En ese contexto, el Índice de Progreso Social (IPS) propone una forma distinta de observar el desarrollo. En lugar de centrarse en variables económicas, mide directamente resultados sociales en tres dimensiones: necesidades humanas básicas, fundamentos del bienestar y oportunidades. Estas dimensiones incluyen indicadores concretos como acceso a agua y saneamiento, mortalidad infantil, seguridad personal, acceso a información y comunicaciones, años de escolaridad, calidad ambiental o derechos personales.

Si bien el IPS suele presentarse como una herramienta para comparar países o regiones, en los últimos años también se ha aplicado a territorios y comunidades específicas. En estas experiencias, el índice se construye utilizando información local sobre indicadores como cobertura de saneamiento, acceso a educación secundaria, percepción de seguridad o conectividad digital. Lo más interesante es que el proceso de medición involucra a distintos actores del territorio: autoridades públicas, organizaciones sociales y también empresas que operan en la zona.

El resultado no es solo un ranking. En distintas aplicaciones territoriales del Índice de Progreso Social, el análisis muestra que algunas dimensiones —como acceso a agua potable o cobertura educativa básica— pueden presentar avances importantes, mientras que otras, como seguridad personal, acceso a educación superior u oportunidades económicas, siguen mostrando rezagos. Este tipo de resultados permite orientar con mayor precisión decisiones sobre inversión pública, programas sociales o iniciativas de desarrollo territorial (Deloitte).

El valor del IPS en estos contextos no está solo en el indicador final, sino en el proceso que genera. Cuando distintos actores utilizan una misma medición del bienestar, se vuelve más fácil discutir prioridades y coordinar intervenciones sobre la base de evidencia compartida.

En un país como el Perú, donde las brechas territoriales en bienestar siguen siendo profundas entre regiones y ciudades, contar con herramientas que permitan medir de manera clara el progreso social puede cambiar la conversación sobre el desarrollo. Porque cuando el bienestar se mide con mayor precisión, también se vuelve más posible decidir —y actuar— para mejorarlo.