Soy Comunicadora para el Desarrollo y especialista en sostenibilidad corporativa. Mi labor se centra en acompañar a las empresas en la generación de valor y en su contribución al desarrollo sostenible del país.

Decidir dónde intervenir para mejorar la calidad de vida de una población no es sencillo. En muchos territorios, la información disponible no permite identificar con claridad cuáles brechas sociales son más urgentes: acceso a agua potable, seguridad personal, educación, conectividad o inclusión económica.

En ese contexto, el Índice de Progreso Social (IPS) propone una forma distinta de observar el desarrollo. En lugar de centrarse en variables económicas, mide directamente resultados sociales en tres dimensiones: necesidades humanas básicas, fundamentos del bienestar y oportunidades. Estas dimensiones incluyen indicadores concretos como acceso a agua y saneamiento, mortalidad infantil, seguridad personal, acceso a información y comunicaciones, años de escolaridad, calidad ambiental o derechos personales.

Si bien el IPS suele presentarse como una herramienta para comparar países o regiones, en los últimos años también se ha aplicado a territorios y comunidades específicas. En estas experiencias, el índice se construye utilizando información local sobre indicadores como cobertura de saneamiento, acceso a educación secundaria, percepción de seguridad o conectividad digital. Lo más interesante es que el proceso de medición involucra a distintos actores del territorio: autoridades públicas, organizaciones sociales y también empresas que operan en la zona.

El resultado no es solo un ranking. En distintas aplicaciones territoriales del Índice de Progreso Social, el análisis muestra que algunas dimensiones —como acceso a agua potable o cobertura educativa básica— pueden presentar avances importantes, mientras que otras, como seguridad personal, acceso a educación superior u oportunidades económicas, siguen mostrando rezagos. Este tipo de resultados permite orientar con mayor precisión decisiones sobre inversión pública, programas sociales o iniciativas de desarrollo territorial (Deloitte).

El valor del IPS en estos contextos no está solo en el indicador final, sino en el proceso que genera. Cuando distintos actores utilizan una misma medición del bienestar, se vuelve más fácil discutir prioridades y coordinar intervenciones sobre la base de evidencia compartida.

En un país como el Perú, donde las brechas territoriales en bienestar siguen siendo profundas entre regiones y ciudades, contar con herramientas que permitan medir de manera clara el progreso social puede cambiar la conversación sobre el desarrollo. Porque cuando el bienestar se mide con mayor precisión, también se vuelve más posible decidir —y actuar— para mejorarlo.

Cuando el progreso social se mide, las decisiones cambian

Me apasiona promover prácticas y estrategias que minimicen el impacto ambiental, promuevan la equidad social y aseguren la viabilidad económica a largo plazo

Durante años, el Perú celebró cifras. Crecimiento sostenido. Exportaciones récord. Estabilidad macroeconómica. Pero mientras el PBI subía, las brechas territoriales no desaparecían. La economía avanzaba; la calidad de vida no siempre lo hacía al mismo ritmo.

Aquí aparece una herramienta que cambia la conversación: el Índice de Progreso Social (IPS). No mide cuánto produce una región. Mide cómo vive su gente.

El modelo nació en 2012 de la mano del Social Progress Imperative, impulsado por Michael Green y el economista del Massachusetts Institute of Technology, Scott Stern. Su premisa es incómoda pero clara: el desarrollo no puede reducirse a crecimiento económico. Si el progreso no se traduce en agua potable, educación de calidad, seguridad, derechos y oportunidades reales, no es progreso completo.

El IPS, versión peruana del modelo global aplicado en más de 160 países, evalúa tres dimensiones: necesidades básicas, fundamentos del bienestar y oportunidades. No pregunta cuánto se gastó. Pregunta qué cambió. No mide presupuesto ejecutado. Mide resultados sociales.

Y los resultados en el Perú son reveladores. Sí, ha habido avances en educación básica, salud y conectividad digital. Pero las brechas entre regiones persisten con una estabilidad inquietante. Zonas con alto dinamismo productivo no necesariamente lideran en bienestar integral. El crecimiento económico no siempre se traduce en movilidad social ni en igualdad de oportunidades.

Esta constatación es clave para el debate público. El país ha discutido durante décadas sobre inversión, sobre crecimiento, sobre disciplina fiscal. Mucho menos sobre la calidad real de vida en cada territorio. El IPS obliga a formular una pregunta distinta: ¿estamos creciendo mejor o solo creciendo más?

No se trata de reemplazar el PBI. Se trata de complementarlo con una métrica que mida directamente bienestar. Para medios y líderes de opinión, el IPS ofrece una narrativa distinta: la del desarrollo territorial medido por resultados concretos y comparables en el tiempo.

En un contexto político volátil y con una ciudadanía desconfiada, cambiar la forma de medir es cambiar la forma de decidir. Y cambiar la forma de decidir es, en última instancia, cambiar la trayectoria del país.

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