El Estado de Washington, en Estados Unidos, fue declarado en emergencia debido a las imparables lluvias y graves inundaciones que afectan a varios condados, confirmó en las últimas horas el gobernador de la localidad, Bob Ferguson. &nbsp;

En este marco, se mantiene una alerta de evacuación sobre más de 75.000 personas, a consecuencia de los enormes riesgos del evento. Según lo informado, un río atmosférico azota el estado desde el lunes, dejando varios centímetros de lluvia y amenazando con desbordes severos a comunidades cercanas a los ríos.

Se esperan más precipitaciones en estos días y el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés) pronosticó entre 15 y 20 centímetros de lluvia desde el miércoles por la mañana hasta el jueves por la tarde en comunidades del extremo oeste, lo que ha complicado la emergencia.

La cantidad de lluvia que se espera en las zonas más altas en el estado fronterizo con Canadá podría superar los 20 centímetros, lo que aumenta el riesgo.

"Habrá vidas en juego en los próximos días", declaró el demócrata Ferguson en una conferencia de prensa.

El gobernador enfatizó la gravedad de la situación y dijo que solicitará una declaración de emergencia acelerada al Gobierno del presidente Donald Trump para poder acceder a recursos y responder a la emergencia.

"Quiero animar a todos los habitantes de Washington a que presten mucha atención a las alertas de sus condados y departamentos de gestión de emergencias. Si reciben una orden de evacuación, por favor, síganla”, insistió el gobernador.

La mayoría de ríos desde la frontera con Canadá hasta el suroeste de Washington se encuentran en una fase de inundación. Se prevé que varios superen récords de agua como el río Skagit, que podría exceder la inundación de 1990 cuando su caudal subió 1,2 metros.

Unas 75.000 personas están en riesgo de inundación en el condado Skagit, por lo que las autoridades mantienen una alerta de posible evacuación.

La Guardia Nacional del estado de Washington ha sido activada, así como el Cuerpo de Ingenieros del Ejército para ayudar en evacuaciones tras las inundaciones de áreas rurales.

EE.UU.: Washington es declarado en emergencia por imparables lluvias

Más de 75.000 personas podrían ser evacuadas por las inundaciones

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La Amazonía peruana enfrenta retos como combatir la deforestación, la contaminación de ríos, el tráfico ilegal de flora y fauna silvestre en peligros de extinción. En medio de estas dificultades, un programa de conservación de taricayas, tortugas amazónicas amenazadas, demuestra que la colaboración entre iniciativa privada, gobiernos locales, instituciones educativas y aliados internacionales puede marcar la diferencia.

En el caserío Allphuayo Mishana y en otros puntos de la región, areneros instalados en escuelas y parques permiten que los propios habitantes cuiden los huevos de taricaya hasta el desove. Posteriormente, a finales de noviembre, las crías son trasladadas cada año en caravanas hasta las orillas del río Nanay para su liberación. Todo esto es un proceso que incrementa las posibilidades de supervivencia de la especie y sensibiliza a la comunidad sobre la importancia de conservar su entorno natural.

La iniciativa ha sido posible gracias a un enfoque de gobernanza multinivel y multiactor. Según una representante de la Municipalidad Provincial de Maynas, “(se está) logrando una gobernanza multinivel y multiactor, porque tenemos acá a instituciones aliadas valiosas, pero sobre todo porque tenemos a la empresa privada, el Grupo AJE, y el respaldo de la Embajada del Reino Unido. Es un honor impulsar este programa que nos permite conservar una especie tan valiosa de los medios acuáticos”.

Lo dicho resume técnicamente lo que significa este ritual anual. El programa involucra a universidades, ONG, programas de ecoturismo y empresas privadas, los cuales han confluido en un modelo de cooperación que busca no solo preservar la biodiversidad, sino también educar y empoderar a las nuevas generaciones.

“Para nosotros es fundamental impulsar oportunidades sostenibles para las comunidades y preservar la naturaleza. Este alianzo entre sector privado, municipalidad y colegios protege no solo la biodiversidad, sino también la cultura y la paz educativa. Es algo inolvidable.” Afirmó a República Sostenible el embajador del Reino Unido en Perú, Gavin Cook, quien participó en la liberación de las crías recién nacidas y destacó la relevancia del trabajo conjunto.

Asimismo, sobre la participación de los colegios, el embajador afirmó que “la creación de areneros dentro de los colegios educa a las generaciones futuras sobre la importancia de conservar los ecosistemas y tomar acciones concretas para restaurar la naturaleza que está bajo amenazas graves. La inclusión de los colegios es fundamental.”

No obstante, no es ajeno a la acción privada. “Estamos en el séptimo año de esta iniciativa, y las taricayas están llegando a la edad de madurez sexual. Esto es posible gracias al compromiso de empresas como AJE, que invierten año tras año, generando responsabilidad en las comunidades para las generaciones futuras”

<h2>Retos de la taricaya en la Amazonía</h2>

Las taricayas enfrentan múltiples amenazas en la región: caza furtiva, contaminación de ríos y pérdida de playas de desove por la deforestación. Sin intervenciones humanas, su reproducción y supervivencia se verían gravemente comprometidas. En ese sentido, el programa busca revertir estas amenazas mediante educación, protección de huevos y liberación controlada de crías, integrando a la comunidad en todas las etapas.

“Este programa permite que las nuevas generaciones conozcan y respeten estas especies, creando conciencia ambiental y un compromiso directo con la conservación”, explicó la representante municipal de Maynas.

Más allá de proteger a las taricayas, la iniciativa genera efectos colaterales positivos ya que según el director global de comunicaciones y sostenibilidad de Grupo AJE, Jorge López-Dóriga, este trabajo fortalece la cooperación entre instituciones públicas y privadas, empodera a las comunidades locales y crea hábitos de conservación también desde la infancia.

En un contexto como Loreto, donde el aislamiento y la pobreza limitan oportunidades, estas alianzas representan un modelo de sostenibilidad replicable en otras zonas de la Amazonía peruana, sugiere López-Dóriga.

Conservación de taricayas: alianza público-privada protege la Amazonía loretana

La región de Loreto, como la Amazonía, sigue enfrentando problemas estructurales: carreteras inexistentes, acceso limitado a servicios básicos, pobreza persistente y presiones de actividades ilegales sobre la Amazonía, como la tala y la minería ilegal. Es en este contexto que iniciativas privadas de sostenibilidad intentan generar alternativas reales que impulsen desarrollo para quienes históricamente han sido relegados.

A 45 minutos por lancha río adentro, en el caserío Allpahuayo Mishana, a orillas del río Nanay, se encuentra un ejemplo palpable de cómo los negocios pueden integrarse con la conservación ambiental y la vida de las comunidades amazónicas. Allí, el Grupo Aje, a través de su empresa Amarumayu, desarrolla un modelo de negocio que vincula la producción de superfrutos con la preservación del bosque y la mejora de las condiciones económicas de los pobladores.

<h2>Amarumayu: un bionegocio amazónico</h2>

“Estamos en la comunidad de Mishana, que da nombre a esta preciosa área natural protegida del Estado, el Panguayo Mishana. Da mucho placer estar acá con los hermanos de las comunidades”, afirma Alberto Suárez, gerente de Sostenibilidad de Aje. La comunidad provee aguaje, guasahí y amurahui, frutos que Amarumayu convierte en pulpa para sus bebidas.

Amarumayu es una empresa del Grupo Aje dedicada a la elaboración de bebidas a partir de frutas y zumos de frutas. Según Suárez, su misión va más allá de la producción. En sus propias palabras, se trata de “ser responsable de la generación y sostenibilidad de las cadenas de valor de frutos amazónicos en la Amazonía peruana, vinculadas a actividades de bionegocio”.

De la misma manera, el director global de comunicaciones y sostenibilidad del Grupo AJE, Jorge López-Dóriga, recalca los objetivos detrás del negocio. “(La empresa) apoya la conservación de la biodiversidad a través de los productos de su marca Amayu y asume un compromiso de responsabilidad social con la investigación de la biodiversidad, el bienestar del ciudadano, la aplicación de buenas prácticas ambientales y la difusión de la mejor imagen del Perú hacia el mundo”, sostiene.

<h2>Superfrutos, biodiversidad y economía local</h2>

Los frutos amazónicos son considerados “superfrutos” por su densidad nutricional y su papel ecológico. De eso sabe muy bien Suárez quien además es biólogo de profesión. “Estas palmeras son tan inteligentes que fabrican frutos llenos de vitaminas, aminoácidos y antioxidantes fantásticos, que los reconocen también los animales… más de 250 vertebrados se alimentan de ellos, desde loros y monos hasta peces y roedores, que a su vez dispersan las semillas”, explica simplificando ilustrativamente el detalle científico.

El modelo de Amarumayu recoge esta lección biológica, y por ello combina producción y sostenibilidad. El esquema de negocio genera, en primer lugar, ingresos directos a las comunidades, entregados en efectivo y sin intermediarios, lo que contribuye a reducir la vulnerabilidad frente a actividades ilegales y a mejorar la seguridad alimentaria familiar. “Este bionegocio permite a las comunidades tener ingresos estables durante todo el año”, señala Suárez.

A pesar de estas oportunidades, la vida en Mishana y otros caseríos loretanos sigue marcada por el aislamiento. Loreto tiene un tamaño equivalente a Alemania o Paraguay, pero sin carreteras; los ríos son la principal vía de comunicación y transporte. La falta de infraestructura limita la educación, la salud y el acceso a mercados, por lo que cualquier ingreso estable, aunque pequeño, marca una diferencia significativa. A pesar de todo ello, la iniciativa de Amarumayu crea oportunidades para quienes, sin esta participación, seguirían aislados del mercado.

<h2>Concursos y participación comunitaria</h2>

Como parte de su estrategia de sostenibilidad, Amarumayu organiza, junto con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), concursos anuales de subidores de aguaje. En dicha competencia participan hombres y mujeres del caserío que trabajan en la recolección sostenible de frutos.“Lo que más nos entusiasma es que ahora también participan mujeres, algo que hace cinco o seis años no ocurría”, comenta Suárez.

En la edición de este año, existieron “récords mundiales”, según los comentarios de los espectadores. En la categoría de varones, quien ganó el primer puesto subiendo y bajando las palmeras de más de 5 metros, redujo el podio de la edición del 2024 que lo hizo en 35 segundos.

Según los miembros del jurado, estas actividades refuerzan la educación ambiental y la valoración de los recursos locales que, de otro modo, podrían depender únicamente de ingresos ilegales, además de nada sostenibles.

<h2>El papel de la Fundación Aje</h2>

La Fundación Aje complementa estas acciones mediante programas educativos y sociales dirigidos a niños y jóvenes. “La fundación motiva y empodera a aquellos niños y jóvenes que quieren hacer las cosas bien pero no tienen oportunidades”, explica Suárez. Esto, en un contexto donde la pobreza y la falta de servicios básicos limitan la movilidad social, abren alternativas viables y sostenibles, reconocidas por los miembros de la comunidad.

“Ahora ganamos nuestra platita”, dice una joven de nombre Ishu, que también participó del certamen, aunque no ganó.

<h2>Sostenibilidad y desafíos en Loreto</h2>

“Se puede conservar la tierra y proteger a la Madre Tierra mientras tienen ingresos, evitando que caigan en industrias ilegales como la minería, la coca o la tala selectiva de madera”, afirma convencido Suárez.

Según el máximo representante en materia de sostenibilidad del Grupo AJE, el impacto de la empresa va más allá del beneficio económico, ya que pretende contribuir a la conservación del bosque amazónico y al desarrollo de prácticas sostenibles.

Los planes de Amarumayu no quedan ahí. López-Doriga comentaba a República Sostenible que, con los productos están creando al mismo tiempo la demanda internacional y también local y nacional para el consumo de bebidas de superfrutas amazónicas.

“Cuanto más se vendan nuestros productos, más fruta compramos, más pulpa necesitamos y más bosque conservamos. La ecuación es perfecta”, concluye López-Doriga.

Amarumayu muestran que los modelos de bionegocio sostenible pueden convertirse en una herramienta clave para el desarrollo de la Amazonía peruana, uniendo conservación, economía y comunidad en una región que lo necesita con urgencia.

Amarumayu y la sostenibilidad en medio de la Amazonía loretana

La tensión se ha desbordado en la Amazonía central. En las últimas semanas, los pobladores, investigadores y trabajadores del Área de Conservación Privada (ACP) Panguana, ubicada en Yuyapichis (Huánuco), han comenzado a recibir amenazas directas contra su integridad. Esta ola de hostilidad surge como represalia inmediata tras una serie de operativos de interdicción ejecutados por el Estado, los cuales lograron destruir maquinaria pesada perteneciente a cuatro de los principales grupos de minería ilegal que operan en la provincia de Puerto Inca.

Según reporta el Observatorio de Minería Ilegal (OMI), los ataques se dirigen específicamente contra quienes residen y laboran en la Estación Biológica Panguana. Si bien la intervención de la Policía Nacional, la Marina de Guerra y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental fue un golpe necesario contra la actividad ilícita, la presencia de estas fuerzas fue temporal. Su retirada ha dejado a los defensores ambientales en una situación de extrema vulnerabilidad frente a redes criminales que buscan intimidar y frenar cualquier intento de fiscalización en la zona.

La respuesta administrativa del Estado avanza con lentitud frente a la urgencia del peligro. Aunque la Subprefectura de Yuyapichis otorgó garantías personales a los miembros del ACP el pasado 18 de septiembre de 2025, las organizaciones advierten que esto es insuficiente. Desde agosto de 2025, se solicitó al Ministerio de Justicia la incorporación formal de estas personas en el registro oficial de defensores ambientales, un trámite que permanece en curso mientras el riesgo en el terreno escala día a día.

Las organizaciones civiles alertan que el clima de violencia evidencia un grave incremento del riesgo para la vida de los custodios del bosque. Advierten que la protección estatal actual no alcanza para contener a un crimen organizado que se expande sin control y que ha reaccionado con agresividad ante la pérdida de sus activos. Lo que antes era un riesgo latente, hoy es una confrontación abierta que pone en jaque la continuidad de la conservación en este territorio.

Ante este escenario crítico, un bloque de instituciones —que incluye a la Sociedad Zoológica de Fráncfort, Conservación Amazónica (ACCA), la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y otras ONG— ha emitido un pronunciamiento exigiendo una intervención multisectorial urgente. Instan al Ministerio del Interior, al Ministerio del Ambiente y a la Presidencia del Consejo de Ministros a adoptar medidas inmediatas para desarticular a los grupos criminales, más allá de operativos aislados.

La exigencia central es clara: el Poder Ejecutivo debe garantizar una presencia constante en la zona y condiciones reales de seguridad alineadas con estándares de derechos humanos. Sin una estrategia sostenida que proteja a los defensores y frene la expansión minera, el ACP Panguana y su comunidad permanecerán a merced de las represalias de las economías ilegales.

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