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Polinizadores como la abejas son determinantes para la el bienestar mundial.
Costa Rica prohíbe el fipronil para proteger abejas y conservar la biodiversidad
Decisión del país centroamericano se basa en estudios que muestran los graves daños causados por el fipronil en colmenas
El Gobierno de Costa Rica dio un paso significativo en la protección de sus ecosistemas al prohibir uso de insecticida que contengan fipronil, una sustancia reconocida por su alta toxicidad para las abejas y otros polinizadores cruciales.
Resolución judicial y sus implicaciones
Esta medida ha sido impulsada por una resolución de la Sala Constitucional, que ha ordenado la retirada inmediata de estos productos del mercado. La decisión se basa en estudios que muestran los graves daños causados por el fipronil en colmenas y su contribución a la disminución de la biodiversidad, además de los riesgos potenciales para la salud humana.
El fallo judicial subraya la importancia de proteger un entorno sano y seguro, considerando que el uso intensivo de estos pesticidas ha resultado en la desaparición de numerosas colonias de abejas.
Impacto en los apicultores
La denuncia inicial provino de apicultores de Lepanto, Puntarenas, quienes alertaron sobre la drástica reducción en la población de abejas tras fumigaciones agrícolas masivas en las cercanías. Según sus testimonios, se ha observado una caída del 70% en las poblaciones de abejas, lo que pone en peligro la seguridad alimentaria debido a la dependencia de numerosos cultivos en la polinización efectiva.
El Gobierno costarricense ya había comenzado a abordar este problema mediante un decreto que planeaba la eliminación del fipronil en un plazo de 24 meses. Sin embargo, la reciente resolución judicial endurece esta estrategia, exigiendo la retirada absoluta de estos insecticidas en todas las etapas, desde el registro hasta su uso en los campos.
Papel de la justicia en la protección ambiental
Este precedente legal destaca el papel fundamental de la justicia en la protección ambiental, especialmente en un contexto global donde la revisión del uso de pesticidas es cada vez más común.
La medida no solo se centra en el bienestar de los polinizadores, sino también en salvaguardar la salud humana y la biodiversidad más amplia. Las abejas son esenciales para el proceso de polinización, y su declive podría tener consecuencias catastróficas para la producción agrícola.
La protección de estos insectos se considera una prioridad estratégica en el ámbito internacional, y la acción de Costa Rica podría inspirar a otros países a adoptar medidas similares.
En conclusión, la prohibición del fipronil en Costa Rica refuerza la urgencia de proteger los polinizadores y de garantizar el derecho a un ambiente sano. Esta medida establece un precedente crucial y subraya la necesidad de una revisión crítica de los productos químicos utilizados en la agricultura.
Como se sabe, la Sala Constitucional de Costa Rica declaró con lugar un recurso de amparo presentado por apicultores y meliponicultores de la localidad de Lepanto, provincia de Puntarenas (oeste) que denunciaron que desde el 2024 observaron afectaciones severas en 300 colmenas de abejas, la pérdida de 24 colonias y una reducción del 70% en la población de abejas, lo que atribuyeron a la intensificación en el uso de insecticidas en plantaciones de mango cercanas.
Antecedentes
La Sala Constitucional tomó en cuenta informes de laboratorio de las autoridades que detectaron la presencia del fipronil en muestras de abejas afectadas, así como un estudio de científicos de la Universidad Nacional que identificó la presencia de la sustancia en niveles superiores a los considerados letales; y criterios técnicos de los expertos de la Universidad de Costa Rica que documentaron la toxicidad del fipronil para abejas y otros polinizadores.
"El Tribunal Constitucional tuvo por acreditada la existencia de una afectación a las poblaciones de abejas en la zona de Lepanto y concluyó que se configura una transgresión al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado", detalló el fallo.
El pasado 27 de marzo, el Ministerio de Agricultura y Ganadería costarricense anunció la firma de un decreto para la eliminación progresiva del fipronil en un plazo de 24 meses "ante los riesgos comprobados a la salud, el ambiente y los polinizadores".
Según el Gobierno, el decreto "define un proceso regulado y gradual que ordena el retiro de este plaguicida en todas las etapas de su ciclo: registro, importación, fabricación, comercialización y uso, garantizando condiciones claras para el sector productivo y una transición predecible".
En su resolución, celebrada por ecologistas, especialistas y productores, la Sala Constitucional indicó que el retiro del químico deberá hacerse "de conformidad con los criterios técnicos establecidos en el decreto" y "dejándose claro que la prohibición del insecticida fipronil es absoluta".
