Minería ilegal amenaza el futuro geológico y económico del país

La minería ilegal ha dejado de ser únicamente un problema ambiental para convertirse en una amenaza integral que compromete la economía, el orden territorial, la seguridad y la gobernabilidad del Perú, advirtió el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet).

El presidente ejecutivo del Ingemmet, Paolo Alzamora, recordó que en 2025 esta actividad ilícita habría movilizado más de 11,500 millones de dólares, equivalentes al 2,7% del Producto Bruto Interno (PBI), "consolidándose como una de las economías ilegales más grandes del país".

"El Perú no puede permitir que la ilegalidad le arrebate su futuro geológico", añadió el funcionario en el marco de ProExplo 2026, donde participó en la mesa redonda Desafíos de la minería ilegal: consecuencias para la exploración minera, la economía nacional y sostenibilidad del Perú.

"Desde Ingemmet tenemos muy claro que esta lucha requiere información, evidencia técnica y decisión —continuó Alzamora—. Somos un ente técnico y vamos a poner a disposición toda nuestra información geológica y científica para enfrentar a la minería ilegal".

Depredación versus oportunidades

En este contexto, resaltó las diferencias entre la exploración minera formal y la actividad ilegal.

"Mientras la primera se orienta a generar conocimiento, atraer inversión responsable y descubrir nuevas oportunidades de desarrollo para el país, la minería ilegal opera bajo una lógica extractiva depredadora que no genera valor sostenible", dijo el titular del Ingemmet.

"La exploración formal construye conocimiento y abre oportunidades; la minería ilegal, en cambio, no explora: depreda, destruye territorio, captura renta, evade impuestos y expulsa la inversión formal", alertó.

En esa línea, remarcó que el rol del Ingemmet es clave para fortalecer el ordenamiento del territorio a través de herramientas como el catastro minero, la generación de información geológica y la tecnología especializada, elementos que deben estar al servicio de la legalidad y el desarrollo sostenible.

Un desafío de Estado

El funcionario hizo un llamado a "consolidar una política pública integral y sostenida frente a la minería ilegal, que articule esfuerzos entre los distintos niveles de gobierno, el sector privado y la academia" y que priorice tanto el control como la prevención.

"No estamos solo ante un problema productivo, sino ante un desafío de Estado. La minería ilegal deja tierra muerta, fractura el tejido social y compromete el futuro de las próximas generaciones", remarcó.

Con su participación en este espacio de diálogo, el Ingemmet reafirma su rol estratégico como organismo técnico del Estado, comprometido con la generación de conocimiento geocientífico y la promoción de una minería formal, responsable y sostenible que contribuya al desarrollo del país.

Situación de la minería ilegal

El alto comisionado para el combate de la minería ilegal de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Rodolfo García, advirtió que uno de los principales factores detrás del avance de esta actividad ilícita en el país es la limitada asignación de recursos del Estado.

Durante su exposición en el encuentro minero ProExplo 2026, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), el funcionario señaló que la minería ilegal es una economía ilícita que ya supera en 10 veces al narcotráfico, pero venía siendo enfrentada con un presupuesto estatal 10 veces menor.

"El año pasado, como en años anteriores, hemos tenido alrededor de S/70 millones para combatir la minería ilegal. Pero contra el tráfico ilícito de drogas había S/700 millones, y esto no significa que se le debe bajar sino para que aprecien el tema. O sea una economía ilegal que es 10 veces más grande que la otra se ha venido combatiendo con 10 veces menos dinero; aquí encontramos parte de las razones de por qué la minería ilegal ha seguido creciendo", manifestó García.

Aunque para 2026, la asignación presupuestal aumentó a S/178 millones, la brecha persiste frente al impacto económico y social de la actividad, que mueve US$12.000 al año.

Entre las acciones del Gobierno en la lucha contra la minería ilegal, informó que en los últimos dos años el Estado ha duplicado la cantidad de interdicciones mensuales, como respuesta al avance sostenido de esta actividad en el país.

De acuerdo con las cifras presentadas, el promedio de operativos pasó de 62 al mes en 2024 a más de 130 en 2026 como medida de contención ante este delito, que impacta directamente en el ambiente, la economía y la seguridad nacional, con presencia de organizaciones criminales que operan en zonas como Madre de Dios, Loreto y Amazonas.

"En dos años, se han realizado más de 2.300 operativos con más de S/7.000 millones en material decomisado. Estas cifras son reales, pero la interdicción es solo el jarabe para la fiebre, tenemos que implementar otras cosas más", enfatizó.

En esa línea, insistió en que la lucha contra la minería ilegal requiere un enfoque integral y sostenido, que no dependa únicamente de operativos de interdicción, sino que incluya control territorial, formalización minera y alternativas económicas para las poblaciones involucradas.