El impacto ambiental de la minería ilegal es profundo y crítico. En la Amazonía, especialmente en Madre de Dios, esta actividad es responsable de más del 70% del mercurio presente en el aire, con concentraciones que superan ampliamente los estándares internacionales de salud establecidos por la Organización Mundial de la Salud (CINCIA; IPE, 2025). Además, la deforestación acelerada ha afectado más de 120,000 hectáreas en América del Sur en los últimos años. Este problema estructural compromete ecosistemas clave para mitigar el cambio climático y conservar la biodiversidad. Desde una perspectiva de sostenibilidad, la minería ilegal no solo causa daño ambiental, sino que también erosiona la competitividad del país (MAAP, MapBiomas, IPE).

La minería informal debilita la capacidad del Estado para transformar la riqueza natural en desarrollo económico y social. La demora y la paralización de proyectos mineros formales, muchos de ellos con altos estándares ambientales y sociales, han generado un impacto negativo en el crecimiento económico y en la reducción de la pobreza. (El impacto económico de los conflictos sociales y la tramitología en la minería, n.d.) Además, la cadena global del oro evidencia una tendencia preocupante: los flujos de exportación se han desplazado hacia mercados con menores requisitos de trazabilidad y de debida diligencia. Esta dinámica contradice los principios ESG y debilita los esfuerzos internacionales orientados a promover una minería responsable y transparente, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En este contexto, abordar la informalidad minera exige una estrategia integral. Esta debe contemplar el cierre de brechas en la trazabilidad del oro, el fortalecimiento de la presencia estatal, la reformulación de los procesos de formalización con apoyo técnico efectivo y la generación de alternativas económicas viables para las poblaciones y actores involucrados. Sin la implementación de estas acciones, la informalidad continuará obstaculizando el desarrollo sostenible en Perú.