En el ámbito laboral, esta discriminación se manifiesta en la exclusión desde los procesos de selección, despidos injustificados, negación de ascensos y brechas salariales.

Según el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2020), un 37% de encuestados no contrataría a una persona trans, y 1 de cada 3 no lo haría con una persona homosexual.

A ello se suma una tasa de desempleo alarmante: en 2021, alcanzó el 37.8% en la población LGBTIQ+ y llegó al 85% en el caso de personas trans (Promsex). En adición, de las personas LGBTIQ+ con empleo, el 37.8% se encuentra bajo contratos temporales, lo que limita su acceso a beneficios laborales (IESI).

Frente a esta realidad, se requiere una acción coordinada. Desde el Estado, urge implementar políticas públicas afirmativas y programas de incentivos para promover la contratación en el sector privado. El Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos (2021–2025) ya reconoce esta necesidad.

Desde la sociedad civil, es necesario fortalecer campañas de sensibilización y educación que derriben prejuicios. Estas acciones pueden ser lideradas por medios de comunicación, instituciones educativas y organizaciones sociales.

Por su parte, las empresas tienen la oportunidad de liderar el cambio implementando políticas de diversidad, reconociendo que los equipos diversos son más innovadores y generan mayor productividad cuando se gestionan de forma adecuada.