Me apasiona promover prácticas y estrategias que minimicen el impacto ambiental, promuevan la equidad social y aseguren la viabilidad económica a largo plazo

Hace exactamente 16 días, el Aula Magna de la Universidad del Pacífico acogió una conversación que debería haberse dado en cada debate presidencial de esta campaña y no ocurrió en ninguno. El Grupo La República y <a href="https://especial.larepublica.pe/la-republica-sostenible">República Sostenible</a><a href="https://especial.larepublica.pe/la-republica-sostenible"> </a>convocaron —con la colaboración de Minera Las Bambas, Movistar, la Universidad del Pacífico y el Social Progress Imperative a líderes empresariales, gerentes de sostenibilidad, académicos e inversores para hablar del <a href="https://especial.larepublica.pe/la-republica-sostenible/evento-Indice-de-progreso-social">Índice de Progreso Social</a><a href="https://especial.larepublica.pe/la-republica-sostenible/evento-Indice-de-progreso-social"> </a>como nueva brújula para el Perú. La pregunta de fondo era incómoda y necesaria: ¿por qué un país que creció ininterrumpidamente durante dos décadas cayó 16 posiciones en el ranking global del IPS desde 2019 y hoy figura en el puesto 129 del mundo en Seguridad Personal y en el 104 en Agua y Saneamiento?

Esta mañana, mientras la ONPE avanza en el conteo oficial de las elecciones del 12 de abril, Keiko Fujimori se consolida en el primer lugar con 17,1% según el conteo rápido de Transparencia-Ipsos al 95,7%, mientras que Rafael López Aliaga, Roberto Sánchez y Jorge Nieto disputan voto a voto el segundo puesto que definirá quién la acompañará en el balotaje del 7 de junio. No importa quién sea ese segundo candidato. La pregunta que República Sostenible pone sobre la mesa es la misma para cualquiera de ellos: ¿van a gobernar con el PBI como único termómetro, o van a adoptar el IPS como criterio de gestión pública?

La distinción no es retórica. El IPS mide lo que el PBI no mide: si el agua llega, si el barrio es seguro, si el hijo tiene futuro. Y lo hace con una metodología rigurosa, comparable entre distritos, provincias y regiones, que convierte la ineficacia del Estado en un número visible y, por tanto, políticamente insostenible. El diagnóstico central que el evento de la UP dejó establecido es que el problema del Perú no es escasez de recursos, sino ausencia de resultados: el gasto existe, la cobertura no.

Esa brecha —entre lo que el Estado invierte y lo que el ciudadano efectivamente recibe— es exactamente el espacio donde el IPS opera como herramienta de gobierno. No como denuncia. Como sistema de rendición de cuentas. Un gobierno que incorpore el IPS a su planificación no necesita crear nuevos programas: necesita medir con honestidad cuáles de los existentes están produciendo mejoras reales en las dimensiones de Bienestar Básico, Calidad de Vida y Oportunidades, y redirigir los recursos hacia los que sí funcionan.

El diálogo para líderes empresariales no fue un evento más. Fue una invitación a cambiar el lente con que medimos al país. El próximo presidente —sea quien sea— recibirá el mando el 28 de julio en un contexto de fragmentación política extrema, desconfianza ciudadana acumulada y una burocracia que ha demostrado, incluso en la jornada electoral de ayer, que la ineficiencia tiene consecuencias directas sobre los derechos de las personas. Adoptar el IPS como eje transversal de la política pública no es una concesión a la academia. Es la decisión más pragmática disponible para un gobierno que necesita mostrar resultados tangibles en los primeros 100 días y sostener legitimidad durante cinco años.

República Sostenible se compromete a hacer seguimiento público de esa adopción. A publicar, semestre a semestre, cómo evoluciona el score del Perú en cada dimensión del índice. A nombrar qué gobiernos regionales y qué ministerios mejoran y cuáles retroceden. La brújula ya existe. Lo que se necesita ahora es que quien gane en junio decida usarla.

El IPS no es un índice académico. Es la agenda que el próximo gobierno no puede ignorar

El Perú que no mide el PBI

El PBI no es el instrumento idóneo para medir el desarrollo del Perú. ¿Sabes qué es el IPS? Conócelo aquí.

PBI: El índice que no mide el Perú

Durante años, el Perú celebró cifras. Crecimiento sostenido. Exportaciones récord. Estabilidad macroeconómica. Pero mientras el PBI subía, las brechas territoriales no desaparecían. La economía avanzaba; la calidad de vida no siempre lo hacía al mismo ritmo.

Aquí aparece una herramienta que cambia la conversación: el Índice de Progreso Social (IPS). No mide cuánto produce una región. Mide cómo vive su gente.

El modelo nació en 2012 de la mano del Social Progress Imperative, impulsado por Michael Green y el economista del Massachusetts Institute of Technology, Scott Stern. Su premisa es incómoda pero clara: el desarrollo no puede reducirse a crecimiento económico. Si el progreso no se traduce en agua potable, educación de calidad, seguridad, derechos y oportunidades reales, no es progreso completo.

El IPS, versión peruana del modelo global aplicado en más de 160 países, evalúa tres dimensiones: necesidades básicas, fundamentos del bienestar y oportunidades. No pregunta cuánto se gastó. Pregunta qué cambió. No mide presupuesto ejecutado. Mide resultados sociales.

Y los resultados en el Perú son reveladores. Sí, ha habido avances en educación básica, salud y conectividad digital. Pero las brechas entre regiones persisten con una estabilidad inquietante. Zonas con alto dinamismo productivo no necesariamente lideran en bienestar integral. El crecimiento económico no siempre se traduce en movilidad social ni en igualdad de oportunidades.

Esta constatación es clave para el debate público. El país ha discutido durante décadas sobre inversión, sobre crecimiento, sobre disciplina fiscal. Mucho menos sobre la calidad real de vida en cada territorio. El IPS obliga a formular una pregunta distinta: ¿estamos creciendo mejor o solo creciendo más?

No se trata de reemplazar el PBI. Se trata de complementarlo con una métrica que mida directamente bienestar. Para medios y líderes de opinión, el IPS ofrece una narrativa distinta: la del desarrollo territorial medido por resultados concretos y comparables en el tiempo.

En un contexto político volátil y con una ciudadanía desconfiada, cambiar la forma de medir es cambiar la forma de decidir. Y cambiar la forma de decidir es, en última instancia, cambiar la trayectoria del país.

El PBI no es el mejor indicador para medir el desarrollo social y económico del Perú. Conoce aquí qué es el IPS y sus beneficios para el país.

Minería informal: el alto costo ambiental y social que frena la sostenibilidad del Perú

Analizar la sostenibilidad en Perú sin considerar la <a href="https://especial.larepublica.pe/la-republica-sostenible/2023/04/25/mineria-cuales-son-las-herramientas-tecnologicas-que-ayudan-a-la-sostenibilidad-del-sector-y-su-entorno-1900000">minería </a>informal e ilegal implica omitir uno de los principales factores de degradación ambiental, desigualdad social y pérdida de competitividad nacional. Este fenómeno, lejos de ser marginal, se ha consolidado como la principal economía ilícita del país. De acuerdo con estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE, 2025), la <a href="https://especial.larepublica.pe/la-republica-sostenible/2026/04/21/mineria-ilegal-en-madre-de-dios-fuerzas-armadas-golpean-al-flagelo-248031">minería informal e ilegal</a> representa más del 40% del valor generado por actividades ilícitas.

El impacto ambiental de la minería ilegal es profundo y crítico. En la <a href="https://especial.larepublica.pe/la-republica-sostenible/2025/02/26/amazonia-bionegocios-impulsan-conservacion-y-desarrollo-sostenible-2236884">Amazonía</a>, especialmente en Madre de Dios, esta actividad es responsable de más del 70% del mercurio presente en el aire, con concentraciones que superan ampliamente los estándares internacionales de salud establecidos por la Organización Mundial de la Salud (CINCIA; IPE, 2025). Además, la deforestación acelerada ha afectado más de 120,000 hectáreas en América del Sur en los últimos años. Este problema estructural compromete ecosistemas clave para mitigar el cambio climático y conservar la biodiversidad. Desde una perspectiva de sostenibilidad, la minería ilegal no solo causa daño ambiental, sino que también erosiona la competitividad del país (MAAP, MapBiomas, IPE).

La minería informal debilita la capacidad del Estado para transformar la riqueza natural en desarrollo económico y social. La demora y la paralización de proyectos mineros formales, muchos de ellos con altos estándares ambientales y sociales, han generado un impacto negativo en el crecimiento económico y en la reducción de la pobreza. (El impacto económico de los conflictos sociales y la tramitología en la minería, n.d.) Además, la cadena global del oro evidencia una tendencia preocupante: los flujos de exportación se han desplazado hacia mercados con menores requisitos de trazabilidad y de debida diligencia. Esta dinámica contradice los principios ESG y debilita los esfuerzos internacionales orientados a promover una minería responsable y transparente, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En este contexto, abordar la informalidad minera exige una estrategia integral. Esta debe contemplar el cierre de brechas en la trazabilidad del oro, el fortalecimiento de la presencia estatal, la reformulación de los procesos de formalización con apoyo técnico efectivo y la generación de alternativas económicas viables para las poblaciones y actores involucrados. Sin la implementación de estas acciones, la informalidad continuará obstaculizando el desarrollo sostenible en Perú.

Minería informal es responsable de más del 70% del mercurio en el aire y debilita la capacidad del Estado para transformar la riqueza natural en desarrollo.

mercurio sangre

Mercurio en la sangre silencio en el estado

Mercurio en la sangre

mineria ilegal

Mineria Ilegal en la Amazonia Peruana

mujeres sisan

Las mujeres de SISAN

Loreto está envenenada. <a>Un reciente estudio realizado por el Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA) y la Sociedad Zoológica de Frankfurt Perú (FZS Perú) revela que el 79% de las personas evaluadas en la cuenca del río Nanay presenta niveles de mercurio por encima del umbral permitido por la OMS, y un 37% está en riesgo alto (Vega et al., 2024). La causa: la minería ilegal que avanza sin freno en una de las regiones más biodiversas del país. </a>

“En Iquitos no podemos celebrar el día del ceviche porque ni siquiera podemos comer pescado”, frase tan cruda como real pronunciada por César A. Ipenza, abogado experto en derecho ambiental en una entrevista reciente. No es una metáfora: es una realidad marcada por el mercurio, la minería ilegal y la negligencia del Estado peruano.

La situación es crítica. El río Nanay abastece de agua a cerca de medio millón de personas en Iquitos. No solo el pescado está contaminado; el agua también lo está. El mercurio se acumula en el cuerpo, afecta el sistema neurológico, y puede causar efectos irreversibles, especialmente en mujeres gestantes y niños.

La minería ilegal en Loreto no es solo un delito ambiental: es un crimen estructurado. Las dragas, muchas operadas por extranjeros, entran sin control. Hay corrupción en las rutas fluviales, inacción del Estado y un Congreso que promueve leyes que contradicen al Tribunal Constitucional para legalizar lo ilegal. Las comunidades denuncian, pero no reciben atención médica ni alternativas alimentarias. No hay operativos reales, ni control de las rutas del oro. Se requiere con urgencia prohibir el uso de mercurio, promover tecnologías limpias y proteger a las comunidades. El caso Loreto apenas comienza. Pero si el Estado no actúa ahora, enfrentaremos una tragedia sanitaria y ecológica sin precedentes. El oro ilegal está costando vidas y el silencio institucional es tan tóxico como el mercurio. ¿Hasta cuándo lo vamos a permitir?

*Referencia bibliográfica Vega, C. M., Pisconte, J. N., García, C., Torres, M. I., Salcedo, K.D. &amp; Fernandez, L. E. (2024). Niveles de exposición a mercurio en peces y en pobladores de comunidades ribereñas en la cuenca del río Nanay y Pintuyacu (Loreto, Perú). Puerto Maldonado, Perú: Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA) y Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS).

Mercurio en la sangre, silencio en el Estado

En el corazón de la Amazonía peruana, reconocida como uno de los ecosistemas con mayor diversidad bilógica del planeta, una amenaza avanza sigilosamente, arrasando todo a su paso. Se despliega con el ruido constante de maquinaria pesada, dragas y el uso de mercurio. Se trata de la minería ilegal, una actividad que aunque no es la única responsable de la deforestación, se ha instalado como una de las fuerzas más destructivas para la selva y para quienes dependen de ella.

Aunque la agricultura extensiva sigue siendo la principal causa de deforestación, la minería aluvial ocupa el segundo lugar, con un impacto estimado entre el 5 % y el 10 %, según el ingeniero forestal Marc J. Dourojeanni en su investigación ¿Es posible detener la deforestación en la Amazonía peruana? Su daño va más allá de los árboles talados: contamina ríos con mercurio, degrada los suelos y pone en riesgo la salud y el entorno de comunidades indígenas.

En regiones como Madre de Dios, territorios como La Pampa han sido tomados por mafias que operan sin control. Según el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP, por sus siglas en inglés), entre 2019 y 2022, comunidades nativas perdieron más de 1,800 hectáreas de bosque. Según el reportaje publicado en Mongobay Latam, sólo en Barrranco Chico, la deforestación incrementó en un 216%, con evidencia del uso de maquinaria semipesada (Mongabay, 2022). En Loreto, la situación es igual de alarmante: se ha detectado minería ilegal en al menos nueve ríos, incluido el Nanay, donde en 2023 se hallaron más de 100 dragas ilegales (Mongabay, 2023).

Esta actividad, además de ambientalmente destructiva, está conectada con redes de crimen organizado. La organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) advierte que no basta con operativos aislados: se requiere una estrategia de Estado firme, articulada y sostenida.

En definitiva, la minería ilegal se ha consolidado como un factor determinante en la creciente deforestación de la Amazonía. Su expansión, facilitada por la limitada fiscalización y el escaso control del territorio, intensifica una crisis ambiental ya agravada por la presión agropecuaria. Ante este panorama, se impone la necesidad de una respuesta estatal efectiva, articulada y sostenida en el tiempo. De lo contrario, la Amazonía seguirá perdiéndose a manos de un enemigo que avanza con dragas, corrupción e impunidad, comprometiendo así su capacidad de recuperación y resiliencia.

Minería ilegal: el enemigo silencioso de la Amazonía peruana

En el año 2014, bajo la mirada de la actual directora del museo de Pachacamac, la Mag. Denise Pozzi-Escot y gracias al financiamiento y apoyo de la ONG Sustainable Preservation Initiative (SPI) nació un proyecto de desarrollo comunitario con el fin de generar empleos a través de actividades vinculadas al museo. Años más tarde tomaría el nombre de mujeres de “SISAN”, cuyo significado es florecer en quechua. Esta iniciativa buscaba capacitar a mujeres de las comunidades aledañas al santuario para fortalecer sus conocimientos en los rubros de organización empresarial, iconografía prehispánica, turismo y generación de negocios.

Organizadas en directivas rotativas, las veinticuatro mujeres que actualmente conforman la asociación sin fines de lucro lo ven “como una oportunidad valiosa de tener ingresos”, comentario expresado por su actual presidenta Florencia Sandonas. Este proyecto no sólo logró fortalecer los lazos entre las comunidades que viven en el área cercana al santuario, sino además generó un oasis de bienestar económico donde las mujeres que lo conforman se sienten orgullosas de pertenecer, emprender y proteger nuestro patrimonio a través de la comercialización de sus bienes artesanales. Esto es mejor expresado en palabras narradas por Clara Medina que me relataba cómo lo veía como “un mundo propio, para cada una de nosotras, nuestro mundo” o Eva Collahua que me decía emocionada, “estamos haciendo arte”.

En estos momentos de alta polarización, donde escuchamos la necesidad de transparentar el financiamiento de las ONG, tomemos una pausa y miremos hacia las iniciativas que nos enseñan de manera tangible cómo cada actor es capaz de aportar hacia el crecimiento y bienestar de la sociedad. Encontremos los puentes que nos unen y busquemos el equilibrio entre el financiamiento, la trazabilidad y el bienestar generado.

La tarea no sólo recae en encontrar fuentes de financiamiento para las capacitaciones que logran empoderar y gatillar cambios, sino también en nuestra capacidad de buscar las fórmulas para convertir estos programas en proyectos auto sostenibles en el tiempo.&nbsp; Integrar la cultura, la educación y lograr obtener un beneficio comunitario no es tarea simple. Las mujeres de SISAN no sólo han logrado convertirse en un caso de éxito, lo más valioso es que lo han logrado mediante la articulación de una cadena de actores que apostaron por el bienestar comunitario creando historias que reditúan en el mañana de todos.

Vanessa Mohme

El IPS no es un índice académico. Es la agenda que el próximo gobierno no puede ignorar

El Perú que no mide el PBI

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Minería informal: el alto costo ambiental y social que frena la sostenibilidad del Perú

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Mercurio en la sangre

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Las mujeres de SISAN

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