
La falta de adaptación de las leyes peruanas a las dinámicas digitales resalta la necesidad de mayor transparencia y control en la publicidad política. Fuente: Shutterstock.
23 Abr 2026 | 16:11 h
Hasta hace algunos años, los procesos electorales se desarrollaban en un espacio físico fácil de ubicar: mítines, televisión, radio, diarios y folleterías. Hoy en día, el escenario tradicional ha sido implosionado y se ha trasladado a otros ámbitos: redes sociales, plataformas digitales, en donde los algoritmos de la IA y los datos son ingredientes decisivos en estos procesos. Ante esto nos preguntamos: ¿estamos transformando drásticamente la forma cómo vamos a manejar la democracia en los próximos años?
Diversos estudios e investigaciones sugieren que, cuando interactuamos con nuestras redes sociales, la propaganda política podría haber dejado de dirigirse a la ciudadanía de forma general. Existen indicios de que los algoritmos de la IA estarían permitiendo segmentar los mensajes hacia grupos específicos (microtargeting), presuntamente aprovechando la recopilación de datos derivados de nuestras búsquedas, comentarios e interacciones en la red para generar mensajes personalizados.
En este nuevo escenario digital, por ejemplo, dos personas que viven en una misma localidad pueden recibir mensajes distintos de sus candidatos. Esta situación se debe a que los mensajes que le llegan a uno y otro han sido definidos por los algoritmos de la IA que deciden que, cuándo y cómo mostrar ciertos hechos o circunstancias de interés.
Las redes sociales, potenciadas con la IA, no son actores o partidos políticos, ni tampoco son reconocidas como medios de comunicación. Sin embargo, hoy en día terminan influyendo fuertemente en los procesos electorales. Basta tomar como ejemplo lo sucedido recientemente en el presente proceso electoral en nuestro país, en el que uno de los candidatos terminó teniendo una alta votación gracias a sus mensajes y propaganda convertida en viral por las redes sociales, hecho que no fue detectado inicialmente por las encuestas.
Herramientas como la mayor interacción, la polarización, los mensajes emocionales y, sobre todo, las fake news están logrando un mayor alcance en el público que las propuestas de los mismos candidatos.
Los recientes hechos nos reflejan la necesidad de que, por ejemplo, actos como los debates políticos sean los más públicos, abiertos y que permitan efectivamente contrastar las ideas y programas de cada candidato. Esto debido a que, frente a estos nuevos escenarios, la regulación aún no ha reaccionado adecuadamente, más aún cuando el marco legal de algunos países no ha establecido aún niveles mínimos de transparencia.
En el Perú, la regulación electoral ha sido redactada para un mundo analógico. La Ley Orgánica de Elecciones, Ley N°26859, regula franjas electorales, propaganda electoral, paneles y carteles físicos, gastos de campaña; sin embargo, no contempla temas que son más decisivos hoy en día como el microtargeting político, la trazabilidad de la publicidad, el uso de perfiles de los ciudadanos y la responsabilidad por las fake news. La reciente Ley de IA y su Reglamento, por su lado, han contemplado un escenario de uso indebido de la IA y, por tanto, prohibido, cuando su uso influye de manera engañosa o manipuladora en la toma de decisiones, pero ¿es posible acreditar este hecho? ¿No son acaso las nuevas plataformas digitales con IA también herramientas de expresión y debate?
Recientemente, países como Australia, Francia, Indonesia, entre otros, han comenzado a tomar algunas medidas sobre el uso de las redes sociales para proteger a sus poblaciones vulnerables, especialmente a menores de edad. Otros países han avanzado un poco más en el tema del uso de la IA en los procesos electorales, por ejemplo, Corea del Sur y Brasil han regulado la publicidad a través de redes sociales y el uso de la IA durante los procesos electorales para evitar alterar la voluntad popular de los electores.
Desde una mirada integrada de telecomunicaciones y derecho digital, no se trata de prohibir el uso de las nuevas plataformas digitales potenciadas con la IA. Se trata de que el país debería comenzar a avanzar en algunos frentes estratégicos: mayor transparencia en la publicidad política digital, limitación al uso de datos personales con fines electorales, auditorías independientes de los algoritmos y contemplar una coordinación efectiva entre la ONPE, el JNE y la autoridad de protección de datos.
Es conveniente comenzar a evaluar estos nuevos escenarios, puesto que es deber del Estado y de los mismos ciudadanos evitar que las elecciones del futuro sean cada vez menos libres.