Aquí aparece una herramienta que cambia la conversación: el Índice de Progreso Social (IPS). No mide cuánto produce una región. Mide cómo vive su gente.

El modelo nació en 2012 de la mano del Social Progress Imperative, impulsado por Michael Green y el economista del Massachusetts Institute of Technology, Scott Stern. Su premisa es incómoda pero clara: el desarrollo no puede reducirse a crecimiento económico. Si el progreso no se traduce en agua potable, educación de calidad, seguridad, derechos y oportunidades reales, no es progreso completo.

El IPS, versión peruana del modelo global aplicado en más de 160 países, evalúa tres dimensiones: necesidades básicas, fundamentos del bienestar y oportunidades. No pregunta cuánto se gastó. Pregunta qué cambió. No mide presupuesto ejecutado. Mide resultados sociales.

Y los resultados en el Perú son reveladores. Sí, ha habido avances en educación básica, salud y conectividad digital. Pero las brechas entre regiones persisten con una estabilidad inquietante. Zonas con alto dinamismo productivo no necesariamente lideran en bienestar integral. El crecimiento económico no siempre se traduce en movilidad social ni en igualdad de oportunidades.

Esta constatación es clave para el debate público. El país ha discutido durante décadas sobre inversión, sobre crecimiento, sobre disciplina fiscal. Mucho menos sobre la calidad real de vida en cada territorio. El IPS obliga a formular una pregunta distinta: ¿estamos creciendo mejor o solo creciendo más?

No se trata de reemplazar el PBI. Se trata de complementarlo con una métrica que mida directamente bienestar. Para medios y líderes de opinión, el IPS ofrece una narrativa distinta: la del desarrollo territorial medido por resultados concretos y comparables en el tiempo.

En un contexto político volátil y con una ciudadanía desconfiada, cambiar la forma de medir es cambiar la forma de decidir. Y cambiar la forma de decidir es, en última instancia, cambiar la trayectoria del país.