OPINIÓN

Cibercrimen y la protección de los datos deben ser observadas y analizadas en tiempos de alta tecnología

18 Feb 2026 | 00:30 h

Cibercrimen en Perú: desafíos pendientes para enfrentar amenazas digitales

El crecimiento de los delitos digitales en el Perú ha dejado en evidencia una realidad que el país todavía enfrenta con limitaciones: la lucha contra el cibercrimen requiere mucho más que leyes. Actualmente, mientras aumentan las estafas digitales, el robo de datos, los ataques informáticos y los fraudes virtuales, el sistema peruano aún busca consolidar capacidades técnicas, regulatorias y judiciales para responder a una amenaza que ya opera a escala global.

Uno de los principales problemas del cibercrimen es su carácter transnacional. Los ataques ya no ocurren únicamente dentro de un territorio específico, sino que pueden originarse en cualquier parte del mundo. En ese escenario, la cooperación internacional se vuelve clave para investigar y perseguir delitos digitales. El Perú dio un paso importante al adherirse al Convenio de Budapest sobre cibercriminalidad, considerado el principal tratado internacional en esta materia. Sin embargo, el país llegó tarde a ese proceso y todavía arrastra una brecha importante frente a economías más avanzadas en regulación digital.

La adhesión al Convenio de Hanoi, promovido en el marco de Naciones Unidas, también representa un intento por ampliar mecanismos de colaboración con países que no forman parte del Convenio de Budapest. El objetivo es fortalecer investigaciones transfronterizas y facilitar el intercambio de información frente a delitos digitales que ya no reconocen fronteras físicas. Pero los tratados internacionales, por sí solos, no resuelven el problema.

Uno de los vacíos más importantes sigue siendo el desarrollo de normativa especializada en informática forense y peritaje digital. En términos simples, esto significa contar con reglas claras para recopilar, analizar y validar evidencia digital durante procesos judiciales. Sin estos mecanismos regulatorios, muchas pesquisas pueden debilitarse o incluso quedar sin sustento técnico suficiente.

El desafío también alcanza al sistema judicial. Mientras la Policía Nacional cuenta con una División de Delitos de Alta Tecnología que este año cumple dos décadas de funcionamiento y la Fiscalía ya tiene fiscalías especializadas en cibercriminalidad, el Poder Judicial todavía no dispone de juzgados especializados en temas digitales. Esa ausencia termina afectando la capacidad de respuesta frente a ilícitos que requieren conocimientos técnicos y comprensión especializada sobre entornos tecnológicos.

A pesar de ello, el país ha mostrado algunos avances. Existen resoluciones y sentencias relacionadas con delitos informáticos, y poco a poco se observa un proceso de profesionalización dentro de instituciones vinculadas a la persecución del cibercrimen. Sin embargo, el problema supera ampliamente la capacidad actual del sistema. No basta con tener unidades especializadas concentradas en Lima; el reto también pasa por descentralizar capacidades hacia provincias y ampliar la cantidad de policías, fiscales y especialistas preparados para enfrentar delitos digitales.

La velocidad con la que evolucionan las amenazas digitales obliga a entender que la capacitación no puede ser temporal ni reactiva. Las tecnologías cambian constantemente y los métodos utilizados por organizaciones criminales también evolucionan. Por ello, el desarrollo de capacidades debe ser permanente y adaptarse a nuevos escenarios vinculados a inteligencia artificial, robo de identidad, phishing, ransomware o manipulación de información digital.

En paralelo, la educación digital empieza a jugar un rol fundamental. La ciberseguridad ya no es un tema exclusivo de especialistas o empresas tecnológicas. Actualmente, involucra directamente a la ciudadanía, estudiantes, familias y organizaciones. El fortalecimiento de una cultura digital segura requiere que desde la etapa escolar exista formación básica sobre privacidad, seguridad en línea y protección de datos personales.

El cibercrimen dejó de ser un problema aislado para convertirse en un desafío de seguridad nacional y desarrollo digital. Sus impactos no solo afectan a individuos mediante robo de información o fraudes económicos, sino también a empresas, instituciones y al funcionamiento de la economía digital. En ese contexto, el Perú enfrenta el desafío de acelerar la regulación, fortalecer capacidades institucionales y construir una estrategia integral que combine cooperación internacional, especialización técnica y educación digital para responder a amenazas cada vez más sofisticadas.