


Años tras año, diversos municipios del país cierran sus periodos fiscales con altos niveles de recursos sin ejecutar destinados a obras públicas. Según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), incluso gobiernos locales con elevados ingresos por canon y sobrecanon minero mantienen proyectos paralizados o sin iniciar, pese a contar con financiamiento aprobado.
El Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) sostiene que este problema responde principalmente a debilidades técnicas en la formulación y ejecución de proyectos, más que a una falta de presupuesto.
De acuerdo con el análisis del CIP, una de las principales causas de la baja ejecución presupuestal es la limitada preparación de los equipos municipales para gestionar proyectos de inversión pública bajo los procedimientos del sistema Invierte.pe.
Entre los errores más frecuentes se encuentran expedientes técnicos incompletos, cronogramas poco realistas, retrasos en los procesos de contratación y deficiente evaluación de riesgos, lo que termina generando paralizaciones o postergaciones prolongadas.
Los proyectos que más se repiten entre los no ejecutados corresponden a infraestructura vial de integración regional, sistemas de agua potable y saneamiento urbano, así como establecimientos de atención primaria de salud.
Estas inversiones buscan reducir brechas en servicios básicos, pero permanecen inconclusas en varias regiones, afectando directamente a la población y a la competitividad económica local.
Ante este escenario, el Colegio de Ingenieros del Perú presentó una hoja de ruta dirigida a los alcaldes que asumirán funciones en el periodo 2027–2030. Las recomendaciones apuntan a fortalecer la planificación estratégica, mejorar la gestión de proyectos y cumplir de manera estricta los procedimientos establecidos por la Ley de Contrataciones del Estado.
Asimismo, se propone implementar herramientas digitales de seguimiento de obras y sistemas de control interno que permitan identificar retrasos a tiempo y reducir el riesgo de paralización.
El gremio de ingenieros advirtió que la presión política y la falta de supervisión técnica adecuada también influyen en el bajo desempeño de los proyectos públicos. Por ello, plantea reforzar la transparencia en los procesos de contratación y promover alianzas con universidades y organizaciones civiles para fortalecer la vigilancia ciudadana del gasto público.
La baja ejecución presupuestal no solo retrasa obras, sino que limita el desarrollo regional y la mejora de servicios esenciales como salud, agua y transporte. Para los especialistas, el reto es lograr que los recursos asignados se conviertan en proyectos terminados y funcionales que generen beneficios económicos y sociales sostenibles.
Mientras millones de soles permanecen inmovilizados en las cuentas municipales, persisten brechas de infraestructura que afectan directamente la calidad de vida de la población.



