación regulatoria) que los operadores cumplan con sus metas de cobertura e inversión.</li></ol>

Pan con chicharrón y 5G: dos símbolos de lo que el Perú puede lograr cuando nos unimos por un mismo objetivo. Uno nos recuerda nuestra riqueza gastronómica; el otro, nuestra capacidad de avanzar hacia un futuro más conectado, inclusivo y competitivo.

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