Gerente de Regulación, Asuntos Públicos y Sostenibilidad de Telefónica del Perú

Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con más de 23 años de experiencia liderando temas regulatorios y legales en el sector de telecomunicaciones, actualmente se desempeña como Gerente de Regulación, Asuntos Públicos y Sostenibilidad de Telefónica del Perú. Además, es Vicepresidenta del Comité de Telecomunicaciones de Amcham Perú.

La inseguridad ciudadana se ha convertido en la principal preocupación de los peruanos. Sin embargo, además del delito que se percibe en las calles, existe otro riesgo menos visible, pero que facilita la comisión de delitos: la exposición permanente de los datos personales de los ciudadanos. Una vulnerabilidad que no solo involucra a las instituciones que los gestionan, sino también a las propias personas en su vida digital.

Cada vez que un ciudadano navega por internet y acepta, sin leer, las políticas de cookies de un sitio web; cuando publica información sensible en redes sociales; cuando marca casillas sin detenerse a evaluar las implicaciones para descargar una aplicación; o, de manera aún más grave, cuando abre enlaces o archivos de origen desconocido, o comparte información en respuesta a una SMS o correo electrónico sin validar previamente al remitente, está exponiendo sus datos personales sin ser plenamente consciente de las consecuencias.

Esa exposición facilita la comisión de delitos contra el patrimonio y la integridad de las personas. Hoy, la información personal puede ser utilizada para suplantar identidades, cometer fraudes o extorsiones. En un contexto donde la delincuencia se adapta rápidamente al entorno digital, no cuidar nuestros datos personales es comparable a dejar la puerta abierta del hogar.

Las instituciones públicas y privadas tienen un rol que va más allá del cumplimiento de obligaciones legales en materia de privacidad. Requieren apostar por la educación de los ciudadanos sobre la importancia de proteger su información, porque los datos personales se han convertido en una primera línea de defensa frente al fraude y el delito digital.

Asimismo, existe una tarea pendiente por parte del Estado para asegurar un entorno digital más seguro: han transcurrido 8 meses y aún no se regula el uso de numeración especial para las comunicaciones de los proveedores exigido por la Ley Antispam. A ello se suma la ausencia de medidas efectivas para evitar la alteración de la numeración de llamadas o mensajes de texto, una práctica prohibida que se realiza sin control. Mientras tanto, los ciudadanos carecen de información suficiente para decidir si contestar una llamada o identificar si detrás de un SMS hay un estafador.

La protección de los datos personales no depende únicamente de normas o tecnología. Requiere, sobre todo, ciudadanos informados, empresas e instituciones responsables y un Estado que actúe con oportunidad. En un país que enfrenta graves desafíos de seguridad, cuidar los datos personales es también una forma de cuidar a las personas.

Instituciones y el Estado deben educar sobre la importancia de proteger la información personal. Fuente: Shutterstock.

Sin educación digital, no hay protección de datos posible

Carlos es economista digital, con 30 años de experiencia profesional. Socio fundador de DN Consultores. Ha colaborado con actores públicos y privados en la formulación de recomendaciones estratégicas accionables para el desarrollo de negocios y políticas públicas de conectividad digital. Cuenta con más de 150 colaboraciones para más de 50 clientes en el Perú y en más de 10 países en América Latina. Asimismo, participa de manera regular en medios de prensa y foros de la industria. Ha sido catedrático en cursos de estrategia en programas de posgrado (UPC, PUCP). Economista (Universidad del Pacífico, Perú), MSc Finanzas (London School of Economics, Reino Unido).

La reciente adjudicación de la banda 3.5 GHz en el Perú marca el inicio de una nueva era para la actividad empresarial en el país. Gracias a las mejoras teóricas en velocidad, latencia y densidad de conexión entre 20 y 100 veces respecto al 4G, las tecnologías 5G ofrecen un abanico de oportunidades para fortalecer el cumplimiento de objetivos estratégicos en sectores como minería y banca, mediante la implementación de múltiples soluciones innovadoras en los diversos eslabones de su cadena de valor.

En el primer caso, los objetivos estratégicos de las principales empresas mineras en Perú giran en torno a 3 conceptos (productividad, seguridad, sostenibilidad), mientras que la cadena de valor en esta industria consta de 6 eslabones (exploración, construcción, explotación, procesamiento, logística, comercialización). En ese marco, un modelo de negocio de minería 4.0 utiliza gemelos digitales durante la fase de exploración para optimizar las perforaciones (productividad) o mitigar los futuros riesgos operativos (seguridad), mientras que el uso de camiones autónomos y equipos conectados con sensores (IoT) durante la etapa de extracción reducen el ciclo de producción (productividad) y optimizan el uso de energía y agua (sostenibilidad), respectivamente. Según la experiencia internacional, dichas soluciones 5G pueden reducir costos unitarios hasta en 15% o disminuir los accidentes laborales en 90%.

&nbsp;En el segundo caso, los objetivos estratégicos de los bancos en el país giran en torno a inclusión, servicio e innovación, mientras que su cadena de valor contempla 6 eslabones (diseño de producto, comunicación de marca, depósitos, operaciones. créditos, atención al cliente). De esta forma, en un modelo de negocio de banca 4.0 la conectividad avanzada permite a las entidades financieras acelerar la inclusión mediante el crecimiento de billeteras digitales como Yape, optimizar el servicio mediante la adopción de canales digitales o el desarrollo de agencias inteligentes, y fomentar la innovación a través de la expansión de modelos de banca abierta, todo ello en un ecosistema donde la experiencia del cliente y la seguridad de la información convergen.

Más allá de ejemplos sectoriales, el potencial del 5G reside en su capacidad de alinear tecnología y estrategia corporativa, mediante la coordinación entre operadores de telecomunicaciones, proveedores tecnológicos y empresas usuarias para el diseño de arquitecturas seguras, escalables y con retorno de inversión claro.

La convergencia entre conectividad avanzada, inteligencia artificial e internet de las cosas está configurando un nuevo estándar operativo, de manera que las organizaciones que demuestren capacidad para la integración temprana de soluciones 5G optimizarán sus procesos y, mucho más importante que esto, redefinirán su posición competitiva en la economía digital.

Es decir, mucho más que una evolución tecnológica, entendemos a las tecnologías 5G como una palanca estratégica para la transformación de los modelos de negocio, que pone a la innovación al servicio del cumplimiento de los objetivos estratégicos en las empresas, y por lo tanto de la mejora en la posición del país en el escenario de competitividad global.

El 5G no solo transforma modelos de negocio, sino que también permite a las organizaciones mejorar su posición. Fuente: Difusión.

La adjudicación de la banda 3.5 GHz en Perú inicia una nueva era empresarial con el potencial de las tecnologías 5G, mejorando la velocidad y conexión en múltiples sectores.

5G como palanca de transformación empresarial

Experto en telecomunicaciones y transformación digital, enfocado en el cierre de brechas de conectividad. Su experiencia combina análisis técnico y visión estratégica, promoviendo soluciones que impulsen el desarrollo digital inclusivo en el Perú.

Hasta hace algunos años, los procesos electorales se desarrollaban en un espacio físico fácil de ubicar: mítines, televisión, radio, diarios y folleterías. Hoy en día, el escenario tradicional ha sido implosionado y se ha trasladado a otros ámbitos: redes sociales, plataformas digitales, en donde los algoritmos de la IA y los datos son ingredientes decisivos en estos procesos. Ante esto nos preguntamos: ¿estamos transformando drásticamente la forma cómo vamos a manejar la democracia en los próximos años?

Diversos estudios e investigaciones sugieren que, cuando interactuamos con nuestras redes sociales, la propaganda política podría haber dejado de dirigirse a la ciudadanía de forma general. Existen indicios de que los algoritmos de la IA estarían permitiendo segmentar los mensajes hacia grupos específicos (microtargeting), presuntamente aprovechando la recopilación de datos derivados de nuestras búsquedas, comentarios e interacciones en la red para generar mensajes personalizados.

En este nuevo escenario digital, por ejemplo, dos personas que viven en una misma localidad pueden recibir mensajes distintos de sus candidatos. Esta situación se debe a que los mensajes que le llegan a uno y otro han sido definidos por los algoritmos de la IA que deciden que, cuándo y cómo mostrar ciertos hechos o circunstancias de interés.

Las redes sociales, potenciadas con la IA, no son actores o partidos políticos, ni tampoco son reconocidas como medios de comunicación. Sin embargo, hoy en día terminan influyendo fuertemente en los procesos electorales. Basta tomar como ejemplo lo sucedido recientemente en el presente proceso electoral en nuestro país, en el que uno de los candidatos terminó teniendo una alta votación gracias a sus mensajes y propaganda convertida en viral por las redes sociales, hecho que no fue detectado inicialmente por las encuestas.

Herramientas como la mayor interacción, la polarización, los mensajes emocionales y, sobre todo, las fake news están logrando un mayor alcance en el público que las propuestas de los mismos candidatos.

Los recientes hechos nos reflejan la necesidad de que, por ejemplo, actos como los debates políticos sean los más públicos, abiertos y que permitan efectivamente contrastar las ideas y programas de cada candidato. Esto debido a que, frente a estos nuevos escenarios, la regulación aún no ha reaccionado adecuadamente, más aún cuando el marco legal de algunos países no ha establecido aún niveles mínimos de transparencia.

En el Perú, la regulación electoral ha sido redactada para un mundo analógico. La Ley Orgánica de Elecciones, Ley N°26859, regula franjas electorales, propaganda electoral, paneles y carteles físicos, gastos de campaña; sin embargo, no contempla temas que son más decisivos hoy en día como el microtargeting político, la trazabilidad de la publicidad, el uso de perfiles de los ciudadanos y la responsabilidad por las fake news. La reciente Ley de IA y su Reglamento, por su lado, han contemplado un escenario de uso indebido de la IA y, por tanto, prohibido, cuando su uso influye de manera engañosa o manipuladora en la toma de decisiones, pero ¿es posible acreditar este hecho? ¿No son acaso las nuevas plataformas digitales con IA también herramientas de expresión y debate?

Recientemente, países como Australia, Francia, Indonesia, entre otros, han comenzado a tomar algunas medidas sobre el uso de las redes sociales para proteger a sus poblaciones vulnerables, especialmente a menores de edad. Otros países han avanzado un poco más en el tema del uso de la IA en los procesos electorales, por ejemplo, Corea del Sur y Brasil han regulado la publicidad a través de redes sociales y el uso de la IA durante los procesos electorales para evitar alterar la voluntad popular de los electores.

Desde una mirada integrada de telecomunicaciones y derecho digital, no se trata de prohibir el uso de las nuevas plataformas digitales potenciadas con la IA. Se trata de que el país debería comenzar a avanzar en algunos frentes estratégicos: mayor transparencia en la publicidad política digital, limitación al uso de datos personales con fines electorales, auditorías independientes de los algoritmos y contemplar una coordinación efectiva entre la ONPE, el JNE y la autoridad de protección de datos.

Es conveniente comenzar a evaluar estos nuevos escenarios, puesto que es deber del Estado y de los mismos ciudadanos evitar que las elecciones del futuro sean cada vez menos libres.

La falta de adaptación de las leyes peruanas a las dinámicas digitales resalta la necesidad de mayor transparencia y control en la publicidad política. Fuente: Shutterstock.

Democracia en la era de la IA: ¿Aliado o amenaza invisible?

Con más de una década dedicado al desarrollo de las telecomunicaciones en diferentes países, he sido testigo del gran impacto que el acceso a Internet tiene en la vida de las personas y en el desarrollo de toda una nación.  Por ello en estos años de carrera he participado activamente en promover e implementar iniciativas que lleven los beneficios de la conectividad a las comunidades que más lo necesitan.

El año pasado, según un informe de la Contraloría General de la República, la medición del avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el Perú alcanzó una cobertura del 52% del total de indicadores que componen estos objetivos.

La Contraloría estima que Perú presenta un “rezago crítico” respecto al logro de las metas de los ODS al 2030, con un avance de solo un 48,98% (tomando en cuenta solo lo que se mide en el país a través del INEI). Definitivamente, lo que no medimos no lo podemos controlar; por ello, urge que el Estado mejore la forma en la que mide su desarrollo sostenible para implementar las políticas públicas necesarias en temas tan relevantes como educar a nuestros niños y niñas, sacar de la pobreza a todos los peruanos y brindar un entorno sostenible y seguro para las futuras generaciones.

En el caso de Educación de Calidad, de acuerdo con un informe de la GSMA que citaremos a lo largo de este artículo, la industria móvil ha logrado contribuir en un 64% de todo su potencial al cumplimiento de este objetivo, medido con indicadores como la penetración de internet móvil de banda ancha, el porcentaje de mujeres en zonas rurales que utilizan un dispositivo móvil para su educación, el uso de servicios del Estado en plataforma digital, el consumo de noticias y el uso de servicios financieros.

De acuerdo con este informe, algunos habilitadores de impacto para este ODS son contar con acceso a redes de enseñanza en línea a través de Internet móvil, que permitan a los profesores intercambiar información y acceder a apoyo profesional para mejorar los resultados de la enseñanza, y aportar contenidos de alfabetización digital a las escuelas de educación primaria y secundaria para mejorar el nivel educativo.

Tomando uno de los indicadores de avance de cumplimiento de este ODS, establecido por Naciones Unidas, “Proporción de niños y adolescentes que han alcanzado al menos un nivel mínimo de competencia en lectura y matemáticas”, el cual es medido en el país por el Sistema de Monitoreo y Seguimiento de los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del INEI, el porcentaje de niños que cumple con este indicador a nivel nacional es apenas del 37,6% y en Loreto, región con el resultado más bajo, es de 10,7% (dato disponible hasta el 2022).

En cuanto al ODS Fin de la Pobreza, la GSMA precisa que el desarrollo de la conectividad móvil ha logrado un 60% de su potencial de contribución, medida con indicadores como el porcentaje de mujeres en zonas rurales que usan un dispositivo móvil para buscar y aplicar a un empleo, para hacer compras de bienes y servicios o para obtener información que permita mejorar la cría de animales o la agricultura.

Entre los factores relevantes que se identifican en el informe están promover el emprendimiento social en comunidades pequeñas y remotas, ofreciendo la posibilidad de vender en mercados no locales a través de servicios móviles, y facilitar el acceso de las personas de escasos recursos a servicios básicos a través de plataformas de servicios móviles para la salud y el dinero móvil.

Tomando uno de los indicadores de avance de este ODS, medido por el INEI: “Proporción de la población que vive en hogares con acceso a los servicios básicos”, encontramos una cifra relativamente alta a nivel nacional (78,8%), pero en Madre de Dios, con la cifra más baja del país, este indicador desciende a un alarmante 38,8% (dato disponible hasta el 2022).

Finalmente, en el otro ODS al que queremos darle atención, Ciudades y Comunidades Sostenibles, la industria móvil contribuye a un 58% de su potencial total, medido con indicadores como la velocidad de carga y descarga de las redes de telecomunicaciones, la penetración de servicios de internet de las cosas (IoT), la generación de residuos electrónicos y el acceso a transporte público y vehículos eléctricos.

La GSMA identifica entre sus habilitadores proporcionar servicios de identidad digital para permitir la protección de los derechos legales (incluido el acceso a la propiedad de la tierra) y la protección contra la explotación, mejorar la vigilancia de la calidad del aire y los residuos mediante soluciones de IoT, especialmente en ciudades densamente pobladas, y proporcionar tecnología conectada para producir datos que puedan utilizarse para fundamentar las decisiones de planificación sobre gestión municipal y de residuos, entre otros.

De este ODS, el INEI solo cubre la medición del 33% del total de sus indicadores, la mayoría con datos en construcción o no disponibles a nivel nacional, por lo que es más difícil tener datos que nos permitan medir cómo la conectividad aporta en esta materia. Podemos citar como uno de esos indicadores que se miden en Perú la “Proporción de la población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos informales o viviendas inadecuadas”. A nivel nacional, este porcentaje es del 45,1%, llegando a ser del 83% en Ucayali (dato disponible hasta el 2022). En la medida en que la población se encuentre en este tipo de asentamientos, estará sin acceso a tecnologías habilitadoras de una mejor calidad de vida, como las que se señalan en el párrafo anterior.

La conectividad digital es esencial para el cumplimiento de los ODS. A mayor cantidad de infraestructura y de personas conectadas a mejores redes de telecomunicaciones, mayores serán las posibilidades de que todos, sin excepción, podamos hacer más con nuestros dispositivos y romper muchas de las barreras que este miércoles nos dividen como país. Resulta fundamental que el Estado fomente políticas públicas para facilitar el despliegue de más y mejores redes en todos los rincones del país y que promueva iniciativas para el uso productivo de internet.

Sin embargo, este miércoles la industria de telecomunicaciones enfrenta muchos desafíos para seguir avanzando en el cierre de la brecha digital y, en consecuencia, para aumentar su contribución en los ODS. Resultará fundamental que el sector público y privado trabajen de la mano para lograr el éxito de la adjudicación de espectro para redes 5G, la simplificación regulatoria con miras a quitar cargas innecesarias que restan agilidad a la industria y una normativa de gestión ambiental que se ajuste a un modelo que proteja el medio ambiente de forma efectiva, sostenible y proporcional al impacto que esta pueda generar.

La banda ancha una necesidad para conectar a más peruanos y mejorar su calidad de vida.

Banda Ancha Móvil como Herramienta para un Perú más conectado

Especialista en derecho y tecnología con trayectoria en gobernanza digital y políticas públicas. Su trabajo aborda regulación, innovación y derechos digitales, aportando una visión estratégica sobre el impacto de la tecnología en la sociedad y el desarrollo del país.

El crecimiento de los delitos digitales en el Perú ha dejado en evidencia una realidad que el país todavía enfrenta con limitaciones: la lucha contra el cibercrimen requiere mucho más que leyes. Actualmente, mientras aumentan las estafas digitales, el robo de datos, los ataques informáticos y los fraudes virtuales, el sistema peruano aún busca consolidar capacidades técnicas, regulatorias y judiciales para responder a una amenaza que ya opera a escala global.

Uno de los principales problemas del cibercrimen es su carácter transnacional. Los ataques ya no ocurren únicamente dentro de un territorio específico, sino que pueden originarse en cualquier parte del mundo. En ese escenario, la cooperación internacional se vuelve clave para investigar y perseguir delitos digitales. El Perú dio un paso importante al adherirse al Convenio de Budapest sobre cibercriminalidad, considerado el principal tratado internacional en esta materia. Sin embargo, el país llegó tarde a ese proceso y todavía arrastra una brecha importante frente a economías más avanzadas en regulación digital.

La adhesión al Convenio de Hanoi, promovido en el marco de Naciones Unidas, también representa un intento por ampliar mecanismos de colaboración con países que no forman parte del Convenio de Budapest. El objetivo es fortalecer investigaciones transfronterizas y facilitar el intercambio de información frente a delitos digitales que ya no reconocen fronteras físicas. Pero los tratados internacionales, por sí solos, no resuelven el problema.

Uno de los vacíos más importantes sigue siendo el desarrollo de normativa especializada en informática forense y peritaje digital. En términos simples, esto significa contar con reglas claras para recopilar, analizar y validar evidencia digital durante procesos judiciales. Sin estos mecanismos regulatorios, muchas pesquisas pueden debilitarse o incluso quedar sin sustento técnico suficiente.

El desafío también alcanza al sistema judicial. Mientras la Policía Nacional cuenta con una División de Delitos de Alta Tecnología que este año cumple dos décadas de funcionamiento y la Fiscalía ya tiene fiscalías especializadas en cibercriminalidad, el Poder Judicial todavía no dispone de juzgados especializados en temas digitales. Esa ausencia termina afectando la capacidad de respuesta frente a ilícitos que requieren conocimientos técnicos y comprensión especializada sobre entornos tecnológicos.

A pesar de ello, el país ha mostrado algunos avances. Existen resoluciones y sentencias relacionadas con delitos informáticos, y poco a poco se observa un proceso de profesionalización dentro de instituciones vinculadas a la persecución del cibercrimen. Sin embargo, el problema supera ampliamente la capacidad actual del sistema. No basta con tener unidades especializadas concentradas en Lima; el reto también pasa por descentralizar capacidades hacia provincias y ampliar la cantidad de policías, fiscales y especialistas preparados para enfrentar delitos digitales.

La velocidad con la que evolucionan las amenazas digitales obliga a entender que la capacitación no puede ser temporal ni reactiva. Las tecnologías cambian constantemente y los métodos utilizados por organizaciones criminales también evolucionan. Por ello, el desarrollo de capacidades debe ser permanente y adaptarse a nuevos escenarios vinculados a inteligencia artificial, robo de identidad, phishing, ransomware o manipulación de información digital.

En paralelo, la educación digital empieza a jugar un rol fundamental. La ciberseguridad ya no es un tema exclusivo de especialistas o empresas tecnológicas. Actualmente, involucra directamente a la ciudadanía, estudiantes, familias y organizaciones. El fortalecimiento de una cultura digital segura requiere que desde la etapa escolar exista formación básica sobre privacidad, seguridad en línea y protección de datos personales.

El cibercrimen dejó de ser un problema aislado para convertirse en un desafío de seguridad nacional y desarrollo digital. Sus impactos no solo afectan a individuos mediante robo de información o fraudes económicos, sino también a empresas, instituciones y al funcionamiento de la economía digital. En ese contexto, el Perú enfrenta el desafío de acelerar la regulación, fortalecer capacidades institucionales y construir una estrategia integral que combine cooperación internacional, especialización técnica y educación digital para responder a amenazas cada vez más sofisticadas.

Cibercrimen y la protección de los datos deben ser observadas y analizadas en tiempos de alta tecnología

Cibercrimen en Perú: desafíos pendientes para enfrentar amenazas digitales

Abogado especializado en derecho digital, privacidad y tecnología. Con amplia experiencia en asesoría legal y políticas públicas, impulsa el desarrollo de entornos digitales seguros, promoviendo innovación, confianza y protección de datos en el ecosistema peruano.

La conversación sobre inteligencia artificial en América Latina dejó de ser futurista y ya forma parte de la agenda pública. En los últimos años, la región entró en una carrera acelerada por regular la IA, aunque muchas veces sin diagnóstico, ni prioridades y, lo más grave, sin estrategia. Desde Niubox analizamos más de 200 iniciativas legislativas en 13 países y encontramos un dato que obliga a mirar con más rigor: Perú ocupa hoy el top 3 regional -con 34 proyectos de ley- solo por detrás de Argentina (49) y México (48).

Mientras los dos gigantes latinoamericanos acumulan propuestas pendientes de aprobación; Perú destaca por tener cuatro leyes sobre IA ya aprobadas —el Decreto de Urgencia N° 007-2020, la Ley N° 31814, la Ley N° 32082 y la Ley N° 32314— además de un reglamento operativo, publicado en septiembre de este año.

Pero regular más no significa regular mejor. La tendencia dominante en la región es preocupante: la mayoría de iniciativas se concentran en delitos y agravantes (43 proyectos) y en marcos jurídicos generales (42). Es decir, regulamos la IA como si fuera principalmente un riesgo a contener. A este enfoque lo llamo “tecnopánico regulatorio”: legislar desde la lógica del control, la desconfianza y la sanción, antes que desde la innovación, la evidencia y la habilitación.

Este problema se agrava porque buena parte de la región regula mirando modelos extranjeros, particularmente el europeo, sin preguntarse si nuestras capacidades institucionales y tecnológicas permiten implementarlos. Incluso Europa ya debate ajustes para no perder competitividad frente a Estados Unidos y China. Si ellos revisan sus marcos, ¿cómo justificar que América Latina copie esos estándares sin adaptación?

Además, la regulación suele ignorar una realidad estructural: la región enfrenta una brecha digital profunda. Regular sin cerrar estas brechas genera normas inoperativas en la práctica. Mientras los legislativos discuten prohibiciones, casi no se debate cómo crear condiciones para la industria, el talento humano o la inversión en IA. La discusión pública sigue atrapada entre la fascinación y el miedo, en lugar de orientarse a la construcción de capacidades. Muestra de ello es que Perú, pese a toda la legislación aprobada, no cuenta aún con una Estrategia Nacional de IA, instrumento clave para trazar el rumbo del país con esta tecnología.

Si se mantiene este rumbo, la región corre el riesgo de bloquear la innovación en vez de habilitarla. No es un tema menor: una mala regulación eleva costos, espanta inversión y genera barreras para que los pequeños emprendedores accedan o desarrollen la IA.

Perú tiene hoy una ventana única: combinar su marco normativo vigente con una estrategia nacional clara y realista. Porque regular no basta. Lo que define a los países líderes no es cuántas leyes aprueban, sino qué tan bien construyen ecosistemas tecnológicos sostenibles.

Perú destaca en la regulación con 34 proyectos de ley en marcha. Fuente: Difusión.

El tecno pánico regulatorio de la IA en América Latina

Especialista en regulación y telecomunicaciones con amplia experiencia en el sector público y privado. Ha liderado iniciativas clave en conectividad, políticas digitales y sostenibilidad, aportando una visión estratégica para el desarrollo tecnológico del país.

Mucho se habla de los retos que supone para la (i) regulación tradicional, (ii) las normas de libre competencia, (iii) el regimen de protección de datos, (iv) el incremento de la desigualdad “digital” ante una brecha de conectividad que nos hace cada vez mas desiguales, (v) la normativa de protección al consumidor, y (vi) la falta de institucionalidad para enfrentar nuevos temas, la existencia de las grandes plataformas digitales, y si se necesita regularlas o no.

¿Pero entendemos que son las Plataformas Digitales? Let’s start from the very beginning: tres definiciones interesantes:

“Una&nbsp;plataforma en línea&nbsp;se refiere, en general, a cualquier aplicación o servicio informático que hospeda y proporciona contenido y servicios digitales en internet, y que facilita el acceso, la distribución, la creación, el intercambio y la difusión de información.”

“Las&nbsp;plataformas en línea&nbsp;incluyen las redes sociales, los mercados digitales (marketplaces), las tiendas de aplicaciones, los motores de búsqueda, los sistemas de pago, los portales de contenido creativo, los sitios de comparación de precios y los intermediarios de trabajo por encargo (gig-work).”

“Proveedor de Plataforma Digital”: operador económico que, de manera individual o conjunta, provee una Plataforma Digital.”

“Plataforma Digital”: servicio que, mediante tecnología digital, conecta a usuarios (o proveedores de bienes y servicios) con terceros, generando beneficios que aumentan conforme crece el número de usuarios, es decir, servicios que presentan&nbsp;efectos de red.”

Particularmente, me quedo con la tercera ya que aparte de ser muy clara, incluye los “efectos de red”. Esta definición se condice con la característica de las Plataformas Digitales que es la interacción masiva entre los productores externos y los consumidores. Por ejemplo, Facebook, TikTok, Amazon, WeChat, por mencionar algunas, son plataformas que realizan esta interacción con los usuarios. Existen diferentes modelos de plataformas, que se constituyen como una nueva forma de competir. En la estrategia para la creación de las Plataformas, lo primero que se piensa es cómo atraer usuarios, ya que a mas usuarios, mas ganan. Se generan incentivos para que los usuarios interactúen, para en una segunda etapa, generar alianzas estratégicas. Por ejemplo, en el caso de Facebook (hoy, META) se empezó como una red social en Harvard, creciendo hacia otras Universidades, hasta lograr lo que hoy es. En estas plataformas, el producto tiene valor si es que genera interacciones con los usuarios. Otro aspecto interesante, es por ejemplo Google, que cobra no a los usuarios que accedemos a esta plataforma, sino a los proveedores que quieren que sus productos o servicios estén en línea

En el mismo modelo de negocio, los usuarios pueden generar valor para otros usuarios. Por ejemplo, en YouTube, algunos usuarios crean contenidos que al subirlos a la Plataforma, son consumidos por otros usuarios.

La pregunta es si este será el único camino para competir en el futuro? Los mecanismos y herramientas regulatorias domésticas están llegando a sus límites para hacer frente a estos desafíos sin precedentes. Por tanto, mi recomendación es que no se ingrese a regular lo que no se conoce bien, ya que aquí no aplica la máxima de “echando a perder, se aprende”. Por ahora, hay ejemplos de como la política regulatoria de USA se viene comparando con la política regulatoria de la Comunidad Europea. De pronto, por esta primera vez, en Latinoamérica nos toque “comer canchita” mientras se depura el mejor método, y nos dedicamos mientras tanto, a acelerar el incremento de las competencias y habilidades digitales que tanta falta nos hacen.

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