La reciente aprobación en primera votación de la extensión del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) hasta diciembre de 2026 ha encendido las alarmas en la sociedad civil. Diversos especialistas advierten que, de ratificarse esta medida sin una reforma integral, se abrirá la puerta para que el dinero de la minería ilegal se infiltre en los próximos procesos electorales.

Durante el webinar “El REINFO y la extensión de la impunidad”, organizado por el Observatorio de Minería Ilegal y la ONG DAR, Nicolás Zevallos, director del Instituto de Criminología, presentó cifras alarmantes. La producción de oro ilegal en el Perú genera cerca de 4.000 millones de dólares anuales.

“Con ese dinero alcanza para financiar 1.460 campañas presidenciales. Imaginemos que solo se use el 1% de ese monto: ya representa una gigantesca amenaza para el país”, advirtió Zevallos, subrayando el riesgo de captura del poder político por parte de economías delictivas.

La preocupación no solo radica en la fecha límite. Se alertó sobre la intención legislativa de reincorporar al sistema a 50.000 inscritos en el REINFO que habían sido excluidos en julio de este año.

César Ipenza, abogado experto en materia ambiental, recordó que insistir en esta norma contraviene un fallo del Tribunal Constitucional de abril pasado, el cual exhorta a no establecer exenciones de responsabilidad penal bajo la excusa de la formalización. “Esta nueva ampliación genera que el Estado persista en el incumplimiento de sus obligaciones ambientales”, señaló.

Las consecuencias de esta decisión política se sienten en los territorios. Julio Cusurichi, líder de AIDESEP, denunció que la norma pone en mayor riesgo la vida de los defensores ambientales indígenas, mientras que la exministra Paola Bustamante advirtió sobre la exposición de niños y adolescentes a la trata de personas en zonas mineras.

Con la segunda votación pendiente, el Congreso tiene en sus manos la decisión de corregir el rumbo o profundizar una crisis que amenaza la institucionalidad democrática y la biodiversidad del país.

Advierten que extensión del REINFO hasta 2026 financiaría campañas políticas con dinero del oro ilegal

Especialistas alertan que la medida aprobada en primera votación por el Congreso no solo fortalece las redes criminales, sino que busca reincorporar a 50 mil mineros informales previamente excluidos

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En un paso decisivo para la conservación de los bosques tropicales, ayer, 14 de enero, se concretó la instalación formal de la Instancia de Toma de Decisiones del Programa REDD+ Indígena Jurisdiccional. Este espacio marca un hito en la gestión ambiental del país al consolidar una gobernanza compartida entre el Estado peruano y los pueblos originarios para enfrentar la crisis climática desde la Amazonía. La sesión, liderada por la viceministra de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, Romina Caminada, reunió al denominado Grupo Perú de Pueblos Indígenas, conformado por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP) y la Asociación Nacional de Ejecutores de Contratos de Administración de las Reservas Comunales del Perú (ANECAP).

Durante el encuentro, las partes firmaron tres acuerdos fundamentales que establecen la base operativa y dan inicio oficial al Plan de Implementación de esta iniciativa pionera. La instalación de esta instancia responde a los compromisos establecidos en el Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional suscrito entre las partes. El objetivo central de esta alianza es desarrollar de manera conjunta el Programa para que sea registrado bajo el estándar de excelencia ambiental REDD+ (TREES) de la arquitectura ART. Este esfuerzo colaborativo busca crear sinergias en beneficio de las comunidades nativas, centrando sus acciones en zonas de alta cobertura boscosa y baja deforestación.

Según el documento técnico que rige esta alianza, la implementación del programa persigue metas claras como asegurar que la iniciativa cumpla con los estrictos requisitos para validar, verificar y emitir unidades de reducción de emisiones bajo el estándar internacional, alineándose con el marco normativo nacional y el Registro Nacional de Medidas de Mitigación. Asimismo, se busca coordinar el diseño participativo e intercultural de un Mecanismo de Distribución de Beneficios, garantizando que los recursos generados lleguen directamente a las comunidades que conservan el bosque.

El convenio establece que la implementación se realizará con un enfoque intercultural, respetando las estructuras de gobernanza de los pueblos indígenas, sus derechos colectivos y asegurando el cumplimiento de las salvaguardas ambientales y sociales. Además, se incluye el compromiso de crear una cuenta especial para los créditos generados, cuya gestión se realizará conforme a la gobernanza compartida del programa, asegurando la transparencia en el manejo de los fondos climáticos.

La viceministra Caminada destacó que una de las prioridades de esta nueva etapa es asegurar la participación efectiva de todas las comunidades nativas involucradas. Al integrar la investigación científica, el conocimiento ancestral y la normativa internacional, el Programa REDD+ Indígena Jurisdiccional se proyecta como un referente mundial. Esta propuesta no solo busca frenar la deforestación, sino también promover alternativas económicas sostenibles para las comunidades socias, consolidando una acción climática con identidad propia que posiciona al Perú a la vanguardia de la conservación con enfoque de derechos.

Instalan gobernanza compartida entre el Estado y pueblos indígenas para la acción climática

Una nueva oportunidad para el desarrollo sostenible se abre paso en el interior del país con el lanzamiento oficial del concurso "Emprendedores por Naturaleza 2026", en su categoría ACR+. Esta iniciativa, impulsada por Profonanpe en alianza con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), tiene como objetivo principal dinamizar la economía local a través del financiamiento de negocios que operan en armonía con la biodiversidad dentro de las Áreas de Conservación Regional priorizadas.

El concurso forma parte de una estrategia mayor denominada Proyecto ACR+, la cual busca asegurar la sostenibilidad financiera de la gestión de estas áreas protegidas. La convocatoria está dirigida específicamente a emprendimientos ubicados en siete regiones del país: Amazonas, San Martín, Tumbes, Piura, Lambayeque, Tacna y Cusco. A través de este mecanismo, se busca demostrar que la conservación del patrimonio natural no es un obstáculo, sino un motor para el bienestar económico de las comunidades locales.

Para esta edición, se han establecido dos categorías de postulación según la madurez del proyecto, diseñadas para apoyar tanto ideas incipientes como negocios en marcha. La primera fase, denominada "Idea con piloto", está dirigida a iniciativas en etapa inicial que requieren validar su propuesta en el mercado, ofreciendo un financiamiento de hasta 30,000 soles. Por otro lado, la fase de "Validación" está orientada a emprendimientos que ya cuentan con un producto o servicio definido y buscan confirmar su viabilidad a mayor escala, otorgando subvenciones de hasta 60,000 soles.

Las bases del concurso priorizan aquellos modelos de negocio que fomenten el aprovechamiento responsable de los recursos naturales y la participación comunitaria. Entre las actividades elegibles destacan la producción agroecológica, los sistemas agroforestales, el turismo de naturaleza, la artesanía con identidad cultural y el aprovechamiento de recursos no maderables del bosque. Es fundamental que las propuestas demuestren un beneficio directo para las poblaciones locales y contribuyan activamente a la gestión del área protegida.

El proceso de selección será riguroso y buscará equidad geográfica, limitando a tres el número máximo de ganadores por cada Área de Conservación Regional. Las organizaciones interesadas, que pueden ser desde personas naturales con negocio hasta asociaciones civiles y comunidades nativas, tienen plazo para presentar sus propuestas a través de la plataforma digital habilitada hasta el 10 de marzo de 2026. Los ganadores serán anunciados el 17 de abril del mismo año, tras superar las etapas de evaluación de elegibilidad y revisión técnica.

Este esfuerzo conjunto entre el Estado y la cooperación privada representa un paso clave para consolidar a las Áreas de Conservación Regional como polos de desarrollo económico. Al inyectar capital semilla y recursos de validación, se espera no solo fortalecer la estructura comercial de los bionegocios, sino también garantizar que los guardianes de estos ecosistemas encuentren en la sostenibilidad una fuente digna y rentable de vida.

Lanzan fondo para financiar emprendimientos en Áreas de Conservación Regional

A lo largo de 2025, se retiraron más de 25 millones de kilos (25 mil toneladas) de residuos plásticos de los océanos, informó la ONG neerlandesa The Ocean Cleanup, a cargo de las labores.

Así, la cantidad recolectada se suma a los más de 45 millones de kilos recogidos desde el inicio de operaciones, señaló la organización cuidadora del medioambiente.

La cifra representa un cambio de escala significativo en un ámbito donde los resultados suelen ser modestos y dispersos. Sin embargo, también dimensiona el verdadero tamaño del problema.

El año pasado, la organización neerlandesa concentró sus esfuerzos en una premisa técnica clara que cambió y mejoró su enfoque en cuanto a la limpieza de océanos.

Según una investigación divulgada por The Ocean Cleanup y publicada en Science Advances, 1000 ríos concentran casi el 80% de las emisiones globales de residuos plástico transportados hacia el océano.

Esta proporción equivale a alrededor del 1% de los cursos fluviales del planeta.

Estos datos son clave para el despliegue que realiza la ONG de interceptores fluviales, dispositivos diseñados para capturar residuos antes de que alcancen la desembocadura.

La limpieza de océanos se complementa así con acciones preventivas en entornos acuáticos continentales.

En esta línea, The Ocean Cleanup destacó en su balance anual que este récord fue resultado de «años de investigación, toma de decisiones basada en datos y compromiso con la implementación de soluciones responsables adaptadas a contextos locales».

Los 45 millones de kilogramos de plástico retirados de los océanos durante las limpiezas equivalen a 45.000 toneladas, una cantidad impresionante en términos operativos. Sin embargo, el dato palidece frente a los millones de toneladas que siguen entrando al océano cada año, según estimaciones de Naciones Unidas.

Por ello, aunque la limpieza de océanos que realiza la entidad representa una pieza útil del rompecabezas, no sustituye las políticas de prevención necesarias.

La reducción del flujo de residuos plásticos a nivel global exige el rediseño de envases, mejoras en los programas de recogida y tratamiento de residuos, y un mejor control del vertido.

Actualmente, solo una fracción del plástico se recicla, mientras la mayor parte se acumula en vertederos o se filtra al medio natural, con efectos persistentes y fragmentación en microplásticos.

La ambición oficial de The Ocean Cleanup es eliminar el 90% del plástico flotante del océano para 2040. Para ello, la organización anunció en la Conferencia de Océanos de las Naciones Unidas, realizada en Niza, el lanzamiento del Programa de 30 Ciudades.

Esta iniciativa apunta a abordar hasta un tercio de toda la contaminación plástica que ingresa al océano desde algunas de las áreas urbanas más contaminantes del mundo.

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Advierten que extensión del REINFO hasta 2026 financiaría campañas políticas con dinero del oro ilegal