Ley de Glaciares: argentinos protestan por modificatoria de la norma

Organizaciones sociales, científicas y ambientales de Argentina salieron a las calles para protestar contra la reforma de la nueva Ley de Glaciares, que abre la posibilidad de realizar actividades extractivas en espacios naturales.

Distintas ONG comenzaron a intensificar campañas para reunir adhesiones. De este modo, buscan impulsar un amparo judicial que declare la inconstitucionalidad de la reforma. Al mismo tiempo, el debate se trasladó a la esfera pública. Así, el tema de la protección de las reservas de agua dulce volvió a ocupar un lugar central en la agenda nacional.

Reforma de Ley de Glaciares

La normativa sancionada el 9 de abril modifica aspectos clave del régimen de protección de glaciares y ambientes periglaciares. Por lo tanto, redefine los límites de las áreas protegidas. Además, introduce cambios que podrían habilitar actividades previamente restringidas. En ese sentido, sectores críticos advierten sobre un posible retroceso en los estándares ambientales.

A su vez, el proceso legislativo estuvo atravesado por debates intensos. En consecuencia, la aprobación dejó expuestas tensiones entre desarrollo económico y preservación de recursos naturales.

Frente a este escenario, organizaciones como Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y Greenpeace articularon una estrategia conjunta. En paralelo, asambleas ciudadanas y colectivos territoriales se sumaron al reclamo. De este modo, se consolidó una red de participación activa en defensa del ambiente.

Como resultado, cerca de 900.000 personas respaldaron con su firma la iniciativa. Por consiguiente, se prevé que en las próximas semanas se formalice una demanda colectiva ante la Justicia.

Conflicto va más allá de lo jurídico

El debate en torno a la Ley de Glaciares no se limita al plano legal. Por el contrario, refleja una discusión más profunda sobre el modelo de desarrollo. En efecto, los glaciares cumplen un rol esencial como reservas estratégicas de agua dulce. Por ello, su protección se vincula directamente con la seguridad hídrica.

Finalmente, el avance de acciones judiciales y la movilización social anticipan un escenario de definición. Mientras tanto, la tensión entre producción y conservación continúa marcando el rumbo del debate ambiental en Argentina.

El presidente de Argentina, Javier Milei, promulgó una reforma a la ley de glaciares aprobada por el Parlamento, que permite proyectos mineros en áreas cercanas a los campos de hielo.

Con la publicación en el Boletín Oficial del decreto de promulgación, la norma aprobada por el Congreso el 9 de abril entró en vigor este viernes.

La nueva ley de glaciares, cuyo debate fue impulsado por el Gobierno, otorga a las provincias la potestad de determinar las zonas periglaciales, cercanas a los glaciares, en las que se pueden permitir actividades mineras.

Gobierno defiende modificatoria de la ley

La norma modifica la Ley de Glaciares aprobada en 2010 en Argentina, pionera en Latinoamérica, que establece la protección de los glaciares y del ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua.

El Gobierno de Argentina afirmó que esta modificación a la Ley de Glaciares era necesaria para contribuir al desarrollo económico del país a través del impulso a la minería, sector que actualmente registra fuertes inversiones, principalmente en litio, cobre y oro.

Las empresas mineras sostienen que no todos los ambientes periglaciales constituyen "reservas estratégicas de recursos hídricos" que deban ser protegidas y que una evaluación, caso por caso, por parte de las provincias podría habilitar proyectos productivos en áreas cercanas a los glaciares "sin función hídrica relevante".

La discusión de esta ley desató una fuerte reacción de rechazo entre organizaciones ambientalistas, que advierten que están en juego importantes reservas de agua y que no se puede permitir que los intereses de empresas privadas se sobrepongan a los derechos colectivos a un ambiente sano, consagrados en la Constitución nacional de Argentina.

En Argentina no existe un registro nacional de proyectos mineros en ambientes glaciales y periglaciales, pero los ambientalistas coinciden en que muchas áreas de concesión minera afectan o pueden afectar los glaciares y sus zonas adyacentes.

Como se sabe, la reforma de la Ley de Glaciares generó rechazo en comunidades ambientalistas y ecologistas más allá de las fronteras de Argentina y, aseguran, podría provocar la devastación de extensas áreas de espacios naturales, un fenómeno irreversible.