Soy Comunicadora para el Desarrollo y especialista en sostenibilidad corporativa. Mi labor se centra en acompañar a las empresas en la generación de valor y en su contribución al desarrollo sostenible del país.

Cuando el progreso social se mide, las decisiones cambian

Decidir dónde intervenir para mejorar la calidad de vida de una población no es sencillo. En muchos territorios, la información disponible no permite identificar con claridad cuáles brechas sociales son más urgentes: acceso a agua potable, seguridad personal, educación, conectividad o inclusión económica.

En ese contexto, el Índice de Progreso Social (IPS) propone una forma distinta de observar el desarrollo. En lugar de centrarse en variables económicas, mide directamente resultados sociales en tres dimensiones: necesidades humanas básicas, fundamentos del bienestar y oportunidades. Estas dimensiones incluyen indicadores concretos como acceso a agua y saneamiento, mortalidad infantil, seguridad personal, acceso a información y comunicaciones, años de escolaridad, calidad ambiental o derechos personales.

Si bien el IPS suele presentarse como una herramienta para comparar países o regiones, en los últimos años también se ha aplicado a territorios y comunidades específicas. En estas experiencias, el índice se construye utilizando información local sobre indicadores como cobertura de saneamiento, acceso a educación secundaria, percepción de seguridad o conectividad digital. Lo más interesante es que el proceso de medición involucra a distintos actores del territorio: autoridades públicas, organizaciones sociales y también empresas que operan en la zona.

El resultado no es solo un ranking. En distintas aplicaciones territoriales del Índice de Progreso Social, el análisis muestra que algunas dimensiones —como acceso a agua potable o cobertura educativa básica— pueden presentar avances importantes, mientras que otras, como seguridad personal, acceso a educación superior u oportunidades económicas, siguen mostrando rezagos. Este tipo de resultados permite orientar con mayor precisión decisiones sobre inversión pública, programas sociales o iniciativas de desarrollo territorial (Deloitte).

El valor del IPS en estos contextos no está solo en el indicador final, sino en el proceso que genera. Cuando distintos actores utilizan una misma medición del bienestar, se vuelve más fácil discutir prioridades y coordinar intervenciones sobre la base de evidencia compartida.

En un país como el Perú, donde las brechas territoriales en bienestar siguen siendo profundas entre regiones y ciudades, contar con herramientas que permitan medir de manera clara el progreso social puede cambiar la conversación sobre el desarrollo. Porque cuando el bienestar se mide con mayor precisión, también se vuelve más posible decidir —y actuar— para mejorarlo.

El Perú frente al cambio climático: lo que llevamos a la COP30

Cada año, la humanidad se enfrenta a un desafío que ya no puede postergarse: detener el avance del cambio climático. En noviembre de 2025, el mundo volverá a reunirse en Belém, Brasil, para la COP30, donde se medirán los avances —y también los retrasos— del Acuerdo de París. Desde el Perú, esta cita nos invita a mirar no solo lo que el país presenta ante el mundo, sino también lo que podemos hacer desde casa.

El cambio climático ya está transformando nuestra vida cotidiana. Las lluvias son más intensas, las sequías más prolongadas y los bosques retroceden a un ritmo preocupante. Los científicos advierten que para mantener el calentamiento global por debajo de los 1,5 °C, el planeta debe reducir sus emisiones a la mitad antes de 2030 y lograr la carbono neutralidad al 2050.

En América Latina, la deforestación sigue siendo una de las principales fuentes de emisiones. La Amazonía, uno de los mayores pulmones del planeta, pierde terreno cada año, afectando el equilibrio del clima global. Sin bosques, el planeta respira con más dificultad.

En este contexto, el Perú presentará en la COP30 una hoja de ruta actualizada: “Nuestro Desafío Climático – NDC 3.0”, que agrupa 84 medidas de adaptación y 66 de mitigación. Estas incluyen desde proyectos para proteger las fuentes de agua y los cultivos hasta iniciativas de energía limpia y transporte sostenible. Cumplir estos compromisos exigirá la participación activa del Estado, las empresas y la ciudadanía, llevando la acción climática a cada región del país.

El futuro climático no se definirá solo en las conferencias internacionales, sino en cada decisión que tomemos hoy para cuidar nuestro territorio y nuestra gente. Ello nos compromete a todos: definamos la forma en que cada uno de nosotros, como ciudadanos, participaremos también de este desafío. El reto es compartido, y empieza hoy.

pueblos indigenas

Pueblos indígenas en el Perú

empleo digno

Empleo digno para personas LGBTIQ+ en el Perú

liderazgo femenino

Liderazgo femenino para alcanzar ODS 5: Igualdad de género en Perú

En agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas (9 de agosto), momento para reconocer y valorar a quienes mantienen conocimientos ancestrales sobre biodiversidad, manejo del territorio y equilibrio con la naturaleza. En Perú, el Estado reconoce 55 pueblos indígenas u originarios, entre ellos 51 de la Amazonía y 4 de los Andes (MINCU).

A pesar de su relevancia, estas comunidades enfrentan serias brechas: acceso limitado a servicios de salud y educación, infraestructura básica y justicia efectiva. Muchas comunidades aún no tienen títulos de propiedad, lo que las expone a la explotación de sus recursos naturales.

La ilegalidad, especialmente la minería y tala ilegales, avanza en sus territorios. Este contexto genera conflictos socioambientales, contaminación y violencia. Defensores indígenas son criminalizados, amenazados o asesinados sin consecuencias legales. Proteger a los y las defensores indígenas requiere acciones concretas: garantizar seguridad jurídica, acceso a justicia, titulación del territorio y participación efectiva en la toma de decisiones. Sin estas medidas, la defensa ambiental sigue siendo un acto de alto riesgo.

En adición, contar con datos confiables y desagregados sobre los pueblos indígenas es clave. El Censo Nacional 2025 constituye una oportunidad: puede permitir robustecer información sobre identidad étnica, ubicación y necesidades, si su diseño incluye una participación efectiva, para evitar subregistro o clasificación inadecuada, de lo contrario las brechas persistirán, así como la invisibilización histórica de los pueblos indígenas.

Solo con información robusta, reconocimiento legal y participación real será posible cerrar brechas estructurales y diseñar políticas públicas que garanticen los derechos y la dignidad de los pueblos indígenas en el Perú.

Pueblos indígenas en el Perú: entre la resistencia y la deuda histórica

En el Perú, la comunidad LGBTIQ+ enfrenta barreras estructurales que limitan su acceso al trabajo digno. El empleo no debería depender de la identidad o la orientación sexual, sin embargo, el 63% de personas LGBTIQ+ declara haber sufrido discriminación o violencia (INEI), mientras que 4 de cada 10 prefiere no revelar su orientación sexual en el trabajo por miedo a ser discriminadas o despedidas (IESI).

En el ámbito laboral, esta discriminación se manifiesta en la exclusión desde los procesos de selección, despidos injustificados, negación de ascensos y brechas salariales.

Según el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2020), un 37% de encuestados no contrataría a una persona trans, y 1 de cada 3 no lo haría con una persona homosexual.

A ello se suma una tasa de desempleo alarmante: en 2021, alcanzó el 37.8% en la población LGBTIQ+ y llegó al 85% en el caso de personas trans (Promsex). En adición, de las personas LGBTIQ+ con empleo, el 37.8% se encuentra bajo contratos temporales, lo que limita su acceso a beneficios laborales (IESI).

Frente a esta realidad, se requiere una acción coordinada. Desde el Estado, urge implementar políticas públicas afirmativas y programas de incentivos para promover la contratación en el sector privado. El Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos (2021–2025) ya reconoce esta necesidad.

Desde la sociedad civil, es necesario fortalecer campañas de sensibilización y educación que derriben prejuicios. Estas acciones pueden ser lideradas por medios de comunicación, instituciones educativas y organizaciones sociales.

Por su parte, las empresas tienen la oportunidad de liderar el cambio implementando políticas de diversidad, reconociendo que los equipos diversos son más innovadores y generan mayor productividad cuando se gestionan de forma adecuada.

Empleo digno para personas LGBTIQ+ en el Perú: un reto urgente

El Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 5 busca lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. En el ámbito laboral peruano, la brecha salarial y la baja participación femenina en posiciones de liderazgo representan retos clave para alcanzar este objetivo.

En Perú, las mujeres ganan, en promedio, un 27.4% menos que los hombres por trabajos de igual valor (INEI, 2021). Esta disparidad es más pronunciada en sectores como la minería y la construcción, donde las mujeres tienen menor representación y enfrentan barreras históricas de acceso. Además, los estereotipos de género y la segregación ocupacional perpetúan estas diferencias, relegando a las mujeres a empleos menos remunerados y con menores oportunidades de crecimiento.

En cuanto al liderazgo femenino, solo hay una mujer por cada 9 hombres en los directorios de empresas que cotizan en la BVL, según estudio (WomenCEO, 2023), mientras que el porcentaje de mujeres en cargos de alta dirección en Perú aumentó al 20% (SMV, 2023). Estas cifras reflejan lo limitado del acceso de las mujeres a la toma de decisiones estratégicas.

Pese a estos desafíos, se han registrado avances. Algunas empresas privadas han adoptado auditorías salariales y programas de mentoría para mujeres, demostrando que el sector privado puede ser un aliado clave en esta lucha. Sin embargo, es esencial promover un cambio cultural que elimine prejuicios de género y fortalecer las capacidades de las mujeres para ocupar posiciones de liderazgo en sectores estratégicos.

Cerrar la brecha salarial y aumentar el liderazgo femenino no solo son objetivos de justicia social, sino también imperativos para el desarrollo sostenible del Perú. Alcanzar el ODS 5 requiere un esfuerzo colectivo para construir un futuro más equitativo y próspero para todos.