Hace exactamente 16 días, el Aula Magna de la Universidad del Pacífico acogió una conversación que debería haberse dado en cada debate presidencial de esta campaña y no ocurrió en ninguno. El Grupo La República y República Sostenible convocaron —con la colaboración de Minera Las Bambas, Movistar, la Universidad del Pacífico y el Social Progress Imperative a líderes empresariales, gerentes de sostenibilidad, académicos e inversores para hablar del Índice de Progreso Social como nueva brújula para el Perú. La pregunta de fondo era incómoda y necesaria: ¿por qué un país que creció ininterrumpidamente durante dos décadas cayó 16 posiciones en el ranking global del IPS desde 2019 y hoy figura en el puesto 129 del mundo en Seguridad Personal y en el 104 en Agua y Saneamiento?

Esta mañana, mientras la ONPE avanza en el conteo oficial de las elecciones del 12 de abril, Keiko Fujimori se consolida en el primer lugar con 17,1% según el conteo rápido de Transparencia-Ipsos al 95,7%, mientras que Rafael López Aliaga, Roberto Sánchez y Jorge Nieto disputan voto a voto el segundo puesto que definirá quién la acompañará en el balotaje del 7 de junio. No importa quién sea ese segundo candidato. La pregunta que República Sostenible pone sobre la mesa es la misma para cualquiera de ellos: ¿van a gobernar con el PBI como único termómetro, o van a adoptar el IPS como criterio de gestión pública?

La distinción no es retórica. El IPS mide lo que el PBI no mide: si el agua llega, si el barrio es seguro, si el hijo tiene futuro. Y lo hace con una metodología rigurosa, comparable entre distritos, provincias y regiones, que convierte la ineficacia del Estado en un número visible y, por tanto, políticamente insostenible. El diagnóstico central que el evento de la UP dejó establecido es que el problema del Perú no es escasez de recursos, sino ausencia de resultados: el gasto existe, la cobertura no.

Esa brecha —entre lo que el Estado invierte y lo que el ciudadano efectivamente recibe— es exactamente el espacio donde el IPS opera como herramienta de gobierno. No como denuncia. Como sistema de rendición de cuentas. Un gobierno que incorpore el IPS a su planificación no necesita crear nuevos programas: necesita medir con honestidad cuáles de los existentes están produciendo mejoras reales en las dimensiones de Bienestar Básico, Calidad de Vida y Oportunidades, y redirigir los recursos hacia los que sí funcionan.

El diálogo para líderes empresariales no fue un evento más. Fue una invitación a cambiar el lente con que medimos al país. El próximo presidente —sea quien sea— recibirá el mando el 28 de julio en un contexto de fragmentación política extrema, desconfianza ciudadana acumulada y una burocracia que ha demostrado, incluso en la jornada electoral de ayer, que la ineficiencia tiene consecuencias directas sobre los derechos de las personas. Adoptar el IPS como eje transversal de la política pública no es una concesión a la academia. Es la decisión más pragmática disponible para un gobierno que necesita mostrar resultados tangibles en los primeros 100 días y sostener legitimidad durante cinco años.

República Sostenible se compromete a hacer seguimiento público de esa adopción. A publicar, semestre a semestre, cómo evoluciona el score del Perú en cada dimensión del índice. A nombrar qué gobiernos regionales y qué ministerios mejoran y cuáles retroceden. La brújula ya existe. Lo que se necesita ahora es que quien gane en junio decida usarla.